Al analizar una realidad espacial, sea una región, un país o una provincia, no debemos olvidar de que existe una relación bidireccional entre economía y territorio (Méndez, 2008). Esto significa que, por una parte, las condiciones económicas afectan no sólo la estructura, sino también el dinamismo de los territorios.

Por ejemplo, aspectos como el número de empresas, sus características, estrategias y objetivos impactan sobre el volumen de puestos de trabajo, el grado de urbanización, o la gravedad de los impactos generados sobre el medio ambiente. Pero a su vez, el territorio es quien impone las condiciones para que éstas se instalen, favoreciendo o dificultando su desarrollo, su decisión de instalarse en determinados lugares y su deseo de asumir ciertos compromisos con la sociedad (responsabilidad social empresarial - RSE).

Esta relación entre economía y territorio se sustenta en la lógica de funcionamiento del sistema económico imperante en el territorio: el capitalismo. Bajo este sistema económico, la búsqueda del beneficio es el fin último de la empresa. Sin embargo, las empresas pueden adoptar ciertos “compromisos” con la sociedad, siempre que al hacerlo esto les reporte suficientes beneficios. Desde hace ya unos cuantos años se observa una tendencia de las empresas a asumir compromisos que van más allá de lo que la legislación les obliga, compromisos con los cuales sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y afirmen los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos, como en su relación con los demás actores sociales (OIT).

Este compromiso social parece haberse incorporado como una variable más a tener en cuenta en las decisiones, al menos, de las grandes empresas. Si asumir un compromiso social reporta beneficios a la empresa, entonces ¿por qué no asumirlos? Esto puede llevar a preguntarnos si realmente se precisa la intervención del Estado o cuál es el rol que el Estado debe asumir frente a esta realidad.

Sin dudas, el Estado no puede permanecer ausente en este proceso. El éxito de estos compromisos está sujeto al rol que asuma el Estado. Es el Estado quien debe dar señales claras y fijar las pautas en esta dirección, controlando y estableciendo un marco normativo adecuado para las actividades que desarrolla la empresa. Al mismo tiempo, debe fijar un mecanismo creíble de sanción en caso de que la empresa incumpla la normativa legal vigente correspondiente a su actividad. De lo contrario difícilmente la empresa contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental del territorio.