La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía y a cargo de Federico Bocco, dejó sin efecto la suspensión provisoria y preventiva de las antenas de TDA instaladas en territorio provincial, para dar un plazo de 60 días a AR-SAT en los que deberá completar los requisitos que fija la ley cordobesa para las instalaciones de este tipo, contempladas en la Ley General del Ambiente (N° 7343) y su Decreto Reglamentario (N° 2131). Por otro lado, el mismo miércoles 13 el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar a la cautelar solicitada por AFSCA y ordenó levantar la suspensión pero por 90 días, con lo que da plazo a la Secretaría de Ambiente para hacer sus observaciones.

De esta manera se supera lo que representó un obstáculo para la población de esa provincia en su acceso a derechos básicos ligados a la comunicación. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) fue el organismo encargado de tramitar el recurso de amparo ante la justicia federal por cuanto es su función garantizar el acceso ciudadano a los medios en sus distintos aspectos: la libre elección de los medios con los que quieran informarse, el derecho a recibir distintas opiniones y a beneficiarse de la libre competencia entre oferentes, así como la protección de sus intereses económicos, ya que el servicio de TDA es gratuito para toda persona que cuente con un conversor. La defensa de estos derechos se basa en la Constitución Nacional y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.

La decisión del Ejecutivo cordobés se tomó en contra de demasiados actores sociales comprometidos con lo público, la producción audiovisual y la defensa de la gratuidad frente a los intereses corporativos.

Lo público está primero

El coordinador general del Consejo Asesor de TDA, Osvaldo Nemirovsci, en ocasión de las primeras clausuras, había hablado del público cordobés como rehén de las aspiraciones políticas de un gobernador que busca el conflicto como vía de posicionamiento político. Desde los rectorados de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María se cuestionó la clausura de lo que definieron como “una de las herramientas tecnológicas fundamentales para brindar condiciones para el cumplimiento de la ley [de Servicios de Comunicación Audiovisual], fundamentalmente el cambio de concepción que permite considerar el pasaje de la población en tanto destinataria de un servicio comercial a ser titular de un derecho al cual puede acceder de manera gratuita”. La decisión también mereció el repudio de las diversas organizaciones y representantes provinciales que se agrupan en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFecA), quienes la consideraron contraria a la democratización de la comunicación.

Producción audiovisual negada a la audiencia

Son más de 20 las señales que se transmiten actualmente por la TDA. Estas señales cubren un abanico temático que abarca la cultura, el deporte, las noticias, el espectáculo, etcétera. Algunos de estos canales privados se transmiten también por la TV analógica, como Canal 9, C5N o A24; otros nacieron ya destinados a la plataforma digital, como Arpeggio o Suri TV. Uno de los objetivos de ampliación de la producción audiovisual que se cumple a través de este sistema es el de integrar a otros sectores sin fines de lucro a la comunicación. Las universidades públicas (que en Córdoba son tres: Córdoba, Río Cuarto y Villa María) tienen un rol fundamental en esta incorporación. “La Universidad Nacional de Córdoba tiene un multimedio público universitario compuesto por dos radios, una FM y una AM, y dos canales de televisión, Canal 10 y CBA 24N. Canal 10 se emite por aire y también por TDA y CBA 24N es el primer canal de noticias digital del interior del país que se lanzó hace un año y medio y se emite por TDA mediante la antena ubicada en el cerro Mogote. Además, la UNC coordina el Nodo Audiovisual Tecnológico, dependiente del Polo Centro, donde se producen contenidos para la TV digital”, explica a modo de ejemplo la licenciada María José Quiroga, prosecretaria de Comunicación Institucional de la UNC.

La gratuidad como eje del conflicto

Nuestro país avanza a paso rápido hacia el objetivo del apagón analógico fijado para 2019. Se trata de la eliminación del sistema analógico que ha utilizado la televisión durante más de medio siglo y que debe ser reemplazado, según el consenso internacional, por el sistema digital. La elección del sistema brasileño-japonés, que abarató costos, y la adopción por parte del Estado de esta tarea, bajo la impronta del reconocimiento del derecho a la comunicación, han hecho que los tiempos previstos se aceleraran. La cobertura de las antenas instaladas supera hoy el 80% del territorio nacional, por lo que es probable que se alcance dicho apagón mucho antes del fin de la década. Esto implica un beneficio para un sector, que es la población destinataria del sistema, y una pérdida de posiciones para quienes hasta hoy brindan un servicio pago a quienes no tienen alternativas: “Las distintas localidades del interior provincial -por la particular topografía del terreno cordobés- no reciben las señales de aire. La instalación de las antenas, por ejemplo en Río Cuarto (donde no se recibe ningún canal por aire, salvo los locales) les permitiría contar con la emisión de Canal 10, y de los canales privados (12 -Canal 13- y 8 -Telefe- ) si eventualmente se subieran a la TDA”, continúa Quiroga.

La fallida clausura de las antenas, que afectó a medio millón de televidentes, apuntaba a favorecer al proveedor de cable monopólico en la provincia: Cablevisión, del grupo Clarín. Se trató de una jugada de innegable intención confrontativa, ya que el gobernador José Manuel de la Sota se mantiene enfrentado al gobierno nacional y, en el contexto actual, las pretensiones electorales de quienes se ubiquen en la oposición van a atadas al mayor o menor vínculo que puedan establecer con los intereses de  Clarín.

El Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC) es una asociación sin fines de lucro, formada y financiada por un conjunto de canales de televisión de paga. Esta entidad presentó en 2012 un relevamiento sobre la penetración de la TV paga en cada provincia argentina. Según el informe, en Córdoba, entre más de 3 millones de personas que conforman 1 millón de hogares, casi todos con TV, cerca del 75 por ciento cuenta con algún tipo de servicio de televisión paga. Este es el mercado que se disputan, por un lado, un sistema basado en el criterio del pago como requisito para ver programas y, por el otro, una política pública que entiende la comunicación como un derecho.