"La preocupacion del gobernador (Alfredo Cornejo) es válida, valiosa y de suministro al respecto. No tengo una posición encontrada respecto de las autoridades del Poder Ejecutivo en este sentido. Lo que sí es relevante tener en cuenta es que los jueces fallamos conforme a datos que arroja el legajo, y en este caso el legajo nos dice que, por ahora, corresponde que estas personas permanezcan en libertad". Con estos conceptos, dichos esta mañana a Canal 9, Pablo Mangiafico, juez de Garantías de la Justicia Federal de Mendoza, le bajó el tono a los dichos de Alfredo Cornejo, quien criticó duramente la decisión del magistrado de liberar a los siete detenidos, hace dos semanas, en un aguantadero de Colonia Segovia.

El gobernador y su ministro de Seguridad, Gianni Venier, le reprocharon a la Justicia el no cumplimiento de la Ley de Prisión Preventiva. “Cuando la Policía hace mal cosas, soy el primero en criticarla, (pero) la Justicia Federal y la Provincial los libera cuando está comprobado que es un aguantadero”, dijo Cornejo.

La frustración del mandatario se evidencia más porque el hallazgo de ese reducto con droga y armas fue utilizado por el Ministerio de Seguridad para hacer campaña bajo el título: “Los fuimos a buscar a sus guaridas”.

Sin embargo, el juez explicó que luego del allanamiento que se realizó el 17 de septiembre, en el cual resultaron detenidas siete personas, se incorporaron ciertas pruebas al legajo (expediente) que "darían cuenta de la imposibilidad de relacionar a los que verdaderamente se busca, que es una banda organizada responsable de esos bienes que fueron halllados, todos ílicitos y de gran magnitud, con estas personas, prácticamente menores de edad y sin antecedentes penales, y que se habrían encontrado en ese lugar de manera circunstancial".

Los cinco liberados están imputados por tenencia, es decir que la justicia federal investiga la relación que existe entre los elementos secuestrados y las personas que estaban en el lugar al momento del allanamiento. Ese delito, de comprobarse, tiene una pena menor a los tres años de prisión. Si se los llegara a condenar, por tratarse de una primera condena –ya que no tienen antecedentes–, nunca sería de cumplimiento efectivo. A esto se suma que de la investigación surge que los liberados no serían capaces de entorpecer la investigación.

Este cóctel de disposiciones legales, tecnicismos y datos de la pesquisa terminaron de "inclinar la balanza a su favor", dijo Mangiafico. De cualquier manera, el magistrado sostuvo: "Nosotros, como operadores del sistema, como engranaje de la seguridad, estamos convencidos de que cuando se sacan armas o drogas, es beneficioso para la sociedad toda" y que "hay que tener presente que se está buscando a los verdaderos responsables, es decir, a esa banda que se dedica a todo tipo de actividades ilícitas y en eso está trabajando el fiscal, en asocio con la Policía".