Las organizaciones sociales frente a los desafíos de la ley de niñez

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son un eslabón imprescindible para garantizar que se cumplan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero las entidades, así como los poderes Ejecutivo y Judicial, enfrentan un gran desafío para adecuarse a los postulados de la ley nacional 26.061, que establece un nuevo paradigma en las políticas públicas de la infancia.
 
Los especialistas consultados por NU Digital, aseguraron que la adecuación a la norma ha sido un proceso largo, que se dio en forma desigual en las instituciones.

A fines del 2005 el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que en Mendoza se puso en marcha tres años después.

A partir de ese año se implementó un sistema de protección de derechos, con un órgano ejecutor y servicios departamentales. La ley establece que los niños no son objetos de tutela del Estado, sino sujetos de derecho e impide su judicialización por carencias sociales y económicas.

Los cambios no sólo le costaron a los órganos estatales y a los jueces, sino también a las OSC, que durante años trabajaron con otro paradigma.

La presidenta de la Federación de Entidades no gubernamentales de Niñez, Adolescencia y Familia (Fedem), Patricia Spoliansky, explicó que el cambio ha sido dispar en las organizaciones y en otros estamentos del Estado y del Poder Judicial. Comentó que antes el Gobierno hacía acuerdos con las organizaciones para que los chicos asistieran a comedores o vivieran en hogares, y que ahora se busca que permanezcan en el seno de su familia.

La titular de Fedem -entidad que nuclea a 48 organizaciones que trabajan en temas de niñez-  señaló que es necesario cambiar metodologías, para dejar atrás la etapa tutelar.

Valeria Pérez Chaca, becaria del Conicet y profesora de la carrera de Trabajo Social, en la UNCuyo, aseguró que en el universo de las OSC se dieron una variedad de situaciones. Dijo que muchas lograron sumarse, pero otras siguen atadas a viejas prácticas, relacionadas con el alejamiento de los chicos del núcleo familiar.

“Hay una decisión del Estado de no institucionalizar a los niños. Con todas las fallas que puede haber en el sistema, hay coherencia sobre el camino a seguir”, señaló la especialista.

Distintas etapas

En el Centro Comunitario San José, ubicado en el Barrio Flores Sur, se hizo un gran esfuerzo para cambiar el paradigma de acción. Marina Astudillo, coordinadora del lugar, explicó que trabajan fuertemente sobre
el concepto de la ley, donde los niños y adolescentes dejan de ser “asistidos” para ser sujetos de derechos.

Astudillo señaló que el cambio implicó trabajar con los jóvenes para que no sean simples receptores de un programa, sino que se conviertan en protagonistas de las distintas líneas de acción, que les permiten sortear dificultades.

La Asociación de Voluntarios de Mendoza, Niñez y Familia (Avome), que a través de un convenio gestiona en forma asociada con el Estado la Casa Cuna, es un reflejo de los cambios del sistema.

La fundadora de la entidad, Alicia Mayorga, comentó que pasaron por todas las etapas: en la que había cientos de chicos institucionalizados, la de los minihogares y luego comenzaron a trabajar con las familias para que los chicos permanezcan en sus hogares, para lo cual formaron un equipo multidisciplinario de especialistas.

Mayorga reconoció que el Gobierno ha realizado un gran esfuerzo para cambiar de paradigma, aunque explicó que faltan medidas de protección más amplias, sobre todo para aquellos pequeños que viven en el seno de familias muy deterioradas.

La fundadora de la entidad recalcó que lo más importante es que el Gobierno nacional, provincial y las organizaciones tengan una visión y un objetivo claro, ya que entiende que es la única forma de evitar improvisaciones.
 

Contactos
* Centro comunitario San José, del barrio Flores Sur: 4234260
* Avome: 4281149/4270410.