Fue larga la lucha de las sufragistas y las socialistas que culminó con el reconocimiento del voto femenino de la mano de Eva Duarte en 1947. Han pasado 72 años desde que las mujeres conquistamos el derecho al sufragio, nos constituimos como sujetas políticas e iniciamos con ello la etapa en la que obtuvimos el derecho de votar y ser votadas. Si bien representó un gran avance, no significó per se la posibilidad de la representación política. El acceso de las mujeres a los diferentes poderes del Estado es, hasta hoy, un camino sinuoso.  

Nuestra participación en ámbitos públicos, en especial en la política, ha implicado enfrentar múltiples dificultades en un espacio históricamente androcéntrico, es decir, con valores culturales que privilegian lo asociado a lo masculino mientras devalúan todo lo codificado como femenino, sumado a que se nos asignaron "roles" vinculados con las tareas de cuidado y reproducción. Ello nos dejó por largo tiempo fuera de muchos ámbitos de participación y aún más de espacios de representación y decisión.

La directora de Políticas Públicas y Planificación de la UNCUYO, Fernanda Bernabé. Foto: UNCUYO.

En Mendoza, desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta la actualidad, según datos de la Plataforma de Información para Políticas Públicas (PIPP), UNCUYO-2017, la participación de las mujeres en nuestro Poder Legislativo pasó del 6,2 % al 45,8 % de escaños en la Cámara de Diputado/as y del 5,2 % al 36,8 % de escaños en el Senado. Este proceso de participación y representación ascendente se debe a que, en 1991, se sancionó la Ley N.° 24012, llama de Cupo Femenino, presentada por la diputada mendocina Margarita Malharro de Torres, que obligó a los partidos políticos a cumplir un cupo del 30 % de mujeres en lugares relevantes en sus listas.

Esta ley surgió como respuesta a las desigualdades de género. El mismo espíritu tienen la Ley N.° 27412 de Paridad de Género, sancionada en 2017, y la reforma del artículo 17 de la Ley Electoral Provincial N.º 2551, que nos otorga la paridad de género, sancionada en 2018. Estos instrumentos de equidad han sido producto de la lucha y el liderazgo de mujeres comprometidas con sus pares.

Las normas han sido importantes en este proceso, pero modificar la cultura organizacional, específicamente la de las organizaciones políticas, implica una serie de acciones de sensibilización y promoción de derechos, entre otras, que exceden lo normativo para que efectivamente las mujeres puedan ejercer roles esenciales de poder. Para muestra basta un botón: tan solo hace algunos años tuvimos nuestra primera rectora mujer en la UNCUYO, María Victoria Gómez de Erice; en 2015, nuestra primera vicegobernadora, Laura Montero, y una sola mujer llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Aída Kemelmajer de Carlucci.

Finalmente, la participación de mujeres en las listas no es condición suficiente. Deben ser mujeres con perspectiva de género, con afán de transformar el espacio público mejorando la calidad del debate y las decisiones, aportando otras formas de saber, hacer y ser en la política. En fin... fortaleciendo la democracia en clave feminista.

Hoy la paridad no solo aumenta la participación de las mujeres: da la oportunidad de que la sociedad toda, en conjunto, avance con mejores alternativas de soluciones a los retos públicos que se plantean, ya que las miradas de hombres, mujeres y disidencias son complementarias, necesarias y generan una sinergia que debe ser potenciada.