Fernanda Bernabé, secretaria de Políticas Públicas y Planificación de la UNCUYO, encaró en 2015 el programa de transparencia de la universidad. El portal sobre gestión universitaria tuvo más de 80 000 visitas y aproximadamente 22 000 usuarios. En una entrevista con Edición U, la profesora explicó que esta forma de gestionar, basada en la apertura de los datos, disminuye la corrupción, pero no la elimina.

Uno de los propósitos de la UNCUYO es impulsar y acompañar diferentes herramientas y estrategias de gobierno abierto, compartir sus experiencias y saberes con ámbitos gubernamentales y civiles para así aportar a los avances de los organismos en su tránsito hacia un Estado abierto. La casa de estudios busca promover los pilares y principios del gobierno abierto, a través de acciones para incidir en la construcción de la agenda política. Para ello, la UNCUYO contribuye desde su construcción teórica y desde su praxis cotidiana a la generación y fortalecimiento de capacidades e iniciativas de apertura gubernamental.

La descentralización de las decisiones mejora la calidad de los servicios que la Universidad contrata. La información sirve para que el ciudadano decida. Que esté organizada y sea accesible es la base de esta política. “La gente no pide a gritos un gobierno abierto. Quiere que los servicios del Estado funcionen bien, sin demoras. El desafío es ir promoviendo la participación de la ciudadanía”, apuntó la funcionaria.
 

¿Qué priorizó la UNCUYO?

Priorizamos la transparencia. No había información, estaba cerrada o concentrada en una sola persona. Por eso abrimos los programas a emprendedores, capacitamos a los proveedores para que se presentaran a las licitaciones y mejoramos los precios por la competencia.

¿Con la transparencia baja la corrupción?

La corrupción es una fórmula que implica el monopolio de las decisiones, la discrecionalidad y la transparencia. En las compras, el Estado tiene el monopolio porque es uno. Bajar la corrupción supone reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia. La transparencia incide, pero no necesariamente previene la corrupción.

En 2016, las Declaraciones Juradas de los funcionarios llamaron la atención por lo irrisorio de las presentaciones. ¿Qué faltó y por qué es importante la Ley de Ética Pública?

Hubo una subestimación del instrumento. Primero, estuvo mal hecha la normativa y los funcionarios declararon de acuerdo a eso. No hubo intencionalidad, sino torpeza. En una sociedad que tuvo denuncias de corrupción del gobierno nacional saliente y del entrante, había que tener cuidado. En cuanto a la ley, no podemos seguir discutiendo si debe haber una ley de ética pública o acceso a la información. El funcionario usa presupuesto público y declarar no es una opción. Es intrínseco al cargo.  

¿Por qué se demora la sanción de estas leyes?

Hay desconocimiento de lo que implica la ley. Los políticos tienen miedo de que esa información se use contra ellos. La gente quiere información para su vida cotidiana. Los legisladores no están acostumbrados a dar cuenta de sus actos. Hay que revertir eso y explicar que hay otra forma de gestionar.

Conocé los proyectos del Programa Universidad Transparente

Su objetivo principal es promover una cultura de la transparencia y el buen gobierno en y desde la Universidad Nacional de Cuyo. Se enmarca en la filosofía político-administrativa de Estado Abierto para demostrar que aquellos temas que se ...