La donación con cargo a la Municipalidad de la Capital permitirá que los barrios Flores y Olivares, ubicados en el sector este del Centro Universitario, sean urbanizados y cuenten con los servicios de luz, agua, cloacas y gas. Son aproximadamente 4 hectáreas que la UNCUYO cedió, de las cuales 2,5 hectáreas serían para las obras de urbanización. El resto del terreno se convertirá en espacio verde para diferenciar los límites entre los futuros barrios y el Centro Universitario. 

El objetivo es que el municipio capitalino pueda disponer de los terrenos para construir las calles, las cunetas, las acequias y la infraestructura necesaria para los servicios. También se les entregará el dominio de los terrenos y casas a sus habitantes.

“Es una reivindicación histórica por la que trabajamos mucho. Hay gente que vive en el Flores hace 70 años y no cuenta con los servicios básicos. Cuando el ingeniero Pizzi asumió como rector, visitamos los barrios y empezamos a trabajar desde la Secretaría de Bienestar para lograr la donación”, explicó Cousinet, quien dejó su cargo en la UNCUYO para asumir como Diputada de la Nación. “El 75% de los terrenos ocupados por los barrios se donan y el 25 % será destinado por la Universidad para construir un parque lineal abierto y de uso público entre la Universidad y los barrios”, aclaró Cousinet, quien destacó además la importancia de lograr un voto unánime de todos los miembros que integran el Consejo Superior universitario.
 

Por qué la Universidad tomó esa decisión

El Consejo Superior de la UNCUYO, por unanimidad, se pronunció a favor de la transferencia tomando en cuenta que era necesario solucionar la precariedad de las condiciones de vida de la población vulnerable con la que convive cotidianamente. La intención de las autoridades universitarias fue reconocer a los vecinos del barrio Flores su derecho a una vivienda digna y a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

La decisión puede considerarse incluida dentro de los alcances de la autonomía universitaria, como ejercicio de su autarquía. El Consejo Superior decidió hacerse cargo de responsabilidad social y su obligación como institución pública de contribuir al mejoramiento de condiciones de vida de la sociedad que la sostiene; en el logro del bien común, en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo socialmente justo, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado, como lo establece el Estatuto Universitario.