A casi un año de su sanción, la aplicación de la Ley IVE tiene trabas institucionales

Sociedad

"Procesamos y analizamos información pública en materia de acceso a la IVE e ILE en todo el país y estudiamos el contexto sociosanitario y jurídico en el que se materializan las políticas públicas", explicó a Télam la socióloga e investigadora de Cedes, Silvina Ramos. Sobre esta base, se identificaron "inequidades, barreras al acceso al aborto y, también, oportunidades para la acción".

El informe releva a 25 894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar que accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público entre enero y junio de 2021. La tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones.

En CABA, la tasa es de 5,6 y en Tierra del Fuego es de 4,3, mientras que en Chaco es 0,9, y en Formosa, 0,6. La nacional se ubicó en 3,2, tomando solo datos oficiales, "lo que significa que 3 de cada 1000 mujeres tuvieron un aborto en el primer semestre de 2021", detalló Ramos. La tasa mendocina es de 2,8.

Fuente: Proyecto Mirar

El informe analizó el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de cada persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive (IVE) sin tener que compartir motivos, y a partir de la semana 15, en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (ILE). Además de estudiar el mapa sociosanitario del país en materia de indicadores vinculados a las políticas de aborto, Mirar "llama a impulsar el diálogo con actores estratégicos.

Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional", consideró Mariana Romero, médica e investigadora del Cedes. Entre sus conclusiones, el informe precisa que “la evolución positiva de los egresos hospitalarios por aborto permite también hipotetizar que el acceso al aborto seguro ha ido mejorando en Argentina en los últimos años, muy probablemente como consecuencia del acceso al misoprostol, la respuesta favorable que muchos equipos de salud han venido dando al aborto desde hace ya varios años (aplicando las causales para el aborto) y las acciones del sector comunitario”. 

Por eso, sostienen que de ahora en adelante se podría profundizar la ampliación del acceso al aborto y reducir las desigualdades entre las distintas jurisdicciones, como consecuencia del avance en la implementación de la Ley 27610.

Fecundidad adolescente y embarazos no intencionales

Entre 2010 y 2020, en América Latina, la tasa de fecundidad en adolescentes (TEFA) se redujo de 65,6 a 60,7, es decir, el 7,47 % en una década. En Argentina, la TEFA se ubica por debajo del promedio de la región y mundial. De hecho, entre 2015 y 2019, nuestro país logró reducir más de 20 puntos la fecundidad adolescente tardía, probablemente debido al acceso a métodos anticonceptivos e ILE/IVE. Sin embargo, la TEFA temprana –de 10 a 14 años– está ligada a factores como el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, y no muestra una tendencia significativa de cambio. 

Según el informe de Mirar, en 2019, 10 jurisdicciones tenían la TEFA por encima del promedio nacional; tres de ellas  –Chaco, Misiones y Formosa–, 1,5 veces mayor que la TEFA tardía nacional. La TEFA temprana más alta corresponde a Misiones y Formosa, que triplican la de CABA, jurisdicción con la tasa más baja.  

En 2019, seis de cada 10 adolescentes y mujeres de entre 10 y 49 años cuyos partos fueron en hospitales públicos reportaron ese embarazo como no intencional. El estudio releva que en 23 de las 24 jurisdicciones, “la mitad de las adolescentes y mujeres puérperas reportaron ese embarazo como no intencional” y nueve provincias superan el promedio nacional. 

Fuente: Proyecto Mirar

Sobre el seguimiento del proyecto Mirar

Para construir un sistema de información que permita monitorear la aplicación de la Ley IVE, la iniciativa analizó datos oficiales, como las consultas realizadas a la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación facilita información en los casos necesarios sobre los centros de atención en todo el país y, en coordinación con las provincias, remueve barreras de acceso.

De enero a junio de este año, se iniciaron seguimientos de situaciones a partir de 10 529 contactos telefónicos realizados, aunque no necesariamente todos terminaron en interrupciones del embarazo, con una alta tasa de resolución de las consultas. El equipo de Mirar detectó que no hubo una tendencia significativa al aumento en el número de llamadas o seguimientos durante los primeros seis meses del año, lo que puede tener que ver con que este canal "no fue todavía lo suficientemente difundido".

Un dato relevante es que la cantidad de insumos –misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos– que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18 820 y 18 590 unidades respectivamente.

El paso que sigue es observar el comportamiento de este indicador para dar cuenta de la respuesta de la política sanitaria y crear condiciones de acceso a la provisión de abortos con buenos estándares de calidad, señaló el reporte. También "indica la necesidad de difundir más aún los alcances de la ley, de tal forma que las personas con capacidad de gestar de todo el país sepan a dónde acudir para obtener un aborto seguro".