Chicas Poderosas Argentina elaboró una investigación que publicó con el nombre de "Los derechos no se aíslan” y releva las dificultades para acceder a derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia en todo el país. Fue realizada por 45 periodistas y comunicadoras -de las 24 jurisdicciones de todo el país-, con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina.

Son 24 crónicas, videos, podcasts, infografías, visualizaciones de datos e ilustraciones donde se cuenta cómo fue el acceso a Interrupciones Legales del Embarazo, anticonceptivos, Educación Sexual Integral, tratamiento para el VIH y tratamientos hormonales para mujeres y personas de LGTTBIQ+ en todo el país. Los materiales se pueden encontrar en la página web, Facebook, Instagram y Twitter de “Los derechos no se aíslan”.

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La investigación reúne historias de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que muestran tanto las desigualdades, como también el rol del Estado y de los gobiernos provinciales. Las sospechas previas son confirmadas por la investigación. La pesquisa demuestra que existe una marcada desigualdad en los distintos territorios del país en cuanto al acceso y garantía de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. 

Sonia Tessa, coordinadora editorial del informe, expresó: “Hay un mapa muy claro de la desigualdad en Argentina. Por el solo hecho de vivir en provincias fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en la región norte del país, tenés más posibilidades de sufrir violencia obstétrica, no acceder a tus anticonceptivos, a ILEs y a la vulneración general de tus salud sexual y reproductiva si sos mujer o pertenecés al colectivo LGTTBIQ+”.

En relación con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), establecido por el Código Penal de 1921 y reafirmada por el fallo “F.A.L.” (2012), la investigación asegura que no ha logrado eliminar las muertes por abortos clandestinos. Sin embargo, destaca que aumentó el número de procedimientos -respecto del 2019- en algunas provincias adheridas al protocolo nacional. No es el caso de Mendoza, que todavía adeuda la adhesión a la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación. 

CABA adhirió al protocolo ILE y Mendoza sigue en deuda

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación, que actualiza el Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

La deuda local también implica la derogación de la ley 8116 que restringe la venta de misoprostol y limita su distribución al interior del sistema de salud. Esto se agrava si tenemos en cuenta el informe Los derechos no se aíslan, que asegura que “aunque este año aumentó la distribución de Misoprostol por parte del Estado, el movimiento feminista sigue siendo el garante del acceso a la ILE”. 

Es decir, son las organizaciones sociales y feministas las que, a través de la inserción territorial, tienen trato directo con las mujeres y personas gestantes que buscan acceder a la interrupción de un embarazo. La ley provincial del 2009 solo logra obstaculizar el acceso al derecho de ILE. Asimismo, durante la pandemia de COVID-19 disminuyó seis veces la entrega de preservativos.

El misoprostol y una ley demorada para permitir su venta en Mendoza

El aborto con medicamentos es el método más utilizado en Argentina para garantizar la interrupción legal del embarazo y el único recomendado cuando el procedimiento no requiere internación. Así figura en el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, actualizado por última vez a fines de 2019.

El relato de Mendoza que publica la investigación refiere en particular a la debilidad del sistema sanitario para la atención de personas con VIH, que son actualmente alrededor de 2000 en toda la provincia. Esta crónica, escrita por Sabina Nallim, historiza la problemática y remarca la insuficiente dedicación del sistema sanitario.

“La pandemia dejó al descubierto un sistema de salud muy endeble: más de 2000 personas en cobertura bajo el Programa Provincial de Sida y solo 17 profesionales en la ciudad.Si para conseguir turno con un infectólogo antes tenías que esperar tres meses, ahora es imposible”, contó Rebeca Rodríguez en la investigación. Ella tiene 37 años, convive con VIH y perdió su trabajo al inicio de la pandemia.

Otra de las vulneraciones repetidas en todo el país durante la etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio es la relacionada con la violencia obstétrica. En este contexto, el parto humanizado, establecido por la ley 25929, fue dejado de lado, particularmente el derecho de ser acompañadas por una persona de confianza y la elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.

Parir "solas": denuncian incumplimiento del parto humanizado

Las medidas y protocolos implementados en el contexto de pandemia de COVID-19 son efectivas en cuanto a evitar la propagación del virus, pero en muchos casos vulneran derechos. Tal es el caso de las mujeres y personas gestantes que no encuentran garantías del Estado.

La recolección de estos datos no fue fácil. “La pandemia sumó barreras a un sistema que ya estaba lejos de facilitar el pleno ejercicio de derechos; y también afectó el derecho a acceder a información pública", dijo Nicole Martin, directora de proyecto. De todos los pedidos formales de información, menos del 30% tuvieron respuestas satisfactorias.