Con la llegada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se generó un fuerte posicionamiento del paradigma sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, especialmente en relación con los derechos humanos, de las mujeres, de la niñez y la adolescencia. Claro que esta ley solo se refiere a empresas del rubro audiovisual, por lo que deja de lado (y sin marco legal claro) a los medios gráficos y digitales que trabajan con la palabra escrita. Tal vez por ello, en esos espacios todavía se sigan reproduciendo muchos de los prejuicios y roles asignados a diferentes sectores de la sociedad.

Sumado a esto, encontramos que parte de la función comunicacional de estos medios (diarios tradicionales y digitales, blogs informativos, etc.) se potencia en las redes sociales. No solo aprovechan estos espacios virtuales para promocionar sus notas y los diversos contenidos que generan, sino que los utilizan para interactuar con su comunidad (es decir, su público).

En la actualidad no existe en la Argentina legislación específica sobre el accionar de personas y empresas en las redes sociales e Internet, más allá de las aplicadas a la vieja estructura de comunicación gráfica o de delitos comunes, como el caso de personas que instaron a los saqueos desde sus cuentas. Esto deriva en que el mundo digital se transforma en una tierra de nadie, donde la misma comunidad es quien regula su funcionamiento. No hay nada malo en ello, cuando se trata de personas cuya actividad tiene una trascendencia moderada. El punto se torna oscuro cuando son medios de comunicación reconocidos los que publican algo que no es real.

El caso del diario digital Mdzol.com es un claro ejemplo de esto, cuando “dando crédito a reportes de lectores que informaban en las redes sociales sobre un saqueo que se desarrollaba en Maipú”, como se excusaron desde el medio, publicaron un mensaje en su cuenta de Twitter que cuenta “con 42.211 seguidores”. El tuit en cuestión decía: “#Urgente empezaron los saqueos en Maipú ampliaremos mdzol.com” y, si bien fue rápidamente borrado y luego publicaron una nota de disculpa, no es la primera vez que sucede que en sus cuentas de redes sociales publiquen tuits o estados algo engañosos.

El repudio de la comunidad fue inmediato, especialmente porque en Mendoza no se estaban produciendo saqueos, pero la pregunta que queda es: ¿cómo se castiga este delito, teniendo en cuenta que es un medio de comunicación social? ¿La Justicia puede intervenir de alguna manera para proteger el bienestar de la comunidad? ¿Cuánto más de esta distorsión de la información debemos soportar como sociedad? Sin dejar de preguntarnos también qué tipo de periodismo ofrecen cuando basan sus tuits en “reportes de lectores que informaban en las redes sociales”.

Quienes trabajamos en medios de comunicación somos conscientes de la responsabilidad que conlleva nuestra profesión. Quienes, además, realizamos gran parte de nuestra labor en redes sociales sabemos que un tuit, una foto, una actualización de estado pueden transformarse rápidamente en “virales” e influir en el mundo real. Los perfiles de los medios en las redes sociales, no son un juego, son espacios de comunicación que permiten relacionarse con la comunidad y por ello debemos ser respetuosxs de lo que esa comunidad espera de nosotrxs.

Lic. Guadalupe M. Pregal

Administradora de Redes Sociales

Edición UNCUYO