Tras el fracaso de un proyecto de ley que legalizara la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), legisladores y legisladoras que buscaban que la normativa se aprobara han realizado algunos esfuerzos por evitar el embarazo no planificado y garantizar el aborto no punible, contemplado en el Código Penal de la Nación desde 1921. Tal es el caso de la diputada provincial Ana María Andía (Unión Cívica Radical, quien presentó un proyecto en la Legislatura para derogar la Ley Provincial 8116, que limita el comercio del misoprostol al ámbito institucional sanitario. Sin embargo, el tratamiento de este proyecto en el recinto depende de la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada del PRO Hebe Casado, quien aseguró que hay otras prioridades, ya que hay proyectos pendientes de tratamiento desde 2016.

Fue el 10 de agosto cuando Andía presentó un proyecto para derogar la Ley 8116. En caso de ser aprobada, se permitiría no solamente garantizar el aborto legal o no punible, sino también que el Estado ahorraría gastos de internación por uso de misoprostol que, en algunos casos, es innecesario.

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Es una iniciativa de la diputada radical Ana María Andía. Referentes del sector de la salud y del farmacéutico dieron su opinión a Unidiversidad.

La legisladora del PRO, a cargo de la comisión desde hace cuatro meses, aseguró que priorizan iniciativas que llevan mucho tiempo en la Comisión y que no han sido tratadas, y dijo que hay expedientes que datan de 2016. Según aseguró en diálogo con Unidiversidad, no se trata de prioridad de temas, sino de que se discuten proyectos en orden según la fecha de ingreso a la comisión.

"Hay proyectos que han quedado sin discutir desde hace muchos años. Estamos tratando de hacer lo más ágil posible el tratamiento de todos los que están demorados, pero hay algunos que necesitan más tiempo para su discusión y tratamiento y otros que necesitan menos tiempo. Vamos en orden según el ingreso de los proyectos. Había muchos proyectos atrasados y hay mucho acumulado", declaró Casado. En este sentido y debido a estos atrasos, en teoría no se podría tratar el proyecto de Andía en el recinto hasta el año que viene. Esta iniciativa ya cuenta con el aval del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia y, en particular, del Programa de Salud Reproductiva.