Más allá de las gestiones logradas con la Nación para recuperar la coparticipación federal retenida para Anses. Más allá del avance del proyecto de endurecimiento de las prisiones preventivas. Más allá del aparente éxito de la estrategia para resolver las paritarias, surgieron en las últimas semanas conflictos que estaban latentes y explotaron frente a la administración de Alfredo Cornejo.
 

El Zoo 

El paseo público es un campo de batalla entre el Ejecutivo y ATE. Para los animales es un lugar inhóspito donde irremediablemente morirán por el deterioro de sus cuerpos a raíz de la mala atención dada por el Estado. A esta altura, poco sentido tiene mantener ese espacio como centro recreativo y pretendidamente como centro de formación. Más bien es una cárcel para animales condenados aunque sin juicio.

La endogamia descontrolada y la falta de planificación de la preñez de las hembras generan condiciones de hacinamiento y muertes prematuras sin que nadie haga algo para revertirlas.

El Gobierno actual, cuando aún era proyecto, se expresó en campaña a favor de la idea del Ecoparque. Pero nunca se proyectó en negativo, como un centro de resistencia de los gremios estatales, en particular de ATE, potenciado por la mortandad de los animales que reclaman por su existencia silenciosamente y "ofreciendo" sus propias vidas.

No hay forma de escapar a la sensibilidad social cuando se ve sufrir descarnadamente a las especies que sobreviven a un cautiverio que es costoso de cualquier modo. Es como si los cadáveres (ya van 70) fueran los proyectiles que se cruzan en esta pelea. Se ha llegado al punto de que hace falta desenterrar a una pantera negra para exponer a los medios de comunicación y así desestimar la sospecha de que alguien se robó su piel.

En medio del cruce, hubo destellos de razonamiento con forma de denuncia cuando habló el jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente, Eduardo Sosa. El ambientalista aseguró que había una pelea por el control de la caja del Zoo por parte del personal estable de la repartición. Al mismo tiempo que se exponía a la hipopótama Perla, presuntamente atacada con un balazo y con cortes en su lomo, se impuso una imagen de sinrazón instalada por el mismo Gobierno para marcar la sospecha del sabotaje.

La respuesta no se hizo esperar por parte del gremio, que denunció a los funcionarios. El punto es que lo que vaya a ocurrir con los animales –ya víctimas de este desquicio humano– sólo será una pérdida para el Gobierno de Cornejo. Los animales maltratados generan siempre mala prensa (si no, basta ver el informe de tapa del diario La Nación de hoy) para quienes deben cuidarlos, por lo cual son los mismos animales los que se convirtieron en la oposición de Cornejo, una resistencia difícil de vencer con medidas judiciales o burocráticas.
 

El gas ciudadano

La otra oposición para el mandatario local se da como añadidura a las medidas nacionales de actualización abrupta de los servicios públicos y, en particular, con la provisión del gas en red. El descomunal tarifazo, sólo posible por la mano carente de tino social de un gerente convertido en ministro, hizo que se mostrara la faz más rígida del gobierno de Mauricio Macri. El presidente recién estrenado todavía tiene cierto plafón público para modificar la estructura económica y, según su mirada, no caer en la Venezuela chavista. La resistencia se fue creando al costado del frío de este otoño por demás húmedo, una resistencia azuzada por una histórica oposición de Protectora, la ONG de raíz de clase media movilizante y con influencia en los ámbitos decisorios. Además, con antecedentes desde 2008 por sus exitosas presentaciones judiciales contra los ajustes de la tarifa del gas.

Es notable el fenómeno de Protectora, que a esta altura ha crecido como faro en la provincia y la región, haciendo retumbar su reclamo a través de los medios de comunicación, menos los del Grupo Vila, ya que no soportan las críticas de la entidad a la distribuidora eléctrica Edemsa, controlada por el mismo grupo económico.

Ahora sus principales referentes, Mario Vadillo y José Luis Ramón, se despliegan desde su propio reducto público en MDZ Radio del Grupo Sarmiento. Desde allí han cobrado de a poco más relevancia pública. Hasta ahí, pura ganancia para los abogados ciudadanos. Por eso la resolución de la jueza Olga Pura de Arrabal, que detuvo la aplicación del aumentazo, consolidó la posición de la organización civil y puso en aprietos al mismo gobierno local.

En ese contexto, llamó la atención la cortante crítica de Ramón a Cornejo, puntualmente cuando fue entrevistado por Unidiversidad Noticias, noticiero de Señal U, horas después de conocido el fallo. Justamente, la determinación de la jueza dispuso el freno de la tarifa y la orden de hacer un nuevo cuadro de precios acorde a la amplitud térmica que tiene Mendoza, como lo planteó Protectora, y muy lejos de la tibieza aparente que demostró el gobierno mendocino ante la definición del ministro nacional Aranguren.  

Esto dijo Ramón al aire la noche del viernes 27 tras el fallo: “Es un mensaje que debe escuchar el gobernador de la Provincia. Él debe entender que fue elegido por el pueblo de Mendoza y tiene que hacer acciones que protejan a los ciudadanos para los que él está gobernando. Y tiene que sacarse el collar del cogote, como intentó hacerlo durante todo este tiempo. Es algo que no corresponde porque se tiene que hacer cargo de este conflicto que aún no ha terminado. Desde febrero le mandamos mensajes y le hemos pedido audiencias para que intervenga y paliar este problema grave para Mendoza. Lo bueno es que hablo desde la ciudadanía. No hablo desde el peronismo, del radicalismo, de izquierda o derecha, hablo desde la ciudadanía. Él no logró entender esto que, incluso, se lo planteamos con cartas documento y nunca nos quiso atender este reclamo”.   

Aún cuando el Ejecutivo provincial haya anunciado que hará una demanda similar a la de Protectora para los usuarios del sur provincial que no son alcanzados por la resolución de la jueza, la ONG ya tomó la iniciativa y denunció que el gobernador nunca los escuchó.

Una observación política: si el mandatario no se concilia con la posición de la organización social, el peronismo hará el resto (ya lo empezó, mezclado en la llamada “Multisectorial”). El PJ buscará sostener y, si lo dejan, le dará territorialidad a los reclamos civiles de Ramón y Vadillo. También será tarea de los abogados –que sienten representar a la ciudadanía en estos conflictos– mantener la distancia suficiente de los sectores políticos para no perder el capital social que han logrado en su lucha antitarifazo.