El devenir de la crisis cambiaria y el retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI) obligará en los próximos meses a un esfuerzo lingüístico para que los argentinos vuelvan a incorporar a su vocabulario una serie de términos que habían quedado en el olvido. Los memoriosos quizás se familiaricen antes con un racimo de conceptos que suelen estar relacionados a malos momentos del país en décadas como las de los 80, los 90 y el principio de este siglo, aunque el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desmienta que la historia se repita siempre y que los argentinos estén condenados a revivir los sucesos.

La palabra sobresaliente del nuevo glosario económico para entender los próximos meses es, justamente, la sigla FMI, que se colará capilarmente en tapas de diarios, páginas web, redes sociales, programas de televisión y, si se repite esa parte de la historia de 2001, charlas de café. En el imaginario argentino, el término FMI se asocia a una entidad que impone condiciones sobre el manejo de la economía en sentido amplio como regla para prestar una suma millonaria que puede tornarse impagable.

Los gestores de la entidad, sin embargo, tienen una mirada mucho más amistosa de sí mismos. Se observan como los dueños de un sello capaz de girar divisas a países en crisis de manera que tengan el colchón de recursos necesarios para avanzar en reformas que les permitan atender los factores que los condujeron al atolladero sin llegar a la disgregación social.

Los argentinos deberíamos incorporar otro término que genera fastidio, pero a la vez es necesario para la comprensión de las cosas. Se trata de las denominadas reformas estructurales. Está atado a lo anterior. Según el criterio del FMI, no sirve de nada prestar divisas si no se cambian las condiciones que llevaron al problema, algo que es mucho más fácil decir que llevar a la práctica. Por caso, esos reclamos pueden implicar desde la fijación de un límite a la emisión de moneda hasta la promoción de normas polémicas, como una ley laboral que a principios de este año trastabilló mientras caía la imagen pública del presidente Mauricio Macri, o un cambio en la fórmula de las jubilaciones.

Metas y revisiones son dos términos que quienes crecieron en los 80 y 90 recordarán fácilmente. En el primer caso, se trata de cifras concretas que se estipulan como el objetivo a cumplir por el país, como la reducción del déficit fiscal, mientras que las segundas (pueden ser trimestrales) sirven para corroborar las metas. Constituyen la principal molestia política para el Gobierno, que varias veces en el año recibirá a una misión de técnicos que dictaminarán si Macri hizo bien las cosas. De ellos dependerá, por ejemplo, la marcha del denominado Riesgo País, otra expresión que posiblemente vuelva a estar en boca de más personas.

El glosario urgente de la economía argentina se completa con otros términos más complejos: balanza de pagos, cuota y stand by. El último es el nombre del préstamo que pidió la Argentina. Es la herramienta más vieja del organismo, creada casi durante su nacimiento, en 1952. A diferencia de lo que ocurrió en los 90, a fines de la década pasada fueron reformulados y parecen más flexibles en sus ambiciones de reformas.

La cuota es el porcentaje de participación que un país tiene en el FMI y determina el monto que obtendrá en el préstamo. En el caso de la Argentina, representa unos USD 4500 millones. La cuota más grande la tiene Estados Unidos. Esos números muestran también cuál es el peso de cada nación el organismo y sugieren los huecos por donde puede entrar la política.

La balanza de pagos, menos conocida por el hombre de a pie, es según los economistas la radiografía en la que se pueden ver los males argentinos. Allí se registran las transacciones monetarias del país con el resto del mundo. Cuando está en rojo –la salida de divisas es mayor a su ingreso– es sinónimo de malas noticias.