Las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienen una sobrepoblación de más de 2000 presos y registró en septiembre de 2019 un récord histórico de personas detenidas, que supera en el 16 % la capacidad de esas unidades, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

"La situación es muy difícil, la infraestructura ya no da más y no hay soluciones mágicas, pero hay que orientar las futuras medidas que se tomen al respecto", señaló el titular del organismo, Francisco Mugnolo.

El informe presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) indicó que, a pesar de que en marzo del año pasado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional declaró la "emergencia en materia penitenciaria" por el término de tres años, el "fenómeno" de sobrepoblación "no cesó de aumentar".

Trasladan a los primeros internos a la nueva cárcel federal

Autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza informaron que ya fueron trasladados los primeros 23 internos al Centro Penitenciario Federal de Cuyo, quienes ya quedaron alojados en el único sector del lugar habilitado hasta el momento. En esta primera etapa se alojará a personas privadas de libertad con ingreso primario, es decir sin antecedentes carcelarios.

En ese sentido, mientras que en septiembre de 2018 el número de personas encarceladas era de 12 552, un año más tarde esa cantidad creció a 14 251, "lo que implica que hay más de 2000 personas alojadas por encima de la capacidad informada", ya que esta es inferior a 12 000, detalló el informe.

Al respecto, Mugnolo dijo que la resolución "no funcionó porque en realidad es una cuestión propia del sistema penitenciario", en el que "la represión se organiza de tal manera que por delitos menores hay privación de la libertad". "Hay legislación que impide que alguien sea excarcelado en el proceso, entonces ese circuito de entrada y salida se empieza a cortar, y el proceso de crecimiento de la población carcelaria se acelera", agregó.

Además, el informe de la PPN explicó que el 57 % del total de las personas detenidas en esa órbita lo están sin condena firme, lo que "evidencia un uso excesivo de la prisión preventiva, que incrementa notablemente las cifras de encarcelamiento".

Sobre ese punto, el procurador consideró que se trata de una consecuencia de "políticas públicas que se toman por algún episodio que provoca la preocupación de la gente y que desarman los procedimientos técnicos del Código Penal", y que "no hay política de Estado firme, si bien es cierto que han aparecido nuevas formas de delincuencia, como delitos internacionales y de tráfico de estupefacientes".

"Hace cinco años que advertimos que iba a pasar esto", añadió en relación con la recolección de datos que derivó en la presentación, en septiembre de 2017, de un proyecto de ley de cupo carcelario que aún no fue tratado por el Congreso. En él se recomendaba el establecimiento de "un proceso de regulación de la capacidad" de las cárceles, como el análisis e impulso de "conmutaciones y medidas alternativas a la pena de prisión o la prisión preventiva", especialmente en el caso de mujeres embarazadas, personas con hijos menores o enfermas, y aquellas que hayan sido víctimas de agresiones graves durante su encierro.

Por otro lado, el documento destacó que desde enero hasta fines de septiembre de 2019 se registraron 40 muertes, catorce de ellas calificadas como violentas: ocho por heridas de arma blanca, tres por ahorcamiento y otras tres por quemaduras.

Durante el mismo período, ocurrieron 367 casos de maltrato y tortura en las cárceles del SPF, 191 menos que en 2018, cuando ocurrieron 558. De esa cifra, solo 115 fueron denunciados de manera formal porque "los presos tienen miedo" de hacerlo, ya que "saben que las consecuencias implican una continuación de la represión".

"Esto lleva a la naturalización de la existencia de la violencia en la cárcel, creen que les corresponde porque están presos, y eso es algo que los penitenciarios tratan de enseñarles desde el primer día", aseguró Mugnolo. En esa línea, añadió que "hay muchos problemas en la cárcel que no solo se repiten y permanecen, sino que crecen", y que "lamentablemente la mayoría no decrece". "Esta recolección permite elaborar estrategias de intervención para cumplir con objetivos institucionales y establecer políticas de gestión más acertadas", concluyó.