La situación judicial del exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido disparó la discusión por una reforma de la Ley de Fueros, que tanto Cambiemos como el Frente Renovador pretenden modificar, aunque con distinto grado de alcance. El debate surgió la semana pasada, cuando Cambiemos avanzó con un dictamen de comisión para autorizar el allanamiento al domicilio y las oficinas de De Vido, en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

El proyecto de resolución impulsado por el macrista Pablo Tonelli le da vía libre al juez Luis Rodríguez, quien frenó el allanamiento porque el diputado, a través de su abogado defensor, se amparó en sus fueros. El oficialismo intentó aprobar la iniciativa en el recinto en dos oportunidades, pero en ambas fracasó por no reunir la mayoría de votos necesaria, debido al rechazo del Frente para la Victoria y otros legisladores, como Margarita Stolbizer (GEN).

Lo cierto es que, en la vía de una interpretación constitucional sobre las inmunidades de las que gozan los legisladores, Cambiemos impulsará en los próximos días una reforma de la Ley de Fueros, con el fin de evitar episodios como el de De Vido. Sucede que el artículo primero de esta norma indica expresamente que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Esto significa que, si un magistrado decide tomar esa medida, debe contar con la autorización del pleno de la Cámara de Diputados o del Senado, según corresponda.

Por eso, el PRO presentó un proyecto con el fin de eliminar directamente ese último párrafo, y así despejar el camino a cualquier juez para allanar domicilios de un legislador –que, por otra parte, sí continuará teniendo inmunidad de arresto–. La iniciativa macrista, a la que accedió parlamentario.com, lleva las firmas del jefe del bloque, Nicolás Massot, y la secretaria parlamentaria, Silvia Lospennato.

En los argumentos, los diputados sostienen que esa exigencia puesta hoy al juez para allanar “no solo excede las previsiones constitucionales, al crear una inmunidad no prevista en nuestra Carta Magna, sino que ata de pies y manos a los jueces, tornando ilusorias las medidas que el juez en ejercicio de facultades jurisdiccionales debe adoptar a fin de investigar supuestos ilícitos, atentando contra los tiempos de las investigaciones judiciales”.
 

Otras iniciativas

Existe además un proyecto previo de Graciela Camaño (Frente Renovador), que también modifica el artículo primero de la Ley de Fueros, pero de manera más tenue. El texto establece que, para allanar, el juez no deba pedir autorización del recinto, pero sí del presidente de la respectiva Cámara, una redacción que en el PRO reconocen como “menos violenta”. “Al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas deberá comunicar de tales medidas al presidente de la respectiva Cámara, quien debe estar informado de ello previo a llevárselas a cabo y guardar reserva de las mismas hasta tanto se hagan efectivas”, dice el proyecto.

“Este es un debate que se tiene que dar en el corto plazo”, confió ante parlamentario.com una alta fuente del interbloque Cambiemos luego de la sesión de este miércoles en Diputados. La Ley de Fueros 25320 fue sancionada en el año 2000 en medio del escándalo por las coimas en el Senado y limitó los fueros de legisladores, jueces y funcionarios, en un debate que tuvo como una de sus protagonistas a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien coincide en la necesidad de la reforma.

Esto dice la ley: