En el banquillo de los acusados del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad no está Luciano Benjamín Menéndez. La razón de esta ausencia es que el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército fue condenado y continúa vinculado a otras causas que arrancaron primero en Córdoba y después en Tucumán. En ésta última provincia el juicio ya comenzó, pero sin él, ya que la defensa esgrimió argumentos de tipo médicos para que sea su estado de salud lo que lo exima de tener que presenciar los testimonios de los sobrevivientes y familiares de personas que desaparecieron.  

Lo mismo sucede con el imputado Paulino Furió en Mendoza ya que el Tribunal le concedió el permiso de ausentarse en esta primera etapa. El ex teniente Coronel ofició de máxima autoridad del G2, la División Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Es por tanto, el que se ubica en la cúspide de la acción represiva dado que aquellos que mandaron con mayor autoridad que él, ya han fallecido: es el caso del general brigadier Juan Pablo Saá, ex comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y de su segundo, el coronel Tamer Yapur.

El que éstos beneficios que están previstos en un sistema de garantías válido para cualquier persona bajo proceso, también estén al alcance de los genocidas de la pasada dictadura militar, es algo que pone a prueba no ya el sentido último de éste tipo de juicios de lesa humanidad pero sí la posibilidad de que se sepa la verdad sobre el destino de los desaparecidos, que es también un derecho de la sociedad. Y es que en el nudo del plan represivo está el ocultamiento de los cuerpos, una maniobra pensada para que llegada ésta instancia judicial se atenuaran sus cargos, que en vez de homicidio lo sean de privación ilegítima de la libertad. En el presente, privación ilegítima es la calificación con la que llegan algunos de los imputados por disposición del juez Federal Walter Bento, aunque ya la Fiscalía y los querellantes han solicitado  el cambio de carátula en función de criterios acordados según los cuales mientras no aparezcan los cuerpos, la desaparición de personas es un delito que se mantiene en el tiempo y es equivalente a un homicidio agravado. 

En manos de la Justicia Federal hay un cúmulo de pruebas que incriminan a diferentes actores con responsabilidad en la ejecución del plan criminal del Terrorismo de Estado. Por demás arduo ha sido develar la larga cadena de responsabilidades y complicidades. Hay que recordar que es recién en los últimos años que la Justicia Federal ha empezado a instruir las denuncias y querellas y es por lo menos cuestionable la forma en que se han encarado las causas.  

Por dar un ejemplo, si bien el gobierno de Mendoza estaba en manos de la Fuerza Aérea, recién en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la Provincia se ha procedido a imputar a un comodoro de la Aeronáutica. Se trata de Alcides Paris Francisca, quien fue el sucesor del brigadier Julio César Santuccione en la Jefatura de Policía de Mendoza desde el 22 de diciembre de 1976 hasta el 24 de febrero de 1979.  Otro ejemplo es la no elevación a juicio de la causa por la que resultó procesado el ex comisario Carlos Rico y el no haber agrupado desde el inicio toda la investigación sobre el D-2 en una sola mega-causa.

En contraste, sí vale resaltar notables hallazgos en los libros de novedades. Digamos que arrojan datos que por primera vez pueden ser entrecruzados con todo lo que se sabe sobre la forma de coordinación entre las fuerzas que conformaban la Comunidad Informativa, una suerte de Centro de Operaciones Tácticas paralelo, con el exclusivo fin de concretar los secuestros, el traslado de los detenidos a los centros clandestinos de detención así como los interrogatorios bajo tortura y el destino final de los secuestrados; todo en un marco de clandestinidad y sistematicidad.

Un ejemplo lo constituye el libro de novedades del Cuerpo de Infantería hacia mayo de 1978. De éste documento surgen los nombres de los oficiales que llevaban y traían prisioneros los mismos días y horarios en los que se produjeron los secuestros previos al Mundial de Fútbol de ese año.  Si bien investigaciones periodísticas ya habían echado luz sobre el estado de sospecha en el que estaban estos oficiales de la “línea dura” –hablamos de los ex jefes policiales Ignacio Medina, Adolfo Siniscalchi, además de Carlos Rico-,  recién ahora se avizora para ellos la misma trayectoria seguida por Otilio Romano: de actor al mando de valores trascendentales para la sociedad, a reos.  

El arraigo social de los que cometieron crímenes de lesa humanidad tiene que ser proyectado hacia atrás, son más de 30 años de convivencia transcurridos entre represores. Por caso, Juan Antonio Garibotte, perteneció al G 2, grupo de Inteligencia desde el 15 de diciembre de 1976 hasta octubre de 1978. Como si nada hubiese pasado, se convirtió en docente de Ciencias Sociales en el CENS “Margarita Malharro de Torres”, de Tupungato. Actualmente se encuentra en uso de una licencia.

El otro caso es Fernando Morellato, ex policía del Cuerpo Motorizado de Vigilancia. Su imputación es consecuencia directa de otro hallazgo documental: apareció en su legajo personal una sanción ética de sus superiores por haber solicitado un instrumento eléctrico mecánico –una picana- para interrogar a detenidos.  Al retirarse como comisario, Morellato tuvo un activo dinamismo social, tanto desde su despacho de la Organización Micael S.A. como desde la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza y el Club Atlético Argentino,  en las dos organizaciones se desempeñó como presidente.

Con el sello del D-2

Una consideración especial merece el capitán Dardo Migno. Varios testimonios lo ubican al mando de las sesiones de tortura con una crueldad imposible de borrar en la mente de los que sobrevivieron. Revistió en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada y goza de prisión domiciliaria en la ciudad de Rosario, por razones de salud.  De semejante brutalidad no puede escindirse el ex oficial del Ejército Ramón Ángel Puebla, ya que ejerció la jefatura de ese centro clandestino de detención desde diciembre de 1975 hasta enero de 1979.

En relación a Ricardo Benjamín Miranda y Aldo Patrocinio Bruno que eran, respectivamente, jefe y segundo jefe del Departamento de Informaciones (D-2), son  extensas las pruebas que los incrimina. Además de los testimonios que se encuentran agregados al cuaderno de pruebas ya utilizado en los anteriores procesos seguidos, está el Libro de Registro de Prontuarios Civiles en el que  se consignaba el nombre de las víctimas con el fin de documentar la devolución de los respectivos prontuarios al Archivo General de la Policía de Mendoza.

Lo mismo sucede con Armando Osvaldo Fernández y Juan Agustín Oyarzábal. El primero fue comisario inspector del D2, hizo de enlace entre la policía y el Ejército mientras que el segundo fue comisario general y jefe de operaciones policiales a cargo de los interrogatorios.

De puño y letra

Consta en un reclamo de tipo administrativo presentado en 1980. El fragmento escrito y agregado al legajo personal dice: “Actividades desarrolladas en la Brigada de Infantería de Montaña VIII, como Oficial de Inteligencia, en la lucha contra la subversión. Como G 2 de la referida Gran Unidad de Combate, mientras ejerció la comandancia de la misma, el señor General Jorge Alberto Maradona, desempeñándose como 2do Comandante y Jefe Estado Mayor el actual señor General Mario Ramón Lépori, me tocó asumir un rol de relevancia en la gestión asumida por las Fuerzas Armadas y particularmente por el Ejército, en afrontar la misión de derrotar al enemigo apátrida que se había enquistado como un cáncer en nuestra sociedad argentina. Horas, días, semanas y meses, volqué todo mi esfuerzo personal y profesional, a coadyuvar como una pieza más del engranaje montado para infligir al enemigo una derrota sin precedentes, en lograr el éxito de la misión impuesta. Quienes fueron mis superiores ya nombrados anteriormente, como así también los otros camaradas que a mi nivel aportaron también su cuota de sacrificio y valor, podemos todos nosotros estar ampliamente satisfechos de la misión que cumplimos acabadamente. La historia, el día de mañana, sabrá valorar la tarea anónima de los integrantes de la Institución que posibilitaron el éxito total y sin condicionamiento alguno”.

De este modo reivindicaba el Terrorismo de Estado Paulino Enrique Furió.