El 1 de Mayo en la Legislatura provincial, el gobernador dio su discurso en la inauguración de la Asamblea Legislativa. Entre los asuntos relevantes, expuso sobre la expropiación de tierras improductivas con derecho de riego y la de avanzar con propuestas de riego en zonas no irrigadas, tema que originó críticas desde distintos sectores.

En su alocución, Francisco Pérez dijo tener intención de “recuperar tierras para la actividad productiva”, teniendo en cuenta la actual crisis hídrica invitó a no derrochar el agua en tierras incultas. Instó al  debate en relación a proceder a la expropiación de las tierras abandonadas cuya deuda con Irrigación supere el avalúo fiscal.

 

El objetivo del proyecto de Ley será reintroducir más de 13.000 hectáreas en el sistema productivo para potenciar nuestra economía, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación forzosa los bienes inmuebles rurales que al 31 de agosto de 2012 registren deudas impagas ante el Departamento General de Irrigación que exceda el monto del avalúo fiscal, con más de 10 años de deuda y que se encuentren en estado de abandono productivo, con el objeto de ser afectados a los planes de colonización establecidos por la ley 4.711 o por el régimen legal que lo sustituya o modifique.

A grandes rasgos, el proyecto fue visto con buenos ojos. Sin embargo, el presidente del bloque de diputados demócratas Aníbal Ríos fue crítico a la propuesta de Pérez. El legislador planteó que “la expropiación no es la solución para nadie, la propiedad privada es inviolable, nos parece por lo menos llamativo que hable ante la asamblea legislativa de expropiación”.

¿Beneficios para quiénes?

La propuesta realizadas por el Ejecutivo plantea –entre otras cosas- la discusión sobre el sujeto protagonista de estas políticas.

 

La posición de los trabajadores sin tierra no se hizo esperar. En un comunicado expresaron su preocupación sobre los destinatarios “serán un paso adelante, si son pensadas en función de las necesidades del pueblo mendocino y no del capital y las empresas privadas, ya que son estos últimos los que principalmente se benefician de las políticas, créditos y subsidios del estado”.

La Organización Campesina de Mendoza, nucleada en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (CLOC Vía Campesina) es una organización de base que abarcan territorialmente diferentes zonas  rurales  de Mendoza  y el sur de San Juan.

Los conflictos por la tierra no son hechos nuevos en Mendoza. Y la autorización de pozos puede disparar nuevos acontecimientos.

 

 “El hecho de habilitar nuevas perforaciones en las zonas no irrigadas, puede conducir a agudizar los conflictos por la tierra, si no está pensado para las poblaciones locales de esas zonas. De lo contrario, si se habilitan perforaciones para aquellos que circulan con dudosos títulos de propiedad, sin tener la posesión, las empresas van a disputar la posesión a los campesinos poseedores agudizando los conflictos.

Así mismo, la Ley de Colonización plantea diversos mecanismos de adjudicación de tierras fiscales. Algunos, concursando proyectos e inversiones y otros apuntados a solucionar problemas sociales y económicos de las poblaciones rurales” mantienen los trabajadores en su comunicado.

La población rural -históricamente marginada- está sometida al trabajo en negro y temporario, entre otras condiciones de vida que se asemejan a la esclavitud. Es por esto que los campesinos explican que  “es urgente entonces priorizar ese mecanismo de la ley y permitir el acceso a la tierra por parte de las familias del campo, claro, acompañando con recursos para desarrollar la producción, acompañamiento técnico y promoviendo la organización.
Estos procesos deben contar con la participación activa, en la planificación y ejecución, de las organizaciones sociales que nucleamos a trabajadores rurales, campesinos, pueblos originarios y agricultores familiares”.

Si bien, ven con buenos ojos la iniciativa de Pérez de la expropiación de Tierras, no les resulta novedoso el asunto. “La UST viene proponiendo la expropiación de fincas abandonadas y endeudadas con el Departamento General de Irrigación, desde hace 10 años. Es un mecanismo que al estado no le costaría ni un peso. Existen varios expedientes de nuestros proyectos en Irrigación, e incluso un proyecto de ley, que se presentó al gobierno de Cobos, que planteaba esta posibilidad concreta. Todo ha sido cajoneado acusándonos de promover la “ilegalidad”, agregan.

Según un informe oficial divulgado por Irrigación, en la actualidad se encuentran en estado irregular 13.226 hectáreas abandonadas,  afectando a 543 propiedades que cuentan con un promedio de 24 hectáreas cada una. Sobre este total, en el río Atuel existen 226 casos, que representan 4.749 ha, seguido por el río Mendoza, donde se encuentran otros 124 casos de abandono en un total de 3.102 ha.

En tanto la situación en el río Diamante es similar. Hay 115 casos con 3.388 ha, según dice el texto oficial. En el río Tunuyán inferior son 1.297 las hectáreas abandonadas que incluyen a 52 propiedades, mientras que en el Tunuyán superior, son 19 los casos de abandono, abarcando 419 ha.

Los departamentos con mayor cantidad de tierras improductivas son Tupungato y Malargüe. En la primera de ellas se encuentran 6 casos, que representan 219 ha, en tanto, en el restante se detectó solamente una propiedad, con 20 ha.

La expropiación como resorte de desarrollo

¿Qué puede pasar si se cumplen los dichos del Gobernador? El Movimiento Nacional Campesino Indígena considera que “la expropiación de tierras improductivas y el desarrollo de la agricultura campesina y familiar se convertiría en un resorte del Desarrollo Rural, generando empleo digno, alimentos sanos y precios justos en los mercados locales, y nuevos insumos para luego agregarle valor en el campo, donde también muchos jóvenes pueden trabajar y ser parte de una economía que dinamizaría a los pueblos rurales”

 

Por último, y ante la expectativa de lo generado en la Asamblea Legislativa, desde la UST sostuvieron que seguirán luchando por la expropiación de tierras y su traspaso a manos de los  trabajadores rurales y campesinos, además de oponerse seriamente a que los dominios sean adjudicados a empresas y capitales privados.