La retórica de la ampliación de derechos en base a reconocimientos ciudadanos, y las políticas sociales de redistribución basadas en la lógica del mercado dirigidas a la mujeres, son dos procesos paralelos y contradictorios de la relación entre el rol del Estado y las políticas públicas para las mujeres que advierte la socióloga Claudia Anzorena en su nueva obra.

Mujeres en la trama del Estado. Una lectura feminista de las políticas públicas fue presentado en la Universidad Nacional del Cuyo el último miércoles de agosto. Editado por EDIUNC y perteneciente a la colección Indagaciones, el libro es producto de una larga investigación que desembocó en la tesis doctoral en Ciencias Sociales de la autora, y que continuó un tiempo más.

Se concentra en dos experiencias propias que sostuvo el gobierno de Mendoza desde el retorno de la democracia en adelante: el área institucional de políticas dirigidas a promover los derechos de las mujeres en la provincia y el “Plan Jefas de Hogar Desocupadas”, un programa social nacional con particularidades a nivel local en su implementación.

Para Anzorena, el combate contra la subordinación de las mujeres necesita de una política feminista que combine políticas de redistribución y  políticas de reconocimiento.




El libro es producto de tu tesis doctoral pero tu investigación en políticas públicas de género comenzó mucho antes. ¿Qué te llevó a indagar el tema?

Lo abordo desde el año 2000, cuando empezamos a trabajar con la colectiva “Las Juanas y las Otras”. En ese tiempo dábamos talleres sobre derechos de las mujeres en diferentes espacios. La intención era instalar el tema en la esfera pública haciendo hincapié en los derechos sexuales y reproductivos, y en la violencia de género.

Es ahí cuando me sumo al equipo de investigación de Alejandra Ciriza, que estaba indagando el tema de la ciudadanía de las mujeres. Allí observábamos que las políticas públicas eran una especie de nexo entre la ciudadanía y el Estado, a la vez que analizábamos el cumplimiento de los gobiernos a los exhortos de las últimas Conferencias Mundiales Sobre la Mujer.

En 2002 me gradúo de la carrera de Sociología y en 2009 me doctoro en Ciencias Sociales. La especialización en género y políticas públicas ha sido una constante.

Tu propósito con este trabajo era analizar la relación entre el Estado y las mujeres. ¿Qué observaste de este vínculo en los distintos momentos que tuvo el país a partir de la recuperación de la democracia?

Hay que destacar que con la recuperación democrática las mujeres argentinas tuvieron una participación muy importante con todo lo que había sido la resistencia a la dictadura: Las Madres de Plaza de Mayo habían ocupado el espacio público. Además el 8 de marzo de 1984 se conmemoró en el país el primer “Día Internacional de la Mujer” en democracia.

A mediados de los 80 el Estado argentino, a través de una serie de leyes y del reconocimiento de demandas del movimiento de mujeres como legítimas –Ley de Divorcio, Patria Potestad Compartida– comienza a entenderlas como sujetas de derechos. 

En esta década surgen, como respuesta a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en el marco de la Conferencia de Nairobi de 1985, los organismos “mujer” en los distintos gobiernos provinciales; es decir, las áreas dedicadas a tratar sus problemáticas. En Mendoza se crea en 1988.

En la década de los 90 hay pocos avances y mayores retrocesos en el tema. Esta época, signada por el menemismo y la profundización del neoliberalismo, había empobrecido tanto a la población que comienzan a surgir políticas compensatorias, es decir, paliativas de la pobreza. Eran políticas que también se dirigían a las mujeres, pero ya no como ciudadanas sino como administradoras.

Es allí cuando empiezo a ver que se daba esta relación entre Estado y mujeres pero que de manera fragmentada: por un lado se encontraban las políticas de género, de promoción de derechos y ciudadanías. Por otro, las políticas distributivas y sociales.

¿Y cuál es la tensión que advertís en esa fragmentación entre políticas de género y políticas sociales?

El mayor interrogante para mí era por qué no existía un nexo entre ambas. Hay que pensar que no es casual que siempre las mujeres sean la población más pobre entre las y los pobres. Esto lo dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y todos los organismos de desarrollo.

En Argentina, para finales de los 90, las mujeres quedaron ubicadas como las grandes perdedoras del neoliberalismo. Otra cuestión era el aumento de los hogares de jefatura femenina; esos hogares son los que caen más fácilmente en las líneas de pobreza en momentos de crisis.

Esa era la tensión que observaba: estábamos en un momento donde se había dado una importante ampliación de derechos pero, por otro lado, de precarización absoluta, y las mujeres eran tomadas por el Estado como destinatarias de estos dos tipos de políticas pero sin una perspectiva integral.

Otra experiencia que analizás en profundidad en el libro es el Plan Jefas. ¿Qué cristalizó esta política respecto de la relación Estado-mujeres?

Tomé el caso a nivel provincial. El “Plan Jefas de Hogar Desocupadas” se implementó desde el 2000 hasta el 2006. Con “Las Juanas” habíamos ido a los CENS donde estudiaban las beneficiarias del plan. Estos espacios me llamaron mucho la atención, ya que pude observar de manera concreta el tema de las políticas sociales heterónomas que crean dependencia. En ese momento se trataba de políticas súper focalizadas.

Lo que yo quería indagar era cómo se piensan las políticas desde el Estado y observar la política en acto, era el espacio indicado. Observarlo en las pequeñas cosas, en los efectos que van mucho más allá de lo que está aplicado. Es decir, la política como algo que excede su planificación y sus metas. En una política intervienen diversos sujetos, de lugares distintos, con otras ideologías, se arma algo nuevo y va a tener un efecto que escapa a lo que está planificado. Eso es lo que pasó con el “Plan Jefas de Hogar Desocupadas” que daba educación formal como contraprestación de un subsidio o beca.

Recordemos que estábamos saliendo del menemismo. Este momento, al igual que el de los primeros años de los 80, fue muy especial para las mujeres argentinas: tiempos de organización, debate, reclamos, denuncias. En el “Plan Jefas” empiezan a participar, por un lado, los generadores de la política –que eran quienes venían con una perspectiva crítica lo que había sido el gobierno de Menem– y por el otro, se introducen docentes, trabajadores sociales, miembros de organizaciones sociales. Esto lleva a que se comiencen a dar materias como derechos humanos y organización comunitaria, y las alumnas se interesan muchísimo en ellas. De esta manera, el espacio se vuelve algo completamente innovador: mujeres y docentes se lo terminan apropiando.

Aproximadamente a partir de 2006 el plan pasa a significar para el Estado una estructura muy pesada, por lo que se le quiere dar de baja. Se plantea el cierre de las aulas satélites y la Dirección General de Escuelas proyecta sumarlo a la estructura educativa formal. Las alumnas y los docentes lo resisten. Hay que entender que la educación tiene un valor mucho más fuerte a nivel social cuando es impartida desde la perspectiva comunitaria y organizacional, produce cosas que otros espacios no pueden.

Un reflejo de eso fue cuando docentes y alumnas empezaron a cuestionar la manera en que se tomaban decisiones desde la Dirección General de Escuelas, que quería absorber el plan dentro de la estructura normal educativa. Por supuesto que las alumnas se opusieron. En la estructura tradicional la modalidad es distinta y no tiene en cuenta sus condiciones y disponibilidades horarias, por ejemplo. Los CENS Jefas de Hogar abrían en la mañana y en la tarde, y la educación formal para alumnos es nocturna, muchas de estas mujeres eran madres, y ya no podrían continuar los estudios si debían dejar a sus hijos solos en las noches.

En definitiva, lo que el plan había habilitado era el retorno a la escuela de muchas mujeres y las modificaciones propuestas lo dificultaban.

Entonces, con respecto a la relación entre políticas estatales y mujeres se cristalizaban dos problemas: por un lado, el “área mujer” que había empezado con una perspectiva feminista de mucha fuerza va quedando sitiada hasta convertirse en una oficina que recoge denuncias contra la violencia, sin financiamiento y muy deficiente, porque tampoco resuelve el problema. 

Por otro lado, veía un plan que había empezado como política paliativa de fines de los 90 y que se convierte en un espacio democratizador pero que concluyó. Tuvo efectos muy positivos; debería haber sido replicado y mantenido. Pero la relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la DGE es complicada porque hay puntos que escapan a la estructura educativa. Cuando se terminó, los docentes se quedaron con un gusto amargo a derrota, las mujeres continuaron con sus vidas, y los funcionarios empezaron a implementar otros planes.

Teniendo en cuenta el avance en materia de derechos humanos de los últimos años, ¿existe una tendencia a integrar el vínculo de estas políticas escindidas que se dirigen a la mujer?

Desde 2004 se reforman las políticas sociales, pero las que surgen ya no tienen las características particulares que habían conseguido la combinación entre ayuda social y la educación. Se presenta mayor participación de las mujeres en las políticas de redistribución social con medidas como los planes de inclusión previsional y la Ley de Trabajo Doméstico, por ejemplo.

Más cerca en el tiempo surgen las políticas sociales dirigidas a las mujeres pero que en realidad son destinadas a los hogares y a los niños, como la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo.  Son medidas que ponen foco en el fortalecimiento de la familia y las mujeres pasan a ser entendidas como las administradoras que viabilizan los derechos de los otros. Pero no se trata de políticas que tengan dentro de sus objetivos modificar las relaciones de género.
 
Es decir, lo que nos ha pasado a las mujeres en Mendoza es que las configuraciones de fuerza o  los arreglos provisorios hacen que se creen políticas que no están a favor de garantizar los derechos de las mujeres o que se disminuya la discriminación contra las mujeres. Esto se ve claramente en aquellas políticas sociales que se dirigen a las mujeres pero en las que los titulares del derecho son los niños o los discapacitados, no las mujeres. Esto, a la larga, también trae sus consecuencias.

Por otro lado, creo que en la introducción de las políticas de género ha habido un retroceso en relación con la política social. Las que existen en la actualidad son básicamente de atención a la violencia, como Ley Nº 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Después, lo que vemos es la situación de las mujeres en general. Las mujeres tenemos peores condiciones de empleo, ganamos menos, ocupamos los peores puestos de trabajo en todas las áreas. No hay una política activa de igualación. Necesitamos igualdad porque hay diferencia y hay jerarquía. Si fuésemos todos iguales no necesitaríamos políticas antidiscriminación o de discriminación positiva.

Entonces, la escisión entre ambas persiste. Nancy Fraser plantea que esto es un problema integral: tiene que ver con lo económico y lo cultural. Si no se aborda desde los dos puntos de vista, es algo que no se va a poder superar. No podemos ver a las mujeres separadas de la pobreza y la pobreza separada de las mujeres; o sea, la pobreza tiene género y las mujeres son pobres. Son pobres las mujeres que tienen derechos.

Con esto quiero decir que para quienes hacen políticas de género las mujeres no son pobres y para los que trabajan políticas de atención de la pobreza, los pobres no son mujeres. Por lo tanto, cuando no hay una transversalidad en las visiones se hace muy difícil el nexo. Las "áreas mujer" de los gobiernos quedan muy aisladas y pierden llegada a otros ministerios donde se pueda hacer política como un entramado que integre salud, educación, derechos.

¿Cómo debería ser una política social que modifique las relaciones de género?

Debe ser una política social pensada en sentido amplio, porque lo social tiene que ver con la educación, con la salud, con el empleo, con el desarrollo. Creo que una pista es modificar las relaciones de subordinación de género, pienso que en eso la educación podría ser una clave. Otra política es la legalización del aborto y la garantía de que se respeten y cumplan los derechos sexuales y reproductivos.

Después está el tema de la violencia. Noto que en vez de encararse desde la transformación de las relaciones de género –como dice la ley en su letra– al momento de implementarse se sigue haciendo política completamente basada en lo judicial, como si eso fuera una respuesta a todo. Es un problema integral, debe dirigirse a la sociedad toda y no solo a las mujeres. Los varones también son parte de la violencia.

Acá se piensa en resolver un problema pero poniendo toda la carga sobre las mujeres. Las  mujeres terminan siendo las soluciones y las causas de sus propios problemas. Cuando se trata de problemas relacionales, lo que hay que cambiar son las relaciones sociales.

A su vez, las políticas sociales ponen el foco en profundizar el rol de cuidadoras de las mujeres y ese es uno de los peores errores. Creo que desde las políticas sociales se podría promover el reparto de tareas al interior del hogar y eso sería un avance importante, y necesario, sobre todo.