Si bien el especialista considera que el gobierno Nacional tardó mucho tiempo en plasmar un nuevo modelo de seguridad, reconoce que a partir de la constitución del Ministerio de Seguridad de la Nación la transformación estaría dando sus primeros pasos. En este sentido destaca el impulso de políticas tendientes a democratizar las fuerzas de seguridad y a atacar las causas del delito más que a los efectos. Esto como consecuencia de que el poder político comience a responsabilizarse en el tema, y las cuestiones de seguridad poco a poco cesen de ser entendidas como un tema estrictamente policial.

Con la intención de profundizar su análisis sobre el actual paradigma de la seguridad y los desafíos a los que se enfrenta,  Appiolazza, con destacada experiencia en la temática, delinea los modelos que lo antecedieron. En ese recorrido histórico advierte que a nivel provincial se hace prioritario optimizar la formación de futuros técnicos políticos en el ámbito de la seguridad y la actualización de la información acerca de los cambios ocurridos  en las lógicas y las formas del comportamiento delictivo.

El investigador, quien además coordina el Diplomado de Seguridad Democrática que se dicta en la UNCUYO, propone la participación integral de la comunidad, el ámbito académico y los medios de comunicación en la elaboración y aplicación de políticas de seguridad que sirvan de cimiento para una sociedad “más armónica y más igualitaria”.

A continuación las respuestas que a modo de reflexión y aporte brindó el entrevistado con la intención de promover una seguridad basada en principios verdaderamente democráticos.

¿Podés hacer un recorrido por los principales modelos de seguridad aplicados en el país en las últimas décadas?

Los comisarios políticos que respondían al poder conservador de la década infame, fueron suplantados por un modelo profesional y centralizado durante los años del peronismo. Luego, comenzó a calar la Doctrina de Seguridad Nacional que asimiló las fuerzas de seguridad a la estructura militar de control del orden interno. Consideraba que el país sufría una amenaza externa que quería subvertir el orden social, expresado en movimientos políticos armados o pacíficos, actividad sindical, intelectuales y toda expresión de izquierdas.

Con la llegada de la democracia hubo avances tibios en materia de seguridad. Las estructuras policiales tuvieron una continuidad, pero sometidas a la investigación de las violaciones a los derechos humanos. En los años ’90, con la vuelta de las políticas neoliberales, hubo una profundización del modelo de control social y de orden público. Tenía su lógica: por un lado se reducían derechos económicos y sociales generando conflictividad social; en repuesta el gobierno aplicaba la fuerza del Estado. Por lo tanto, necesitaba mantener fuerzas policiales orientadas al control.

Con el empobrecimiento general y la destrucción de la trama social, las estructuras policiales empezaron a hacer crisis. No podían dar respuesta porque el viejo modelo de regular el delito a cambio de protección política ya no podía controlar proliferación de nuevos delincuentes y sus formas de operar. En ese modelo de “autorregulación policial” que no termina de superarse, las fuerzas de seguridad definían sus objetivos, prácticas, evaluación y financiamiento, responsabilidades políticas que les eran delegadas a cambio de que no hubiera escándalos. Pero la presión por el aumento del delito empezó a resquebrajar ese modelo al tiempo que las prácticas policiales se volvían ineficientes y excesivamente violentas. Es que no había existido una reformulación cultural y  doctrinaria de las fuerzas de seguridad acordes al paradigma de los derechos humanos.

¿Cuándo empieza a hablarse de un nuevo paradigma de derechos humanos? ¿Cómo comienza a instaurarse?

En el ámbito de Naciones Unidas, desde 1994, cuando se define qué es seguridad humana. Se dice que no puede haber seguridad sin derechos humanos y que la seguridad está estrechamente conectada con otras variables sociales. Esto tardará en llegarnos.

Las reformas policiales que se hicieron en Argentina a fines de los ‘90 en Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, tuvieron que ver con el agotamiento del modelo de delegación política. El aumento de la violencia social e institucional llevó a que los gobiernos empezaran a replantear el modelo de policías. Estas reformas policiales empezaron a ensanchar el campo de la seguridad, incluyendo otros actores que fácticamente ya estaban operando y tenían peso en el tema como parlamentos, organizaciones sociales, comunitarias y municipios.

Luego, con el colapso de 2001 el gobierno de Néstor Kirchner definió una línea clara en seguridad: no reprimir la protesta social. La idea es que la conflictividad social debe ser gestionada por métodos no violentos y no debe ser socavada o silenciada.  Fue lo único, ya que se mantuvo en las fuerzas federales el modelo de delegación y autogobierno policial. El gran salto lo da Cristina Fernández a partir del conflicto del caso Parque Indoamericano.  En ese momento se evidencia que el control de las fuerzas de seguridad no lo estaba ejerciendo el gobierno y que se mantenía un autogobierno de las fuerzas. Hay que destacar que en el marco de un proceso político que levanta las banderas de derechos humanos como uno de sus principales ejes de gestión no se podía eludir más la necesidad de democratizar las fuerzas de seguridad.

¿Cuáles creés que fueron las condiciones políticas para que se haya instalado también a nivel social el debate sobre la seguridad?

Desde los ’90 se empieza a instalar el temor. Entra con fuerza en la agenda mediática y política a fines de esa década, cuando se empiezan a quejar los varones de sectores medios y altos. Los diarios más vendidos le dan tapa a los crímenes contra gente de clase media muy simbólica: el caso del doctor, del ingeniero, ataques a familias enteras  o los casos de muertes de policías.

Hay un estudio de Estela Martini que muestra que en épocas electorales desde el ‘99 en adelante los diarios Clarín y La Nación sacan enfáticamente en primera plana más noticias sobre seguridad, lo que muestra que hay sectores económicos vinculados al negocio de la información que  presionan sobre la agenda política y la agenda pública con el asunto. Y claro, si presionas con una agenda de la seguridad, o sea del control, de inversión del control, estás desalentando una agenda de inversión en derechos económicos y sociales. Entonces, finalmente también es una presión respecto al modelo social que se está impulsando.

¿Y cuál es el desafío ante esta situación?

Creo que de un modo muy interesante, el gobierno Nacional pasa por arriba de estas demandas con las reformas que está impulsando la ministra de Seguridad Nilda Garré. Porque la solución no pasa por criminalizar a los sectores populares y aumentar las desigualdades sociales, sino en atacar los factores que estructuran el delito. El principal desafío es que el poder político se ponga en la vanguardia, defina cuál es la agenda de discusión incluso en desmedro de los sectores que ven la seguridad desde una lógica comercial.

Era necesario definir que un tema importante es la corrupción, que los funcionarios políticos electos democráticamente se tienen que hacer cargo del tema y dejar de delegar esas responsabilidades. El funcionario técnico, por ejemplo el policía, debe implementar los lineamientos que define el funcionario político en función de la voluntad popular plasmada en las urnas.

Otro tema es empezar a modernizar las instituciones. En los últimos años los cambios tecnológicos que facilitan la circulación de información, capital, personas y bienes, superan por mucho la capacidad de respuesta de organizaciones policiales y judiciales. Otro aspecto fundamental es el avance del crimen organizado que opera de manera global, descentralizada, especializada y muestra ineficientes los enfoques puramente normativos. La inteligencia en materia criminal suma entonces muchas más variables a considerar que el tradicional seguimiento de grupos. La falta de impacto debilita la credibilidad, solvencia de las instituciones y alienta formas de corrupción. Lo he visto de cerca en México, el crimen organizado paga mejor que el Estado, entonces la dignificación y profesionalización de los funcionarios policiales no pasa sólo por el sueldo sino por el prestigio social. Esto hay que ganarlo.

¿Existe una correspondencia de parte del gobierno provincial con las políticas de seguridad que se plantean desde la Nación?

Hay que entender que las definiciones y la implementación de las políticas en el tema seguridad tienen que ver con relaciones de poder. Hay veces en que la gestión política puede asumir  cualquier conflicto, y hay veces que no. La decisión política del actual gobierno fue la de cerrar frentes de conflictos y descomprimir el tema de la seguridad que tanto había recalentado Cobos. El respaldo político de los gobiernos de Mendoza  y la Nación son distintos. Entonces, no estoy en condiciones de asegurar si comparten o no lógicas políticas. Pero las crisis que viene representando el emergente de ciertas formas más complejas de criminalidad llevan a repensar instituciones y aspectos doctrinarios.

Lo que sí es evidente, es que las políticas nacionales son vanguardia en América Latina, aunque Kirchner y Cristina se demoraron mucho en encararlos a fondo. Yo hablo con investigadores o con funcionarios de distintos países que siguen con atención lo que está haciendo el gobierno nacional. Es de suponer que en la medida en que tenga impacto va a permear hacia las provincias.

¿Cuáles son las prioridades en materia de seguridad para Mendoza?

Primero la formación de cuadros técnicos políticos, porque quienes asumen las responsabilidades  de las gestiones de seguridad como funcionarios políticos deben estar formados en el tema. De lo contrario, van aprendiendo sobre la marcha basándose en juicios de otros. El diagnóstico situacional e institucional deben estar hechos por cada grupo técnico partidario para transmitir claramente la línea política que se ha expresado en las urnas y que asume el gobierno de seguridad.

Lo segundo se necesita información sobre las transformaciones en las lógicas y las formas de comportamiento criminal. Ésta debe ser una información producida no sólo desde las lógicas de la inteligencia sino con fuentes amplias: la comunidad, las instituciones de seguridad, el ámbito académico, incluso los medios de comunicación tienen la responsabilidad de analizar y producir estos análisis. Es paradójico que los mejores trabajos para entender las culturas criminales la están produciendo periodistas. No lo están haciendo ni las fuerzas de seguridad ni las instituciones académicas.

También es necesario apostar aún más a la inteligencia criminal. Las variables sociales del país han mejorado y disminuido ciertas formas de criminalidad. Pero las mejoras económicas potencian mercados ilícitos donde mandan distintas formas de criminalidad más compleja. Los robos de cables de cobre pueden ser utilizados para fabricar desinfectante para las viñas. La cocaína que se secuestrar es una porción de toda la que se trafica y consume. La venta de pastillas. De repuestos de autos. Hay una variedad de crímenes más complejos que avanzan en tiempos de bonanza y que exigen mayor capacidad analítica y operativa. Por eso, la formación de cuadros policiales profesionalizados es fundamental.

Entonces respecto a la formación aún no se han presentado avances…

Sí hay algunas decisiones en el Consejo de Seguridad Interior, en el ámbito del ministerio de Seguridad de la Nación que hace pensar que se está avanzando. Se progresaría hacia una lógica de formación menos encerrada o menos corporativa, mucho más abierta y más integrada con la comunidad académica. Es importante que la policía pueda relacionarse, interactuar y aprender de los avances de la comunidad. Pero hay que trabajar más aún para superar el modelo reactivo y orientar la profesión policial hacia la resolución de problemas dejando de en ocuparse del control del orden interno.

¿Y cuál es el rol de la universidad pública para llevar a la práctica una seguridad más democrática?

Desde su especificidad la universidad puede enfocarse en la formación de cuadros técnicos, políticos y de gestión. También tiene responsabilidad en varias provincias en la formación de funcionarios policiales. La universidad como elemento de integración y reflexión debe aportar elementos multidisciplinarios a la formación en un paradigma de derechos humanos. Debe investigar y tratar de entender las lógicas del funcionamiento de lo criminal que puedan alterar el orden democrático y la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto formar a la comunidad, porque la gestión de la seguridad democrática exige una comunidad activa, comprometida y militante en función del bienestar colectivo.

¿Cómo debe ser una correcta participación de la comunidad para no promover una cuestión reaccionaria entre los mismos vecinos?

Muchos de los espacios de participación comunitaria que se imaginaron en los ‘90 fueron para que los vecinos se volvieran informantes de las fuerzas de seguridad. No se lo puede restringir a eso: como ciudadano tiene derechos y también obligaciones de participar en el diseño, en la evaluación y en la implementación de algunos aspectos de las políticas de seguridad. También hubo espacios de participación comunitaria poco representativos donde solamente iban vecinos que querían denunciar a otros vecinos. Al poco tiempo quedaban vaciados y controlados por referentes partidarios que encontraban allí un espacio de visibilidad.

Lo que hoy se está planteando, y nuevamente me parece que desde el gobierno nacional se están dando algunos pasos positivos, es la necesidad de fortalecer y  formar a la comunidad. Involucrar a las organizaciones sociales en los espacios de discusión donde el tema de debate sea crear un modelo de cohesión, de integración y desarrollo local, colocando a la seguridad en una dimensión tangencial. El desafío de la comunidad debe ser construir una sociedad más armónica y más igualitaria.