En el proceso de reproducción de la vida participan y se combinan tres esferas: la familiar o reproductiva, a través del trabajo doméstico y de cuidados para asegurar la subsistencia y bienestar de sus miembros; el mercado, a través del salario y de la oferta privada de servicios para los hogares; y las prestaciones sociales de los poderes públicos, que actúan a través de bienes y servicios que controla y distribuye mayormente el Estado. El lugar que ocupan las mujeres en cada una de estas esferas no es simple o unidimensional, sino que depende de varios factores; entre ellos, la existencia de un techo de cristal y un piso pegajoso que determinan sus trayectorias laborales.

El techo de cristal es una metáfora que refiere a los mecanismos discriminatorios que obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres, las limitan y les marcan un tope difícil de sobrepasar en el espacio público y laboral. Según entiende Barberá, este techo se vincula con dos formas simultáneas de discriminación que las mujeres enfrentan en el mercado de trabajo: la horizontal y la vertical.

La primera consiste en la calificación de masculino o femenino atribuida a ciertos trabajos; por ejemplo, maestras y enfermeras para las mujeres, ingenieros y abogados para los varones. Tal calificación implica una jerarquía que redunda en sueldos más bajos, menos oportunidades laborales, escaso valor social e inestabilidad para los trabajos considerados femeninos. La discriminación vertical, en tanto, se asocia a que en las más altas jerarquías de los espacios laborales la proporción de mujeres disminuye y resulta mínima su presencia en posiciones de poder y ámbitos de decisión.

El piso pegajoso refiere al hecho de que las mujeres continúan atadas a tareas domésticas, de cuidado y de organización de la vida familiar, lo que obstaculiza su participación en el mercado laboral y en la esfera pública. Esto tiene como consecuencia que muchas veces se vean obligadas a realizar doble y hasta triple jornada laboral, o bien a elegir entre su familia y su crecimiento profesional.

Frente a esto, la actuación del Estado ha sido muy limitada, ya que siendo un actor que se ha comprometido a promover el avance de las mujeres y a eliminar la discriminación, no ha implementado políticas activas para un reparto justo y de corresponsabilidad entre mujeres y varones de las tareas domésticas y de cuidado.

Si bien nuestro país cuenta con diversos instrumentos jurídicos que buscan erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres, los propios poderes públicos participan de estas formas de discriminación. Un ejemplo muy actual es el de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, integrada por siete miembros varones. Esta composición resulta muy llamativa si tenemos en cuenta que el Poder Judicial provincial tiene mayor proporción de trabajadoras mujeres. Además, hace oídos sordos a los reclamos del movimiento de mujeres por una jueza con perspectiva de género en la Corte.

Distintos indicadores a nivel mundial reflejan las desigualdades que afrontan las mujeres en el mercado laboral: menores tasas de actividad, mayores niveles de desempleo y bajos niveles salariales –tal como lo ha manifestado la Ceptal en diversas oportunidades–, a lo que se suma la tolerancia social al desempleo femenino, visto como inactividad, mientras que el desempleo masculino se considera un problema social.

El piso pegajoso y el techo de cristal constituyen barreras invisibilizadas que dibujan los recorridos concretos –plagados de desigualdades– de las trayectorias laborales de las mujeres. Estas desigualdades afectan no sólo las carreras individuales de aquellas que han tenido mayores oportunidades, sino especialmente a las mujeres de sectores populares que, perjudicadas desde las posibilidades mismas de formación, quedan ancladas por su género, su clase y su raza en los lugares más precarios de las esferas de reproducción de la vida.

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