“La suerte está echada”, contesta el rector Arturo Somoza a la pregunta sobre si este año se termina de tomar posesión en los terrenos que la justicia federal le reconoció a Dalvian S.A. cuando en realidad, le pertenecían a la UNCuyo. El procedimiento, en efecto, se explica en menos de una línea: hay que esperar un proceso que tiene que ver con acciones de reivindicación, ya que en una parte de los terrenos hay títulos superpuestos. Hay mucho más por decir respecto de lo sustancial, el transfondo de un largo conflicto que merece su debida atención por tratarse de un acontecimiento histórico.    

¿Qué balance hace del juicio que ganó la Universidad?

Ha sido un éxito muy importante para la Universidad. Uno por ahí está en el medio de la vorágine y se le pasa dimensionar esta situación, aunque es necesario decir algunas cosas, como que nos hemos sentido absolutamente acompañados por la sociedad en esta disputa. Es también una manifestación que habla del éxito de la continuidad institucional, ya que fueron 26 años de disputa en los que intervinieron rectores, miembros del Consejo Superior, abogados, amicus curiae (amigos de la causa), o sea, una gran cantidad de esfuerzos que aparecían escondidos. Lo más importante es que esto daba una sensación de impunidad muy fuerte, con una institución bastante prestigiada en la provincia. Quizás una disputa de orden inmobiliario entre particulares no habría tenido esta repercusión, pero hacer lo que hacíamos, la defensa del dominio público del Estado, que es imprescriptible, y que el poder inmobiliario pudiera ser vencido, hacía aparecer como medio quijotesca la pelea. Sin dudas, la sentencia de la Corte fue una bocanada de aire fresco, implica un volver a creer que la justicia puede reformar desde adentro, que se puede modificar, que hay espacios que hacen a la Justicia con mayúsculas.

En la reunión del CIN en Mendoza, usted dijo que la sociedad había apoyado la justicia del reclamo, no así la dirigencia política de la provincia, cuestión que es real. La pregunta es: ¿por qué?

Yo lo entiendo dentro de las conductas humanas, no abro un juicio moral sobre esto. Hago una descripción de un hecho que evidentemente tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy con la Ley de Medios, o sea, lo que es el poder mediático y el miedo de la clase dirigente respecto de que la construcción política no se hace sino en la medida en que uno tenga presencia en los medios. Es decir, no se hace con autoridad sino con publicidad, propaganda y presencias reiteradas. De ahí el miedo a que te corten el acceso a radios, televisión y diarios o que, inclusive, puedan tener una propaganda adversa. Insisto, hago una descripción de los miedos que afectan y hacen que muchos no se hayan expresado, más allá de tener efectivamente solidaridad con la Universidad. Pero, o no se animaron a expresarse, o directamente miraron para otro lado. Hubo honrosas excepciones, aunque los más evitaron expresarse en este sentido.

También usted hace poco firmó una solicitada marcando las diferencias con asociaciones de magistrados del país, quedando en evidencia dos criterios en relación a la independencia del poder judicial, del poder político y también económico ¿por qué lo hizo?

Hubo una coincidencia con varios rectores que venimos siguiendo el tema de la Ley de Medios, y en este sentido el CIN se ha manifestado de manera muy contundente desde distintas expresiones políticas e ideológicas, siempre defendiendo la Ley de Medios, no sólo por el rol que le asigna a las universidades sino por la democratización que significa y es compartida por el pueblo argentino. Entiendo que las palabras "justicia" y "poder judicial" no son lo mismo; aspiramos a la justicia y creemos que el poder judicial debiera hacer imperar la justicia, pero como toda institución humana, está inficionada de elementos muy destacables y otros que no lo son tanto. Creo que el proceso político argentino de los últimos años, con sus inestabilidades, ha generado espacios reservados y, si bien ha habido un proceso muy fuerte de depuración, en Mendoza por ejemplo, uno no puede esperar que la situación se vaya a resolver de un día para el otro. También me parece que en esto, los medios tienen que cumplir un rol muy importante, si es que cumplen el rol que tienen que cumplir, que no es el de ser los intermediarios entre el pueblo y la dirigencia sino el ser difusores de la verdad. Me parece que acá tenemos un debate que hoy en día está haciendo ruido, como que tienen que interpretar para la gente lo que es la verdad y, en realidad, nuestro pueblo es bastante inteligente en este sentido y sabe leer entre líneas.

Hace unos días, el empresario Daniel Vila decía que la Ley de Medios era producto de académicos, lo mismo se dijo de la Ley de Ordenamiento Territorial, evidentemente en forma y tono despectivo, ya que cuestiona definiciones que el interés empresario no admite. ¿Qué valoración hace al respecto?

Hay una distancia muy fuerte entre los decisores y académicos, que tiene que ver con la crisis de representatividad. En un momento hubo una brecha tan grande, que prácticamente el manual del político era para aquel que no se capacitaba ni estudiaba, porque la capacitación y el estudio lleva a la duda, y el pragmatismo imponía la acción del día a día. De ahí que a toda persona reflexiva se la viera incapacitada para la acción política, desde una visión simplista por la cual el ejecutor no tiene tiempo de ponerse a estudiar y actúa instintivamente casi como una cuestión genética. Por el otro lado, el académico, de por sí crítico de toda acción política, entendiendo que toda acción política es sucia por naturaleza, que implica embarrarse y que solo la academia en estado puro puede llegar a ocuparse de cambiar la sociedad. Ambos son opuestos fuera de la realidad. Yo creo que está sucediendo todo lo contrario, que hay un diálogo y una acción política que, sobre todo, empieza a haber un escenario previsible o empieza a estar la posibilidad de levantar la vista y mirar hacia adelante, lo cual requiere de información, de conocimiento, de sistemas, es decir, muchísimos elementos.

Y es ahí que la academia hace su aporte…

En efecto, aunque no tiene la capacidad, el poder político para decidir en nombre de los representantes del pueblo, por eso digo que el tema tiene que ser autocrítico dentro de la Universidad ya que hay cierta soberbia en la crítica hacia la política, como si la teoría determinase qué es posible cuando hay al menos dos vertientes de la teoría, una basada en el análisis de la realidad y una teoría apriorística que parte de una elaboración intelectual que no es verificable. Por ello, esta distancia o brecha tiene que acortarse, tiene que haber más interacción sin equivocarse en confundir los roles. Esto ya se dio en la Ley de Ordenamiento Territorial: el sistema académico hizo un anteproyecto y fue el órgano deliberativo –la Legislatura- el que le hizo las modificaciones en función de su responsabilidad política y su análisis del momento. Tanto es así, que el anteproyecto era mucho más sistémico que el que se terminó realizando o verificando, ya que planteaba un sistema transversal de decisión en todos los ministerios que obviamente tienen influencia en el tema del ordenamiento territorial que afecta al ambiente, la infraestructura, la vivienda, los servicios. Pero si no tenemos un Estado sistémico, no hacemos nada con una ley sistémica. Lo que tenemos que hacer es trabajar para un estado sistémico, lo que implica cambiar un diseño de 40 años atrás que ya no soporta a la realidad compleja y transversal de hoy, donde todo está absolutamente mezclado y no se puede separar seguridad de educación, o justicia de infraestructura y calidad de vida, por dar un ejemplo.

El Plan Estratégico hace hincapié en la inclusión. ¿El tema es meramente declamativo, o permite los cambios necesarios para hacerla efectiva?

Yo creo que es un tema absolutamente sustantivo que estamos empezando a descubrir en toda su profundidad. Empezó más como slogan que como comprensión profunda, y me parece que cada vez hay más comprensión sobre qué significa la inclusión, y la igualdad de oportunidades. Recordemos que la universidad argentina tiene la mayor cantidad de cobertura de educación pública ya que el 80 por ciento de la matrícula pertenece a la universidad pública. Sólo Uruguay comparte esta situación; Brasil, por caso, sólo tiene un 25 por ciento; Colombia, un 40 por ciento; Chile, un 16 por ciento. Esto significa que la lógica de la inclusión tiene su preponderancia. No es como en la universidad privada, que el título es de quien pagó por él y hace lo que quiere, sino que el título obtenido por un profesional es, a su vez, un patrimonio personal y social, y debe responder a ese patrimonio que la sociedad le permitió lograr devolviéndole a la sociedad, honrando un compromiso de por vida con ella. Desde ya, este concepto es igualador, inclusive con el que tiene recursos, porque se sale de la vieja polémica de por qué el que tiene no paga, para pasar a los términos de la responsabilidad social. Lo que digo siempre es: a nadie se le puede quitar el pasaporte, no podemos evitar que alguien pueda emigrar, pero a lo que tenemos que aspirar es que más del 90 por ciento de nuestros egresados queden para desarrollar su región, no para que se vayan.

El tema de la inclusión, ¿hacia dónde va?

Desde el punto de vista de nuestra composición social actual, tenemos un muy fuerte déficit en función del quinto y cuarto quintil, y además muy mala información, con lo cual esa falta de inclusión no sólo es cuantitativa sino también cualitativa, ya que, a su vez, quienes ingresan a la universidad tienen menores posibilidades de egresar de las poblaciones vulnerables. Por eso es que también la  propuesta de reforma educativa que vamos a abordar apunta a fortalecer los dos primeros años, donde se verifica una deserción del orden del 45 por ciento de la matrícula universitaria.  

¿Cómo se lo va a fortalecer?

Entre otras cosas, con una mejor relación docente-alumno y fortaleciendo esos ciclos básicos que son masivos, que es un tema que entre los críticos de la educación superior aparece como una contradicción irresoluble: o es masividad o es calidad. También con la aplicación de las nuevas tecnologías, ya que nos parece que en los docentes, la capacitación en tecnologías hace a la comprensión del cambio de paradigma de los jóvenes, tanto de quienes tienen formación tecnológica o digital como de los que puedan acceder a ella. Hay que comprender profundamente todo lo que son los medios de comunicación, cómo impactan en esta situación; es un tema que requiere mucho estudio y trabajo, fortalecimiento en definitiva. También pensamos en la posibilidad de que se hagan ciclos generales de conocimiento que se puedan territorializar, de modo de abarcar este otro aspecto que consiste en darle más calidad de vida al interior de la provincia y tratar de evitar la migración. Si uno analiza la población de Mendoza va a encontrar una gran cantidad de dirigentes provenientes de San Rafael, de General Alvear, de la zona Este, y me parece que es injusto que nosotros descabecemos de dirigentes el interior de la provincia para favorecer el proceso de concentración en el Gran Mendoza. Esto no pretende afectar a la decisión personal, pero sí es una apuesta a las posibilidades para que la emigración no sea la única opción. Por ahora, es la única opción.

Programas como "De la esquina a la Universidad", los cupos para descendientes de huarpes o los programas de contextos de encierro, ¿funcionan efectivamente? ¿Son positivos?

Han sido experiencias muy positivas que hay que seguir perfeccionando, porque muchas veces han permitido incluir pero no retener, por lo que hay que trabajar en este tema, o sea, cuáles son las complejas variables de la retención. Uno de los temas que afecta a quienes vienen del interior es la contención familiar y social. Es un tema afectivo que tiene incidencia porque hace a la vulnerabilidad, a que uno se sienta externo al sistema social, y de ahí que cueste tanto la inclusión, sobre todo en una edad difícil, en un momento de cambio muy fuerte, y hay muy poco de vocación. Este es un tema que merece ser estudiado; por lo menos, los estudios a los que tenemos acceso nos dicen que esto se produce en grandes áreas y es muy difícil que alguien tenga una vocación específica para una carrera. O sea,  lo más probable es que alguien tenga una vocación humanística social o por la salud, pero es muy difícil que a los 17 o 18 años se tenga en claro qué carrera estudiar. Los hay, pero son los menos y están muy influidos por la familia, por los antecedentes, por ser hijos de profesionales, por los amigos, y también por el imaginario social, establecido también por los medios, respecto de que hay profesiones exitosas por naturaleza y otras que no tienen destino. Ahora bien, nos falta más información precisa sobre cuáles son los niveles de ocupación de los profesionales y los niveles salariales que están teniendo efectivamente. Mi idea es que hay gran desconocimiento de muchas de las profesiones emergentes y, por ejemplo, en el campo de la ingeniería no se conoce bien el déficit que hay en cuanto a los recursos humanos, lo cual hace que muchísimos alumnos no terminen la carrera porque se los llevan las empresas. Además, hay situaciones muy instaladas en el imaginario social, versiones remozadas de “mi hijo el doctor” donde se da por descontado que hay profesiones que tienen garantía de remuneración salarial digna y no es tan así. Abogados que no estén tan vinculados a familias de abogados o puedan vincularse a un buffet, o contadores que no puedan entrar rápidamente al sistema del Estado o una empresa por carecer de contactos, tienen a veces tareas muy subalternas u operativas mal remuneradas, no es que solo egresar garantiza un buen salario. Por otro lado, hay profesiones emergentes que están teniendo muy buen salario o campos laborales crecientes.

La Universidad ha presentado una propuesta de reforma institucional, ¿con qué objetivo?

Lo que se ha hecho es un análisis de la legislación comparada. Puesto que la Constitución provincial tiene casi 100 años, decimos que fue muy buena en su momento, pero han pasado un montón de cosas, hay derechos nuevos que no están incorporados, tenemos asimetrías en los sistemas de representación, la expresión territorial no está garantizada, el sistema de diputados y senadores está basado en el mismo concepto, en vez de ser complementarios, con lo cual, podrían seguir siendo dos cámaras pero con distinta representación, como en la Nación, con representantes del territorio y representantes del pueblo. Pues bien, el documento lo que manifiesta son estas contradicciones, más otras como que exista la reelección indefinida de los intendentes y no haya reelección para el gobernador, y sí de presidente, lo cual aparecía como una asimetría que era justificado explicar. Ahora bien, la Universidad ha tomado un tema para analizar, no ha tomado posición respecto de si debiera haber una reelección para todos, lo cual forma parte del resorte estrictamente político.

Por último ¿tiene gran expectativa para el 2013?

Es un año muy importante. Espero que podamos lograr reformar nuestro sistema normativo. Se trata de una oportunidad preciosa que hay que saberla valorar; esto, por supuesto, implica que sea compartido y comprendido, si lo es y se entiende que no es factible que se produzca una situación como esta en 5 o 6 años, será bien aprovechada y podremos avanzar. Requerimos de mucho consenso y eso supone renuncias, el tener la capacidad de negociar.