La situación del trabajo infantil en Mendoza

El Gobierno de la Mendoza ha dado acabadas muestras de su intención de poner fin a la problemática del trabajo esclavo, que en gran  parte contemplala explotación infantil.  Así lo reflejan las distintas medidas que han ido implementándose en los últimos años, además de los mensajes de carácter“inflexible”que el propio gobernador Francisco Pérez ha dirigido a los empresarios del agro en los que advierte que “no habrá  excepciones para aquellos que no se ciñan a la ley”.

En este marco, resulta un instrumento clave la reciente aprobación en el Senado de la Nación del proyecto que modifica el Código Penal al agregar el artículo 148 bis. El mismo establece que será reprimido con prisión “de uno a cuatro años” al que “aprovechare económicamente” el trabajo de un “niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave” .

Es necesario destacar que la norma no penaliza a los padres de los niños que sean encontrados en situación de explotación, sino que se focaliza principalmente sobre el empresariado.  De lo contrario, la medida terminaría criminalizando la pobreza y no atacando sus raíces, ya que estas situaciones se dan en un contexto de extrema vulnerabilidad de las familias involucradas.

Hasta el momento las infracciones detectadas recibían sanciones de carácter más bien económico - como multas o quita de beneficios tributarios –y no apercibimientos verdaderamente ejemplificadores en tanto contemplen la gravedad de estos hechos que terminan convirtiéndose en la lamentable realidad de miles de niños, niñas y adolescentes del país.

En Mendoza no hay datos sistematizados que permitan conocer cuantitativamente la gravedad de la problemática. Sin embargo se estima que se ubica entre las provincias que presentanmayor cantidad de niños y adolescentes en situación de explotación laboral, según informes oficiales. Esto debido a su matriz económica, basada fundamentalmente en el agro. Y por la consiguiente tracción de trabajadores golondrinas que esto genera. 

La existencia de estadísticas oficiales permitiría optimizar el trabajo que se realiza desde distintos frentes – tanto a nivel gubernamental como desde las organizaciones sociales – porque aportaría una radiografía de la realidad de la problemática, lo que habilitaría un “el planeamiento de un verdadero trabajo integral entre las distintas partes”, considera Carmen Rodríguez, inspectora de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia y especialista en la materia.

En este sentido explica que lo que se ha venido realizando en Mendoza “es una suma de acciones tendientes a combatir el flagelo”, pero que para se hagan completamente efectivas“ es necesaria una mayor articulación entre ellas”. Como así también destacó la importancia de “medidas más disciplinadoras que recaigan sobre los principales responsables de la explotación infantil: los empresarios”, por lo que celebró la sanción de la nueva ley que se orientará en esa dirección.

La referente dio cuenta de que la lucha contra el trabajo infantil a nivel gubernamental comenzó a configurarse a partir de 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pero que desde ese momento ha marchado a pasos muy lentos, debido a los múltiples factores que abarca – culturales, económicos, sociales y políticos.

En el caso local,  durante el  gobierno de Julio Cobos, se empiezo a constatar la explotación de menores trabajando en fincas para las cosechas de uvas, ajos, tomates, zanahorias, aunque no se aplicó ninguna sanción sobre los explotadores. “Simplemente se los advertía para que terminaran con la práctica, pero las situaciones permanecían impunes”, explica.  Ya bajo el mandato de Celso Jaque se empieza a tomar el tema como una política de estado, queluego seirá profundizando con la gestión del gobernador Francisco Pérez, según detallaRodríguez.

Es en 2008 cuando la Subsecretaría de Trabajo multó por primera vez a un productor tras haberse detectado en su campo niños y niñas trabajando.  A esa medida le siguieron muchas más, que hoy permiten asegurar que la lucha por la erradicación del trabajo infantil se viene profundizando, aunque restemucho por hacer.

Uno de los ejemplos más significativos lo constituye la  creación en la Subsecretaría de Trabajo del área de inspecciones, destinada a recibir denuncias para luego desplegar operativos sobre los lugares que hayan sido señalados como posibles campos o empresas donde se aplica mano de obra infantil o esclava. Rodríguez detalla que los inspectores, a través de estas acciones, ejercen el poder de policía de trabajo y trabajan semanalmente sobre todo el territorio provincial.En ocasiones deben sumar a los operativos a la policía rural para que estos se vean fortalecidos, ya que es común la resistencia al ingreso de las tierras por parte de los “empleadores”.

A principios de este año, un inspector del Valle de Uco – Ricardo Nasif- fue brutalmente agredido por los propietarios de un campo cuando el delegado descubrió un menor haciendo tareas de mantenimiento en unos corrales. En este punto, Rodríguez considera fundamental revalorizar y proteger desde estratos institucionales la figura de los inspectores, pues es “imprescindible que su trabajo se legitime socialmente para empezar también con el cambio cultural que requiere la temática”, opina.

“Lo que se ve cuando se realizan las inspecciones es que el trabajo a cargo de chicos está muy  naturalizado en el interior de las familias. Pero por una cuestión de necesidad, se trata de padres que trabajan sin ser registrados y por eso requieren de la contribución de sus hijos. Si esos padres gozaran de condiciones laborales dignas, puedo asegurar que no expondrían a sus niños a estas situaciones”, sostiene y celebra el hecho de que las penalizaciones recaigan directamente sobre los promotores de la explotación, quienes son lo que se benefician a costa de las condiciones aberrantes a las que se expone a los niños.

Para Rodríguez, la gravedad de esta “naturalización” es que no solo está presente en las familias y los empresarios, sino que también está arraigada en los mismos “funcionarios, representantes sindicales, maestros y trabajadores sociales destinados a combatirla”.Como ejemplo, recuerda que hasta no hace mucho tiempo las escuelas no contemplaban las “faltas o tardanzas” de los alumnos en las épocas de cosecha.

En este sentido, resalta el trabajo que viene realizando el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores Rurales) en la registración de los obreros rurales, porque la seguridad social abarca al grupo familiar, “no se trata solo de proteger o de brindar derechos al trabajador, hay que resguardar y dar derechos a toda la familia”.

La otra pata clave para esta política que se impulsa a nivel nacional, es el “Programa Buena Cosecha” puesto en marcha en 2010 a través del trabajo conjunto entre la nación, la provincia, los municipios, los empresarios, los sindicatos y las organizaciones de  la sociedad civil.

El proyecto, que ha ido creciendo cada año, tiene como objetivo  contener a los hijos de hasta 15 años de los trabajadores en centros socioeducativos donde se les brinda alimentación, educación y recreación, durante la jornada laboral de sus padres.  “Principalmente surge como respuesta a familias de trabajadores golondrinas que llegan a trabajar estas tierras y al no tener donde dejar a sus chicos los llevan a trabajar con ellos, o carecen de otras posibilidades que no sea la de dejarlos al resguardo de algún hermano mayor”, asegura Rodríguez, “lo que en definitiva los sigue dejando expuestos a todo tipo de peligros”.

El crecimiento que ha tenido el programa en los tres años que lleva de puesta en marcha ha sido notable. Comenzó trabajando con 750 chicos, y hoy alberga 5300. De 20 centros que se instalaron en 2010, se ha llegado a 106 en la actualidad, los que se distribuyen en trece departamentos de la provincia de acuerdo a las realidades particulares que presentan: Guaymallén, Las Heras, Maipú, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, General Alvear, San Rafael, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

En tanto, en 2011 se aprobó la Ley Provincial 8.374, que establece la quita o la imposibilidad de acceso a beneficios fiscales, financieros y económicos a los empleadores que registren antecedentes por sanciones laborales de carácter "muy grave", entre ellas, por explotación infantil. La norma es “muy positiva porque es una forma directa de que la provincia no avale esta problemática”, considera la inspectora, aunque reconoce que los trámites administrativos en los casos en que detecte infracciones suelen ser “muy largos y engorrosos, por lo que en algunas ocasiones quedan en la nada”. “Es que las empresas por lo general están muy bien armadas con equipos de abogados que a veces tienen el poder de dejar impunes los casos”.

Reconoció que en ocasiones los empresarios multados vuelven a reincidir, porque prefieren pagar esos costos a perder la principal fuente de sus beneficios económicos, que es, precisamente, la mano de obra esclava. Ante esto, destaca una vez la posibilidad que habilita la reciente norma de penar a los victimarios.

De todas maneras, Carmen Rodríguez explica que el camino hacia la erradicación del flagelo ya está iniciado y que a esta altura es muy difícil volver atrás. Cuenta que en las cosechas de uvas es donde más se ha avanzado, pues en la actualidad no es frecuente detectar niños trabajando. No así en los empaques de ajos, uno de los principales sectores de la explotación infantil en Mendoza. En este punto resalta la mayor concientización que ha ganado el sector empresarial respecto al trabajo esclavo, por eso asegura que es el momento de redoblar esfuerzos.

Ante este panorama y además de celebrar la nueva ley penal, la especialista sugiere que se debe avanzar en la integración de las distintas áreas y ámbitos desde lo que se combate el flagelo, así como también en la generación de estadísticas oficiales. Considera además, fundamental el trabajo educativo y cultural para desnaturalizar esta problemática. Buenas medidas en este sentido serían la capacitación a docentes y miembros de los gabinetes psicopedógicos de las escuelas para detectar el trabajo infantil y proceder sobre estas situaciones.

Así también como el tratamiento mediático que se le otorga a la problemática. “Cuando se detectan situaciones de trabajo esclavo o infantil se incurre en el grave error de publicar la noticia en las secciones destinadas a los hechos policiales. Esto simplemente termina por criminalizar la pobreza y naturalizar esta realidad. Es menester que se aborde desde una perspectiva social y política”, sostiene.

En torno a las consecuencias que depara la explotación laboral en los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de ella, Carmen Rodriguez enumeró: graves secuelas físicas, retrasos en el aprendizaje, traumas psicológicos, y todas las posibilidades de que estas situaciones se reproduzcan cuando estos chicos formen sus propias familias. “Terminan tan desbastados de jóvenes que no les queda otra salida que recurrir a la fuerza de trabajo de sus hijos para subsistir en el futuro”, expresó.

Asimismo, la especialista no quiso dejar de hacer referencia a la otra realidad “lamentable” a la que la provincia debe hacerle frente, pero que desde la Subsecretaria de Trabajo no se posee competencia: “el trabajo infantil invisible”, en referencia a los chicos que todavía mendigan en las calles céntricas o que trabajan en tareas domésticas puertas adentro de sus hogares.  

Más datos

Las modalidades del trabajo infantil más comunes en Mendoza son el rural - cosecha de uva, tomate, zanahoria, cebollas, ajo; labores en los galpones de empaques; tareas de mantenimiento en fincas. El trabajo en la industria – tareas de construcción y desempeño en los hornos  de ladrillos, en el sector de la madera, en el rubro mecánico y metalúrgico. Y el trabajo urbano - recolección de cartones, cuidado de coches, limpiavidrios, mendicidad, remoción de la basura-.

Respecto a los departamentos donde mayores casos de explotación infantil se han detectado y a las principales tareas que desempeñan, el siguiente listado:

Las Heras: Hornos de ladrillos; cosecha de papa, tomate y uva.

Luján: Cosecha de cebolla, tomate, uva y zanahoria

Tupungato, Tunuyán y San Carlos: aserraderos; cosecha de papas tomate, zanahorias y empaque de ajos, frutas, nueces.

Guaymallén: Aserraderos; empaques de frutas, ajo, nueces, cosecha; lavadero de zanahoria.

Maipú: Aserraderos; olivare;  empaques de ajo y nueces; cosecha; lavadero de zanahorias.

San Martín: Olivares;  aserraderos; cosecha tomate y uva;  empaque de fruta.

Junín: Olivares; aserraderos;  cosecha de uva; empaque de fruta.

Rivadavia: Aserraderos; cosecha tomate y uva; empaque de fruta.

Santa Rosa: Cosecha de frutas, tomate y uva.

Para denuncias telefónicas comunicarse al 102 o al 0800 -222- 8727