“El encierro sigue siendo, particularmente en el Sector C, de una condición infrahumana, aún peor que la que se vive en la cárcel de adultos”, dice el informe elaborado por XUMEK- Asociación de Promoción y Protección de Derechos Humanos-, tras una primera visita al ex COSE a fines de diciembre del año pasado. La Asociación fue convocada por la Comisión de ex presos políticos y Educadores en contextos de encierro que pidieron autorización para ingresar al establecimiento y monitorear desde adentro la situación que viven los jóvenes luego de los episodios de violencia institucional que se registraron en octubre del 2012.   

Muy a su pesar, en una segunda visita durante el mes de febrero, comprobaron que la situación empeoraba. Aquellos muchachos que habían terminado con golpes en las costillas y moretones en casi medio cuerpo seguían a cargo, las 24 horas del día, de los mismos que habían causado las lesiones. Los operadores, vale aclararlo, están abocados a una tarea de tipo terapéutica con serias falencias en su formación, hecho que es asumido por la casi totalidad de los que componen la planta de personal. Lo que no se asume ni se admite públicamente, es la venganza, la discriminación y la violencia ejercida de múltiples maneras.

A los episodios de golpes, insultos, y represalias con gas pimienta que relatan  los internos, se suma el estado calamitoso del lugar, lo que motivó la presentación de un Habeas Corpus correctivo el pasado 2 de marzo que, entre otras medidas, solicitaba una inspección ocular del máximo tribunal de justicia. Esta se concretó sólo cuatro días después y trascendió que Omar Palermo y Mario Adaro recorrieron los diferentes pabellones del ex COSE y constataron gran parte de las situaciones descriptas en el recurso. 




De acuerdo a lo expresado por los miembros de la Comisión de ex presos políticos y XUMEK, la visita fue a las 5 de la tarde y llamó la atención que muchos internos dormían y no despertaban, pese al ir y venir de un grupo de gente tan inusual como el de aquel día. La única explicación plausible la brindaron dos chicos que se despertaron y dijeron estar adoloridos por los golpes recibidos por la mañana. Sobre los demás, está la sospecha de que tomaron alguna medicación tras un fuerte episodio que, según los jóvenes, comenzó con una discusión por el volumen del televisor. Luego, algunos se “reviraron” –en la jerga de los operadores- y cargaron a patadas contra las puertas, a lo que siguió el ingreso al pabellón del personal penitenciario. Siempre según los chicos, los golpearon con toallas mojadas y les aplicaron el gas pimienta “manualmente” en la cara.    

Esto ocurrió en el sector C, justamente donde se aplica sistemáticamente el castigo de las 22 horas de encierro en celdas de 2 metros por 2 metros. Según dos participantes que presenciaron la visita de la Suprema Corte, el panorama con el que se encontraron fue shockeante. Chicos desnudos, drogados o dormidos como única forma de no darse cuenta de las horas que pasan en situación de encierro. Un sistema que, en definitiva, confunde medicina con estupefacientes. “En varios pabellones los  chicos no están lúcidos, no reaccionan a los impulsos”, contó Fernando Rule, de la Comisión de ex Presos Políticos.

Rule hizo hincapié en la degradación ética y moral de los castigos. “No estamos hablando de que les ponemos horario para ir al baño, comer o ir a la escuela, sino de desnudarse completamente para estar en una celda, en un lugar donde no hay sábanas ni colchas, sólo un colchón. Y esto como pauta generalizada que pretende, supuestamente, enseñar pautas de conducta”, señaló.

¿Y los defensores?

La primera visita de los organismos de derechos humanos se produjo el 26 de diciembre del año pasado. Lo primero que se constató es que todos los operadores que golpearon a los internos en octubre pasado, estaban en sus puestos; uno de ellos, según relataron los chicos, obligó a uno de ellos a limpiar la pared con un cepillo de dientes. Se detectó que las estructuras de las camas metálicas donde duermen las chicas estaban infectadas de chinches y que en el pabellón C había nueve jóvenes con encierro celdario absoluto y que, mientras dura ese castigo, los jóvenes son obligados a desnudarse.

La segunda visita se produjo el 6 de febrero y un dato importante que surge es que los jóvenes no son visitados por un defensor de sus derechos. En este punto coincidió María José Ubaldini, Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, quien resaltó la voluntad de la Suprema Corte en hacer su aporte como un poder del Estado que también es responsable de los menores. “Son en definitiva los jueces los que tienen la tutela y están a cargo de la ejecución de la pena, o sea que es un organismo tan responsable como el Ejecutivo” señaló. Agregó: “Es un buen mensaje de compromiso que la Corte haya ido al penal y que se esté trabajando con los organismos en un mismo sentido, ya que este es un tema que necesita de todos, necesita inversiones millonarias y no se cambia de un día a otro”.

Actualmente, los defensores públicos reciben instrucciones y directivas del Procurador General de la Corte Suprema. Si existe una razón que explique la ausencia de este cuerpo en los pabellones del penal de menores, hay que buscarla en la línea que dicta el Procurador Rodolfo González. Según el informe 2012 de Xumek, la mayoría de sus directivas a defensores están destinadas a restringir el ejercicio de sus funciones y atribuciones. A esto hay que sumarle que las capacitaciones y recursos humanos y materiales con que cuentan los defensores son sumamente inferiores a las del cuerpo de fiscales. 

La gran deuda es el Procurador Penitenciario  

Lo señala el Habeas Corpus correctivo de Xumek: la gran deuda del Estado para con la sociedad es el nombramiento del Procurador Penitenciario, figura que debe actuar ante este tipo de situaciones junto a un Comité externo que activa en todo lugar y momento un mecanismo de prevención de la tortura. De acuerdo a las consultas realizadas por este medio, ese nombramiento es inminente (se eleva el pliego al Senado, que lo avala igual que a un juez).



La figura del Procurador surgió por un compromiso asumido por el Estado provincial a raíz del Habeas Corpus colectivo del 2003, aquel que generó el tristemente famoso caso “Cárceles de Mendoza” en la justicia interamericana. En ese caso se constató que habían cuatro personas en celdas de 2 metros por 2 metros, aguas servidas en los pabellones y presos obligados a hacer sus necesidades en bolsitas que luego arrojaban al patio. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones contra Mendoza porque consideró que, con el paso del tiempo, la situación había mejorado, a cambio la provincia quedaba comprometida a implementar un órgano externo de control, o sea, el Procurador Penitenciario. El proyecto se elaboró pero estuvo dormido por años en la Legislatura provincial, debido a la creencia de la mayoría de los representantes de los partidos políticos de que “en Mendoza la tortura no existe”. 

Fue a raíz del impacto causado por la difusión de unos videos filmados con un celular, en los que se ve cómo un joven es torturado por un penitenciario en la cárcel de San Felipe, que los legisladores “cambiaron” de opinión y sancionaron por unanimidad la Ley que establece el Protocolo, el Comité y el Procurador Penitenciario, según las pautas internacionales de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 
La decisión de poner en marcha esta figura tiene que ver con la convicción de que los actos de violencia institucional están a menudo relacionados con tramas de corrupción en las mismas fuerzas de seguridad, que protagonizan represalias o ajustes de cuentas que luego quedan ocultos. Para los organismos de derechos humanos de Mendoza, tanta política punitiva como la que se viene aplicando especialmente desde el caso Matías Quiroga, está impidiendo que avance realmente la sociedad. Dicen, llamando a una urgente reflexión:  “Se está aplicando un sistema que no resocializa sino que se limita a imponer una suerte de venganza de la sociedad, incluso hasta con los niños y los menores, demostrando un carácter represivo que no es el del tipo de sociedad por cual nosotros luchamos”.