Autoridades médicas de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N.° 3 de Villa Griselda, La Banda, en Santiago del Estero, le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a una nena de 12 años que quedó embarazada luego de una violación. Aseguran que nunca le brindaron consejería en derechos sexuales y reproductivos; tampoco le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva, contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial.

El 2 de abril, en la provincia que se prepara para recibir mañana al presidente Alberto Fernández, la niña, acompañada por su mamá, fue a atenderse por dolores abdominales. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otra unidad sanitaria porque no tenían equipamiento. Finalmente, se la hicieron el 6 de abril en el ecógrafo del barrio Misky Mayu y dio una edad gestacional de 20 semanas. Ambas regresaron a la UPA de Villa Griselda y, según Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos, ni le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva, contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).

La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N.° 3 de Villa Griselda, demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.

La consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos. 

El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril, pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. En ese paper, informa que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Más adelante, detalla: “Con antecedente de trasgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trata como una mujer embarazada más, aunque se aclara: “Ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2”. 

Cuando el informe ingresó al Ministerio, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo que dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, para que la atendiera un equipo especializado.

El 7 de mayo, la niña fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarse los estudios necesarios. Con sorpresa, se descubrió y constató que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. La mamá, al día siguiente, dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, y firmó el alta voluntaria de su hija.

El caso generó gran revuelo en el Ministerio de Salud provincial. El miércoles 13 se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia, que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Sin embargo, un alto funcionario de Maternidad e Infancia se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva le dijeron que no era apropiada la práctica. La versión que dieron a Página/12 desde ese Programa fue distinta, ya que aseguran que no fue esa la respuesta.

El 14 de mayo, una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades que se habrían cometido en la atención de María. Recomendaron dar intervención a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que adopten las medidas de protección para garantizar la preservación y restitución del ejercicio de los derechos “extremadamente vulnerados” de la niña.

La nena a la que se le vulneraron los derechos trabaja como cartonera y, tal como consta en su legajo del sistema de protección de niñez, su vida está atravesada por la violencia sexual desde pequeña: figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017, y la mayor parte de su vida la pasó en instituciones, alejada de su familia. Vive junto a su mamá, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años en condiciones de hacinamiento, en una habitación que alquilan en un barrio humilde en las afueras de La Banda.

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