“El nuevo constitucionalismo nos permite comprender la doble dimensión del derecho a la comunicación, la cual debe hacerse efectiva: una individual, por la cual yo tengo derecho a decir algo, y otra colectiva por la cual ustedes tienen derecho a escuchar lo que estoy diciendo. De eso se trata la construcción despectiva y denigratoria, de manera permanente, en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Porque lo que estamos diciendo es que se acaban los privilegios, lisa y llanamente. Lo que estamos diciendo es que la historia la escribimos colectivamente, que necesitamos diversidad y pluralidad porque la democracia se construye de distintas miradas. Lo que estamos diciendo es el concepto chino, propio, de qué es la verdad. La verdad es un jarrón que una vez que se rompió se reconstruye con esas múltiples partes del jarrón, esas múltiples posibilidades de tener nuevas perspectivas”. Así se expresó Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público, el 19 de septiembre en la UNCuyo, como panelista en las I Jornadas de Comunicación y Derechos Humanos. “Contra la mentira de que esta es una ley impuesta, o una ley 'k', faltándole el respeto a la construcción colectiva”, Ottaviano historizó la lucha por la ley “como ejemplo de que vive definitivamente en el pueblo argentino que es de donde ha salido”.

Precisos y claros, lógicamente concatenados tras experiencias y análisis concienzudos, los conceptos vertidos por la defensora remiten inevitablemente a su reciente presentación como amicus independiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la memorable audiencia por la LSCA, de la cual la funcionaria fue destacada participante. También, a su joven e intensa trayectoria como comunicadora social, periodista y docente, con el paradigma de los derechos humanos y la construcción social de la comunicación como puntos de partida. Consecuente con ese posicionamiento y militante por la LSCA, desde el 14 de noviembre pasado conduce el equipo de profesionales de la Defensoría del Público, creada a instancias de la ley.

“Defender tus derechos es nuestra obligación”, es la frase cabecera de la Defensoría, que realizó el 20 de septiembre en el Salón de Grado de la UNCuyo la Quinta Audiencia Pública, de carácter regional, en este caso de Cuyo. La próxima abarcará la región patagónica y completará los resultados y análisis finales a hacerse públicos durante diciembre en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ottaviano ofreció a Edición UNCuyo la previa de las conclusiones y nuevos enfoques respecto de la audiencia desarrollada, el trabajo de la Defensoría y el escenario de la LSCA más allá del fallo de la Corte.

“La lucha de este momento es para ponerle punto final a la concepción mercantilista de la comunicación. Por eso es tan importante que la Corte determine la constitucionalidad de los tres artículos, porque no puede haber privilegiados. Todos debemos tener las mismas leyes de juego. En democracia, la realidad de la participación es en igualdad de condiciones. Esa es la esencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el reconocimiento de una sociedad comunicacional y el empoderamiento de los ciudadanos a través de la puesta en práctica del derecho a la comunicación, y del apoderamiento de los nuevos sujetos de derechos, y del pueblo, de organismos como la Defensoría del Público. Ya no somos objetos de consumo, somos sujetos de derechos y en ese sentido hay que reclamar. A 30 años de la recuperación democrática, es hora de que todos y todas estemos en igualdad de condiciones y de acceso a la comunicación. Porque sin derecho a la comunicación, la verdad es que no hay democracia”.

La defensora reconoce fundamental que se desmonopolice ya, pero visibiliza que hay 163 artículos en plena vigencia, fuera de los trabados por Clarín, quien además produce hacia la sociedad el falso discurso de que la ley no rige. Sobre ese articulado “trabajamos nosotros todos los días: trato discriminatorio, violencia mediática, horario de protección a la niñez, accesibilidad, necesidad de pluralismo y expresión de la diversidad. Esta ley es riquísima, está plenamente vigente, incluso para el grupo Clarín. Permite abarcar distintas miradas de la vida y del mundo. Esperamos que la Corte determine la plena constitucionalidad, reclamamos que en el menor plazo posible haya un fallo”. 

A modo de ejemplo, puntualizó la creación de nuevos organismos relacionados con la comunicación y la aplicación de la ley, como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), integrado por representantes de las provincias (a excepción de Córdoba, San Luis y Ciudad de Buenos Aires, que “privan a miles de personas”), los pueblos originarios y los sindicatos; el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), que trabaja para mejorar la programación destinada a niños, niñas y adolescentes. 

Pensamiento lateral

El trabajo que lleva adelante la Defensoría del Público es enorme, dado el universo y complejidad de la problemática comunicativa en todo el país, a través de monitoreos y relevamientos de reclamos en territorio. Además está la tarea de reparar los “errores”, a través del diálogo y la capacitación, porque “así como la tele sirve para discriminar y estigmatizar, se puede usar para prestar imágenes integradoras. La Defensoría fue creada específicamente en la concepción de que las audiencias son nuevos sujetos de derecho y pueden entonces reclamar, denunciar, consultar por la ley o por su incumplimiento. Y construir sentidos para transformarse en actores decisivos de la comunicación. Las audiencias públicas permiten que esos actores se expresen para ajustarse todos a la normativa vigente. Actuamos como puente y enlace, amplificamos sus voces”. La metodología está alejada del régimen punitivo, mediante mesas de trabajo “para ponerse en el lugar del otro y generar empatía”. “La Defensoría tiene pensamiento lateral, todo lo resuelve de una manera alternativa, en base al diálogo, la creatividad y a muchas horas de encuentro”.

La Defensoría trabaja con las denuncias relativas a los entramados monopólicos de los medios y sobre los mensajes que vulneran derechos. Esto implica un abordaje interdisciplinario de la problemática, originalmente planteado y resuelto así por el equipo de trabajo, atento a los antecedentes de otras defensorías y organismos de derechos humanos creados con anterioridad. Esto se traduce en una Dirección de Protección de Derechos, integrada por abogadas y abogados especializados en derechos humanos y comunicación; en la Dirección de Análisis y Monitoreo, integrada por semiólogos y antropólogos, y la Dirección de Capacitación, “porque nuestra propuesta es la de reparar el daño con cursos y talleres, sobre la ley, sobre comunicación no sexista, o los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

Transmitir, hacer valer

Fueron más de 150 participantes y 38 expositores quienes aportaron ideas, experiencias y denuncias relativas a la aplicación de la LSCA en Mendoza, San Juan y San Luis. La audiencia se extendió durante cinco horas y Ottaviano y su equipo recibieron toda la documentación aportada. El abanico fue amplio: radiodifusores, radios comunitarias, representantes de organizaciones sociales y políticas y de sectores con derechos vulnerados, docentes, funcionarios, trabajadoras y trabajadores de la comunicación, abogados de medios avasallados por la concentración, sindicatos. Para la titular de la Defensoría, fue “muy positiva, otra posibilidad de afianzar la democracia y de generar herramientas de expresión ciudadana en igualdad de condiciones a través del intercambio entre actores de diferentes provincias que les permiten conocer realidades similares para incorporarse como actores diferentes”.

Las similitudes en cuanto a lo recabado en las audiencias previas consiste en la solicitud de reordenamiento radioeléctrico, la falta de accesibilidad, la necesidad de debate sobre publicidad oficial, las quejas respecto de la criminalización de la juventud y el abordaje de la salud mental por los medios comerciales. Respecto a lo último, Ottaviano anunció la inminente creación de un Observatorio de Salud y Ambiente que revele estas desigualdades y criterios denigratorios.

Otro tópico presente en Mendoza fueron los reclamos respecto del funcionamiento de la delegación local de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). La defensora fue clara: “Nos reuniremos en la semana. Hay reclamos sobre varias delegaciones, se les piden soluciones, mayor celeridad, las audiencias públicas lo certifican. Se constatan cambios, como en Mendoza, pero hay que ver el diseño de las políticas públicas que se ha dado en las distintas delegaciones de AFSCA, porque se dice que está todo centralizado en Buenos Aires y las delegaciones aparecen como meras transmisoras. Dicho en otras audiencias, se puede inferir que es la política del organismo. Les voy a transmitir la preocupación”. 

La sociedad mendocina soporta no solo la asfixia comunicativa y cultural de Clarín a través de diario Los Andes y sus negociados. Los grupos empresarios de Vila-Manzano, de vasto alcance nacional, y de Sigifredo Alonso, con su canal 9 como estandarte, invaden pantallas con las mismas franjas cromáticas. Este último, que cubrió la audiencia y entrevistó a Ottaviano, recibió reclamos por no adecuarse del todo al requerimiento del lenguaje de sordomudos para la televisación. Antes, los enviados del grupo Uno, abogados y gerentes, habían abandonado temprano el Salón de Grado, dado que la posición dominante de sus patrones fue la que más denuncias recibió, desde las de precarización laboral hasta las de interferencias generadas por las antenas en el Cerro Arco, que llegan incluso hasta San Luis. El grupo Clarín, por primera vez sobre un total de 1300 participantes y 222 expositores, recibió apoyo: el de un particular, José Félix Olalla, quien además de “pedir la inconstitucionalidad de la ley de medios” se refirió a los medios universitarios y a Radio Nacional como “monopolios del Estado”. Para Ottaviano “esto es un hito colectivo, las denuncias recibidas dan cuenta de la necesidad de democratización de la comunicación. Ni monopólica ni oligopólica, independientemente de cómo se llame el medio, el nombre de fantasía o societario que tenga. No puede haber supremacía cultural ni comunicacional porque eso lesiona el derecho a la comunicación”.

Guadalupe Pregal y Natalia Calderón Álvarez, ambas comunicadoras y trabajadoras en los medios de la UNCuyo, presenciaron y expusieron durante la audiencia. Pregal fue denunciante de dos publicidades audiovisuales denigratorias contra las mujeres. La Defensoría recogió su denuncia hasta que una de las empresas se retractó públicamente. Otra de las instancias en la denuncia y difusión contra la violencia mediática fue la red PAR, de periodistas por una comunicación con perspectiva de género. Álvarez Calderón, integrante del colectivo, explicó los puntos sobre los cuales trabaja en relación con la violencia de género, la elaboración de decálogos para periodistas y la discusión sobre los mensajes publicitarios. También replicó al particular opuesto a la ley de la democracia: “habló de una bolsa de gatos, de los medios universitarios y públicos. Como tales hacen valer la pluralidad de voces, la difusión de la cultura local en todas sus expresiones, y la defensa y promoción de los derechos humanos”.

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