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23 DE DICIEMBRE DE 2024
La autora es directora general del Instituto Tecnológico Universitario (ITU).
Foto: archivo Leandro Fernández para UNCUYO.
Escribo esta nota pensando en los jóvenes que se plantean, por estos días, la posibilidad de continuar estudiando. Escribo pensando en ellos, en ellas y en todos los estudiantes que se enfrentan a esta decisión. Me pregunto si, en el trajín de este momento, recuerdan o saben que nuestra Constitución Nacional establece que la educación es un derecho y, a la vez, una responsabilidad indelegable del Estado. Este deber del Estado se ve reflejado en que, a lo largo y ancho de las diferentes regiones de nuestro país, existan 57 universidades nacionales: públicas, laicas y no aranceladas.
A ellas y ellos quiero contarles que elegir una carrera pública implica asumir la responsabilidad ciudadana de estudiar en una institución que es financiada, justamente, con fondos públicos. Esto quiere decir, con el aporte de los miembros de la sociedad, que de este modo contribuyen al futuro personal de quienes se forman en la Universidad, pero también apuestan –y esperan– por la construcción de conocimientos socialmente relevantes para su comunidad.
Por esto, la decisión sobre la que están reflexionando en este momento abarca diferentes compromisos: los ligados al esfuerzo por obtener un buen desempeño académico, como el cuidado por los bienes públicos, ya sea por aquel viejo libro que nos prestan en la biblioteca o por la moderna computadora de la sala de Informática; y los relacionados con nuestro compromiso con la universidad, que incluye la participación en proyectos de extensión destinados a lograr una sociedad justa e inclusiva.
La universidad argentina es producto de un Estado que invirtió, en ciertos momentos de su historia nacional, comparativamente más que otros países en educación, pero también es fruto de muchas generaciones de estudiantes, docentes e investigadores que lucharon por un sistema universitario público, laico y no arancelado que incluyera a todos los sectores sociales. Quienes estudiamos en la universidad de los 90 y tuvimos que resistir los recortes al presupuesto universitario y la posibilidad del arancelamiento sabemos que si este no se impuso fue por el compromiso y la participación de la mayoría.
Por estas razones es que les digo a los jóvenes que eligen estudiar en una universidad pública que esta elección implica el gozar efectivamente de un derecho, pero también conlleva una gran responsabilidad: la de aprovechar al máximo esta oportunidad. De este modo, estarán defendiendo un sistema universitario democrático que, con estas características, empezó a construirse hace 100 años con la Reforma Universitaria, iniciada en 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba e impulsada por estudiantes con ideales firmes, pero también con conciencia de las responsabilidades de su tiempo.
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