El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso durante esta jornada, la prórroga de la prisión preventiva por 8 meses al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero.  Los jueces del tribunal consideran que permanecen vigentes los riesgos procesales que implicarían su libertad.

La medida fue dictada ante el cumplimiento de tres años privado de la libertad (desde abril de 2016), plazo que establece el Código Procesal Penal para continuar detenido sin condena. La decisión del tribunal se basó en considerar que se está tratando con un caso complejo, ya que Lázaro Báez posee vínculos económicos e influencias que podrían entorpecer la causa.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Guillermo Costable, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti entendieron que los ochos meses de prórroga es un lapso prudencial que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado.

Desde la defensa se planteaba el cese de la prisión preventiva para Báez porque se había cumplido con la fecha límite que impone la ley (dos años más la prórroga de otro). Además, consideraban que era víctima de “linchamientos mediáticos, persecuciones políticas y encarcelamiento de militantes y amigos”.

Sin embargo, el fiscal Abel Córdoba consideró que debe continuar detenido hasta que finalice el juicio porque persisten irregularidades y riesgo de fuga por parte del imputado. Córdoba indicó que se detectaron recientemente anomalías en la intervención de la empresa Austral Agro S.A., desde la cual se intentó vender ganado a pesar de la inhibición judicial, y hubo movimientos de fondos irregulares.

El expediente que complica a Lázaro Báez y a sus cuatro hijos los acusa de integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad. Según contabilizó el juzgado, hubo maniobras de lavado por 60 millones de dólares, sumado a más de 420 propiedades que poseen un valor superior a los 2.547 millones de pesos.