A sólo cinco días de las elecciones presidenciales, las diputadas nacionales del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich denunciaron ante la Justicia “espionaje ilegal” sobre reconocidos políticos, periodistas, jueces, gremialistas y artistas por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Las denuncias fueron presentadas ante el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Emiliano Canicoba Corral (h) y el fiscal Rodolfo Domínguez, y en los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, que por sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello, respectivamente.

Según las legisladoras macristas, “se estuvo y se está realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras”. Ese espionaje interno se estaría realizando sobre quienes “mantienen posiciones críticas o independientes al Gobierno nacional, y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones”, por lo cual se exigieron allanamientos en dos domicilios. Junto a la denuncia se adjuntó una lista de los espiados por los servicios de inteligencia del Estado, con sus nombres, apellidos, documentos, fechas de nacimiento y los motivos de la intervención de los teléfonos.

Entre los políticos escuchados, además de Bullrich y Alonso, se destacan todos los candidatos presidenciales de la oposición: Mauricio Macri (PRO), Sergio Massa (Frente Renovador), Margarita Stolbizer (GEN), Nicolás Del Caño (FIT) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal). También figuran, entre otros, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Alberto Fernández, Ricardo Gil Lavedra, Federico Pinedo, Sergio Bergman, Graciela Ocaña, Felipe Solá y Rubén “Pollo” Sobrero.

En el grupo de los periodistas vigilados se encuentran Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Héctor Magnetto, Edgardo Alfano, Santo Biasatti, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, María Laura Santillán, Nicolás Wiñaski y Mariano Grondona. También Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Diego Leuco, Luis Majul, Jorge Rial, Ernesto Tenembaun, Gerardo Young, Héctor Aranda, Juan Carlos Rendo y Lucio Pagliaro.

A su vez, también se encuentran los integrantes de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Maqueda y Carlos Fayt (quien renunció), además del exjefe del Ejército, César Milani, conjueces, jueces federales, artistas y gremialistas, como Hugo Moyano (CGT).

“Esto demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje y que fue la propia presidenta a través de Parrilli la que habría ordenado que se viole la Constitución espiando a la Corte Suprema, jueces federales, candidatos opositores, periodistas y personalidades que han expresado su disconformidad con acciones del gobierno”, advirtió Alonso. Y agregó: “Es un claro atentado contra el orden constitucional que la SIDE, ahora llamada AFI y los servicios de inteligencia del Estado persisten en violar derechos y garantías como la libertad de expresión y la privacidad”.

Por su parte, Bullrich aseguró que “el seguimiento a ciudadanos, periodistas, jueces, políticos, e intelectuales es un paso más de los aparatos de inteligencia y control sobre todo aquel que piensa distinto y sobre los temas que le arden en la mano al gobierno, como el caso Nisman”. “Este sistema de ultracontrol que el gobierno envió para que las escuchas quedaran todas bajo la órbita de Alejandra Gils Carbó y el aparato de inteligencia del Ejército, su funcionamiento, nos hace recordar al período más oscuro de la Argentina”, concluyó.