Existe un fenómeno denominado "la espiral del silencio", que determina o expresa una paradójica situación social. Por ejemplo, dada la comprobación verificada en una encuesta, se puede establecer que una persona que opina de cierta forma respecto de un tema controvertido, al mismo tiempo que se le requiere esa opinión también prejuzga que la mayor parte de la población opina de manera contraria a la suya, y -en el peor de los casos- esa supuesta mayoría le reprochará su opinión sobre el discutido tema, razón por la cual preferiría ocultar o silenciar lo que sostiene en privado. En otras palabras, se sentiría menos intimidado si pudiese evitar que se conozca su punto de vista.

Si bien el concepto de "la espiral del silencio" fue propuesto y estudiado por una politóloga alemana hace unos 35 años -aplicándolo a la opinión pública sobre la política gubernamental o partidaria-, en este caso utilizaré la expresión para darle relieve a lo que prácticamente se ha naturalizado en la Argentina: que una hipotética mayoría de personas nunca consultadas está en contra de legalizar el aborto. Vale decir, una gran parte de quienes en su intimidad defienden el derecho genuino de toda mujer a tomar la decisión de interrumpir su embarazo, no se atreve a mencionar esa opinión en público por el temor a quedar en evidencia frente a un presunto resto mayoritario que lo contradice o eventualmente podría reprenderlo sólo por tener dicha opinión.

En la cuestión del derecho al aborto libre, seguro y gratuito, este prejuicio falaz está especialmente vinculado a la hegemonía cultural que aún ejerce la Iglesia católica en nuestro país. En definitiva, lo que provoca ese influjo secular es el miedo de caer en situación de inferioridad moral frente a lo que se prejuzga una mayoría con poder para castigar de alguna forma -religiosa, social o penalmente-, a quienes se atrevan a contrariar ese criterio. Todavía se percibe como un desacato al "sentido común" construido durante siglos por esa retrógrada institución, no equiparar el aborto de un embrión o de un feto incipiente con el asesinato de una persona ya nacida.

Sugestivamente, en los últimos años en que pulularon encuestas sobre los más variados y polémicos asuntos, poco y nada se ha hecho por consultar la opinión de los argentinos acerca del estigma social que incumbe a cientos de miles de mujeres que cada año deben arreglárselas como puedan en la clandestinidad de una intervención médica no permitida -según el aleatorio grado de seguridad emanado de su solvencia o precariedad económica-, para decidir sobre su cuerpo y la planificación de su vida reproductiva. Pese a todo, y sin la expectativa de que algún día se legisle para resolver esta pavorosa situación de incertidumbre psicológica y sanitaria, las mujeres argentinas hace mucho decidieron abortar cada vez que no consintieron su embarazo. Por todo lo anterior, ese aborto parece una práctica oprobiosa masiva que no morigera la obstinación clerical ni reduce el anacrónico sistema punitivo.

Conviene detenerse en las conclusiones de un reciente sondeo realizado en la Argentina por la consultora Ibarómetro, que determinó que el 58,2 por ciento de los entrevistados respondiera afirmativamente cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con que la mujer pueda interrumpir su embarazo en el primer trimestre de gestación. Sólo el 35 por ciento estuvo en contra, con el dato adicional curiosísimo extraído por la muestra, de que quienes aprueban la despenalización del aborto también suponen que la mayoría de los demás consultados la desaprueba. Demostración palpable de cómo funciona el fenómeno ya citado de "la espiral del silencio".

En las filas del kirchnerismo anida una porción de legisladores nacionales que aún no se anima a desafiar la amenazante posición eclesiástica, no obstante el declarado propósito misógino y antidemocrático de ésta. Y en cuanto al comportamiento partidario -que ciertamente es más grave-, rehúye el debate parlamentario porque teme instalar una discusión política que -sospecha- no sería favorecida con el acompañamiento generalizado.

Es cierto que el mismo viejo recelo atraviesa todo el arco político argentino. La singularización, en este caso, del kirchnerismo, se debe a que hay un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto que duerme el "sueño de los justos" en el Congreso, mientras que desde hace casi diez años se viene demostrando que los proyectos que inexorablemente se convierten en leyes son los que impulsa la bancada del Frente para la Victoria. No es ocioso deducir que, con el apoyo de aliados siempre dispuestos a acompañar, el kirchnerismo volverá a ser eficaz y podrá por sí solo sancionar en poco tiempo esta ley necesaria para que, sin demora, la sociedad argentina confirme el lugar de vanguardia mundial que ocupa en materia de derechos humanos. En el mismo sentido, habrá de esperanzarse con que la Presidenta se avenga a la posterior promulgación de la ley, ya que pese a su encomiable conducta republicana existe la sospecha de que ella no comparte aún darle impulso a esta imprescindible legislación.

Por otro lado, no sería la primera vez que el kirchnerismo emprendiera en el Congreso un embate contra los molinos de viento, ni el primer caso llevado adelante pese a no haber sido promesa de campaña o a la temeridad de enfrentarse contra el statu quo de lo "políticamente correcto". En variados temas que otrora eran tabúes, la Iglesia católica ya no ejerce el predominio político de antaño, aunque es ostensible que en el caso que nos ocupa juega su última estratagema terrenal en la privacidad religiosa de cierta feligresía pusilánime, que parece tenerle más miedo al amenazante infierno del más allá que a incurrir en la concreta deshonra pública ante mortales de esta vida.

El respeto por las más diversas creencias religiosas de los ciudadanos de la Argentina es preservado por la Constitución Nacional, aunque todavía comete el exceso de sostener oficialmente en su artículo 2 el culto católico apostólico romano, rémora inadmisible de un liberalismo decimonónico. Para los pocos o muchos ciudadanos no creyentes de nuestro país -entre los que me cuento desde muy joven-, también resulta francamente discriminatoria esta reformada carta magna, sobre todo por dos razones: concede demasiado atributo institucional a un solo credo, y si bien el artículo 14 consagra la libertad de cultos, nada expresa acerca de los que no profesan ninguno.

Debatir la legalización del aborto y sancionar una ley que otorgue a la mujer libertad, seguridad y gratuidad para disponer del derecho a interrumpir su embarazo, desterrará el más retardatario de los envilecimientos con que la Iglesia católica somete aún a esta sociedad. Por lo tanto, el instrumento partidario del que se ha valido el proyecto político en vigencia para ejecutar la elocuente transformación de los últimos años, debe remover reticencias propias y ajenas para afrontar el desafío al que ahora lo coloca su incesante impulso liberador.

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