Las tarifas de servicios públicos, sumergidas en la incertidumbre

Aumento o subsidio. Esta parece ser la contradicción en la que se encuentra empantanado el gobierno a poco menos de un año de las elecciones. Es que en medio de las revisiones de tarifas de los principales servicios públicos como la electricidad y el transporte, el gobernador salió a negar que autorizaría subas. Esto, a pesar de que los cálculos ya estaban a su firma.

El contexto inflacionario y la pérdida de empleo son señalados como las causas principales de este cambio de rumbo.

Así, las audiencias públicas para fijar incrementos en el servicio eléctrico y el transporte quedaron sumergidas en la incertidumbre. La primera fue pospuesta para el año que viene, a pesar de que la fecha original era a fines de noviembre. La segunda ya fue convocada por los medios y bajo el título de "revisión tarifaria", pero al parecer tampoco contemplará un nuevo cuadro de precios. Lo cierto es que habrá que esperar hasta el 27 de noviembre para conocer el valor del boleto de colectivo.

Energía congelada

Las 11 distribuidoras están presionando por aumento de tarifas desde principios de año. El gobierno se sumó al acuerdo nacional de Convergencia Tarifaria, mediante el cual dejó congeladas las tarifas hasta el 31 de diciembre. A cambio, las distribuidoras están recibiendo desembolsos en cuotas que sumarán 200 millones de pesos para concretar obras. La primera de estas remesas ya fue cobrada. Ahora el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre) está relevando el cumplimiento de esos compromisos para enviar a Nación y que esta remita a la provincia el monto de la segunda cuota.

En medio del congelamiento, las 11 distribuidoras se presentaron a la Justicia con pedidos de inconstitucionalidad de la medida nacional a la cual adhirió el gobernador. Si esta medida resulta favorable a las empresas, estas podrían en el futuro reclamar un resarcimiento por la decisión de mantener las tarifas congeladas en 2014.

En medio de la convergencia, las distribuidoras elevaron su propio estudio de costos al gobierno y pidieron un incremento del Valor Agregado de Distribución del 120 por ciento, lo que impactaría en la tarifa en el 60 por ciento. Una decena de reuniones entre las autoridades de la Subsecretaría de Servicios Públicos, el Epre y las distribuidoras concluyeron en un pedido más moderado que iba a ser elevado al gobernador y que este debía ratificar o reformular para poder someterlo a la audiencia pública. Se trataba de un aumento del 35 por ciento que se iba a implementar en 2015 de manera escalonada a partir de enero.

Al parecer, el aumento quedará suspendido. Patricia Martínez, subsecretaria de Servicios Públicos, sostuvo que el Gobierno estaba abocado a la revisión de las obras que las distribuidoras debían concretar para cumplir con el programa de Convergencia Tarifaria y negó que hubiera fecha estipulada para una audiencia pública.

“Las circunstancias políticas y macroeconómicas nos llevan a trabajar en el cumplimiento del acuerdo con Nación y hasta el 31 de diciembre no habrá datos de nuevas tarifas”, sostuvo la funcionaria.

Lo concreto es que las empresas dicen que no han sido notificadas y que no soportarán un nuevo congelamiento en 2015. Desde el Gobierno nadie ratifica si esta medida fue indicada por el Gobierno nacional o fue el propio gobernador quien tomó la decisión. Tampoco confirmaron si sería subsidiado el servicio a través de una inyección mayor en el Fondo Compensador de Tarifas.

Boleto incierto

El caso del boleto de transporte también quedó en medio de la incertidumbre. Es que el Gobierno planea una reforma integral por el vencimiento de los contratos de concesión, que se concretará en 2015. La reforma incluye recorridos, paradas, cantidad de unidades y otras cuestiones no menores. Pero la audiencia pública que ya fue convocada por los medios establecía una revisión tarifaria. El boleto en Mendoza cuesta 3,50 pesos, hasta dos pesos menos que en la mayoría de las provincias comparadas en superficie y habitantes. Así, en Córdoba cuesta 5,20 ,mientras que Rosario lo tienen a 4,30.

Oscar Razquin, secretario general de Autam, recordó que el Gobierno les debía a los empresarios 60 millones de pesos y, como el pago vigente seguía siendo por kilómetro recorrido, si el Gobierno tomara la decisión de no incrementar tarifas debería aumentar sus desembolsos, o sea, los subsidios que pagaba para sostener el sistema.

El empresario afirmó que, a pesar del incremento que se dio en enero y que alcanzó el 40 por ciento, el boleto en Mendoza seguía siendo uno de los más bajos del país. Además aclaró que las empresas habían recibido un incremento del 25 por ciento en junio y que este no alcanzaba a cubrir los costos. Para esto se amparaba en los incrementos que sufrieron el gasoil, las cubiertas y los repuestos de los vehículos.

Lo cierto es que, sobre este tema, el Gobernador fue quien cambió las reglas de juego a último momento. La audiencia pública para revisar tarifas estaba convocada y precisamente bajo este lema. Sin embargo, según dijo Francisco Pérez, este lunes no será para aumentar el boleto.

Desde el Ministerio de Transporte no quisieron brindar detalles de la decisión oficial. Una de las opciones era que Pérez hubiera decidido incrementar aún más los abultados subsidios que otorgaba a los empresarios del transporte, pero nada de esto fue confirmado por esta cartera.

Agua y aumentos, sin audiencia

Otro de los servicios que está en la picota, en especial de las organizaciones protectoras de consumidores, es el del agua potable y las cloacas.

El último incremento tarifario en el servicio de agua potable se anunció en agosto. Según el titular de la empresa reestatizada, Guillermo Amstutz, con esta suba la empresa podría entrar en equilibrio operativo a partir del próximo mes, que es cuando ingresarían los incrementos completos a las cuentas de Aguas Mendocinas.

El aumento fue del 35 por ciento a partir del 1.º de septiembre y se sumará otro, del 5,62 por ciento, a partir del 1.º de diciembre. Además, Pérez le dio a la reestatizada nada menos que 76 millones de pesos en subsidios a través del presupuesto 2014.

Con este aumento, la tarifa básica que estaba en  87,92 pesos, pasó a 118,70 pesos en septiembre y a 123,64 pesos en diciembre. Quienes tenían servicio medido pagaban hasta agosto 3,47 pesos el metro cúbico y pasaron a cancelar 4,66 pesos en septiembre y 4,87 pesos en diciembre.

El cargo de conexión pasó de 82,63 pesos a 111,56 pesos en septiembre y a 116,20 pesos en diciembre. El mismo no fue sometido a revisión a través de audiencia pública porque se trataba de una empresa declarada en emergencia por el gobierno provincial. Esto permite a la empresa Aguas Mendocinas aplicar los incrementos sin necesidad de someterlos a ese proceso de revisión.

Por este motivo, la organización de Defensa del Consumidor Protectora elevó un reclamo formal al Ente Provincial de Aguas, Epas, mediante el cual pidieron que se diera marcha atrás con los aumentos y que se sometieran a discusión. Lo que concretamente estaban pidiendo era que cada aumento de la empresa se remitiera a revisión en audiencia pública, tal como ya ocurría con la mayoría de los servicios públicos. Mario Vadillo, de la ONG Protectora, se queja porque desde hace tres años el Poder Ejecutivo declara a la empresa en crisis y esto lo autoriza a sumar aumentos cuando quiere, sin revisión.

Javier Montoro, titular del Ente Provincial de Aguas (Epas), sostiene que aún no ha respondido el requerimiento de la organización pero que lo hará tras un pedido elevado a Personas Jurídicas. Lo que sí recordó fue que la firma se encontraba en período de convergencia tarifaria hasta 2016 y en emergencia operativa, por lo que el Ejecutivo no debía consultar más que los informes del ente regulador antes de pedir un aumento.

El gas, suspendido

El aumento del gas se encuentra frenado desde junio, tras una medida judicial dictada por el Juzgado Dos de la provincia que frenó la medida para los bimestres de junio-julio y agosto-septiembre. Lo único que se aplicó fue la primera cuota.

El fallo fue dictado por la magistrada Olga Pura Arrabal, y beneficia a unos 520 mil usuarios de Ecogas. El fallo abarca departamentos del Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco. 

La medida dispone que se mantengan los cuadros tarifarios al 1.º de abril y que, por otra parte, los usuarios que abonaron las facturas correspondientes al bimestre de junio-julio podrán pedir el reintegro de la diferencia. No rige ese beneficio para los que ya pagaron las facturas con incrementos de abril-mayo.

Esta medida rige para toda Mendoza, pero en el sur provincial se aplicó una medida más extensiva porque la Justicia Federal se pronunció a favor de una medida cautelar similar, que logró frenar los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de General Alvear y San Rafael. Así, quedan exceptuados de pagar facturas con base en los nuevos cuadros, en algunos casos y según la categoría con alzas de más de 100 por ciento por metro cúbico.

Futuro incierto

Con este escenario, Pérez ingresará a su último año de gobierno. Si bien el contexto inflacionario obligó al gobernador a dar marcha atrás con los principales aumentos, lo que no se sabe y nadie se anima a confirmar en su círculo más íntimo es cómo se financiarán esos incrementos de costos, en especial para los servicios eléctricos y de transporte, cuyos congelamientos obligarían a desembolsar millonarias sumas a las que el Gobierno provincial no estaría en condiciones de hacer frente. La segunda posibilidad es que el gobierno nacional esté pensando en un nuevo programa de Convergencia Tarifaria, algo que los empresarios del sector eléctrico rechazarán de plano e incluso, advierten, evaluarán llevarlo a la Justicia.