La situación de las mujeres en el mercado laboral es más desfavorable que la de los varones y los números pueden verse en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Es lo que hicieron Valentina Ledda (Conicet e Instituto de Trabajo y Producción de la UNCUYO) y Belén Paz (Área de Políticas Públicas de la UNCUYO) para elaborar un informe en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que detecta mayor desigualdad en Mendoza. En el artículo, sugieren una lista de políticas públicas para revertirla, pero, en diálogo con Unidiversidad, reconocen que no hay posibilidad de implementarlas si el Gobierno niega la inequidad. No es un tema económico, sino de prioridades en la distribución de recursos.

El informe "Mujeres en el mercado de trabajo en Argentina y Mendoza" recoge los tres primeros trimestres de 2023, reflexiona sobre el mercado de trabajo en los aglomerados urbanos de todo el país y los compara con los del Gran Mendoza. La menor participación histórica de las mujeres en el mercado de trabajo se refleja en menores tasas de empleo y mayores tasas de desocupación y subocupación. No solo es así en el último año, sino en la tendencia histórica, recogida también en el artículo.

La reducción generalizada de la tasa de actividad que significó la pandemia se recuperó progresivamente hasta alcanzar los niveles previos. Pero, además, las mujeres registraron la tasa de actividad más alta en las dos últimas décadas, por encima del 50 %, aunque siempre alrededor de 20 puntos por debajo de los varones. De todas maneras, las investigadoras abren una alerta en este punto: la incorporación de la fuerza de trabajo femenina refleja un intento de suplir la marcada caída de los ingresos en los hogares, en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Los números representan un promedio y cada lugar tiene su especificidad. En nuestra provincia, los datos de subocupación son menos alentadores aún. La subocupación nacional disminuyó después de la pandemia y en 2023 se ubicó en 10,1 en general –8,1 para los varones y 12,6 para las mujeres–. Sin embargo, en Mendoza no solo creció, sino que superó ampliamente la nacional, con 16,5 en total, 12,9 en la población masculina y 21,1 en la femenina.

La tasa de subocupación representa a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas externas, pero están dispuestas a trabajar más horas. En el Gran Mendoza, explican las investigadoras, esta aumentó en términos generales, aunque disminuyó para los varones. ¿Por qué? El incremento, en realidad, se explica por el aumento de la subocupación femenina: el 20 % se inserta en actividades que no superan esa carga horaria, aunque quisieran.

La desigual distribución sexual de las tareas de la casa es uno de los fenómenos más problemáticos. Es que a las mujeres les resulta difícil compatibilizar un trabajo de mayor carga horaria con los deberes del hogar y la familia, que recaen mayoritariamente en ellas. Es lo que se llama “brecha de cuidados”. Por eso, al ingresar al mundo laboral, acceden a ramas más lábiles y precarias, como el trabajo doméstico, el comercio, servicios personales o de cuidados.

Lo mismo sucede con la desocupación. Aunque aumentó en 2020 y descendió en el periodo pospandemia al número más bajo de los últimos ocho años, siempre son las mujeres las perjudicadas. En la brecha, siempre están algunos puntos arriba, y más aún en nuestra provincia. Es decir, en 2023, la desocupación nacional para los varones fue del 5,8 y, en las mujeres, del 7,2, mientras que en Mendoza fue del 4,3 para ellos y del 6,7 para ellas.

Teniendo en cuenta que las políticas públicas tienen la posibilidad de compensar, aumentar o reducir las desigualdades originadas en otros ámbitos, Belén Paz y Valentina Ledda enumeran una serie de recomendaciones para revertir la inequidad. Las acciones que cualquier gobierno lleve a cabo no deben ser neutrales en cuanto al género, aseguran, sino que deben incluir esta perspectiva.

Sobre esta base, pensaron políticas que tienen que ver con el reconocimiento y la redistribución de las tareas de cuidados, la provisión de sistemas de cuidado integrales tanto para las infancias como para personas adultas mayores y políticas de conciliación laboral con estas tareas. Incluyeron “políticas de protección frente a la crisis, ya que las mujeres son más vulnerables por su inserción laboral. Esto significa orientar recursos para extender transferencias monetarias y reforzar su prestación, como así también generar mayores recursos de protección laboral”, explica Paz.

Sin embargo, las dos investigadoras aseguran que no es factible implementar políticas públicas contra las desigualdades de género en este contexto. “No tiene que ver con la disponibilidad de recursos económicos, con el déficit fiscal o la emisión monetaria, sino más bien con la definición de las prioridades, que se ve básicamente en la distribución de los recursos públicos”, agregó. No hay dato sobre actividad, subocupación o desempleo que alcance si el punto de partida es un Gobierno que no reconoce esas desigualdades.