El gobernador de la provincia ha enviado a la Legislatura un denso texto promoviendo la reforma de la Constitución provincial. Se trata de un desafío que plantea la posibilidad de un debate bien interesante pero del propio texto enviado, así como de la actitud oficial de los partidos que conforman nuestra obsoleta y retrógada partidocracia – incluyo al justicialismo, que cuando fue oposición entre 1999 y 2007 puso los mismos reparos a la reforma que ahora sostienen radicales y demócratas – cabe suponer que nos perderemos una nueva posibilidad histórica de discutir nuestro futuro perfil institucional. Algunos breves comentarios sobre el tema.

La cuestión de los derechos

El proyecto del gobernador incurre en una vieja y perversa práctica de las provincias, cual es la de intentar sobrecargar el texto constitucional con declaraciones y proclamas de derechos y más derechos. La doctrina constitucionalista no obstante (Bidart Campos, Ekmekdjian, Mercado Luna, Pérez Guilhou y muchos otros) ha advertido ya sobre la improcedencia de llenar con declaraciones de derechos las constituciones provinciales. Es que ya están todos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados a ella. No se necesita más porque, además, existen innumerables leyes de todo tipo sobre estos derechos, leyes que el propio texto del gobernador cita. Lo que se necesita es hacer efectivos estos derechos a través de políticas públicas concretas, no seguirlos amontonando en largas e inútiles – y repetitivas – declaraciones.

Nada se dice en cambio, en el proyecto, respecto a deberes y obligaciones ciudadanas. Varias constituciones han comenzado a transitar este camino, estableciendo al menos los deberes elementales de cualquier buen ciudadano o ciudadana: pagar los impuestos, respetar las leyes, actuar solidariamente, entre otros.

Sobre democracia participativa y derechos políticos

Se busca reconocer el derecho a la igualdad política, incorporando el voto a partir de los 16 años, lo que me parece bien toda vez que si un joven de esa edad tiene suficiente desarrollo para ser responsabilizado penalmente con más razón se le debe permitir votar.

Pero curiosamente el mensaje nada dice del voto de los extranjeros ¿será porque a nivel nacional él abandonó ese importante proyecto reparador? Debería analizarse este tema. Ya hay dos jurisdicciones – la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires – que reconocen el derecho de voto a los extranjeros para todos los cargos. Para eso si sería pertinente reformar la Constitución. De lo contrario los extranjeros sólo podrán seguir votando para cargos municipales.

Un clásico de las reformas constitucionales, que el gobernador repite, es la incorporación de los mecanismos de democracia semidirecta. A mi me parecen excelentes pero no entiendo por qué no se los implementa de una buena vez y por la vía legal. Sólo la revocatoria popular de mandatos debería tener base constitucional, pero la iniciativa popular, la consulta popular, el referendo para ciertos temas y las audiencias públicas pueden ser inmediatamente operativizados por vía legal al igual que la creación de la figura del Defensor del Pueblo. ¿Por qué si es tan importante no se hace de una buena vez?

El gobernador sugiere establecer el monopolio de los partidos políticos en la presentación de candidaturas a cargos electivos. Esto nos parecería un retroceso. La inmensa mayoría de las personas somos independientes y se debe ampliar y no restringir el acceso a esos cargos, pero claro, la generosidad no es una característica de la partidocracia.

Hay dos temas muy trascendentes respecto al perfil institucional de Mendoza que ni siquiera se mencionan en la propuesta. Sólo los menciono porque ellos sí justificarían una reforma constitucional.

Una legislatura unicameral

No tiene ningún sentido en la dinámica actual de la sociedad tecnotrónica el mantenimiento de un sistema legislativo pesado, lento y burocrático como una Legislatura de dos cámaras. Una sola cámara que compense adecuadamente la población y el territorio y garantice la presencia de las minorías sería suficiente para Mendoza. Pero eso sí, habría menos lugar para los amigos y amigas.

La cuestión municipal

El otro tema tabú es el de implementar un régimen municipal de autonomía para todas las comunidades locales de la provincia y no para el departamento. No se puede hablar de democracia sin participación popular en la gestión de la política y eso no existe en decenas de pueblos, villas y ciudades de la provincia gobernadas a muchos kilómetros de distancia por una estructura centralizada de poder. Sólo cuatro provincias argentinas tienen este régimen anacrónico y antidemocrático, que viene de la época de Rivadavia.

Se trata de un tema esencialmente relacionado con el autogobierno. El más elemental concepto de democracia implica gobierno propio. Pero si usted vive en Chacras de Coria, Chilecito, Monte Comán, Villa 25 de mayo, Palmira, Bowen, Eugenio Bustos, Drummond, Lunlunta, San Roque, Gutierrez, Uspallata o cualquier otra localidad mendocina que no sea cabecera, aunque usted sea mayor de edad y lea y escriba, no puede tener injerencia alguna en las decisiones de su comunidad porque éstas son tomadas a muchos kilómetros de distancia por un intendente bonachón y comprensivo que “alguna cosita le va a dar” a cada distrito para que se vea su preocupación e interés.

Por supuesto, el Intendente tiene sus propios “ojos y oídos” en la localidad, que es el delegado municipal pero éste es un empleado que responde a los intereses del intendente y no de la propia localidad. Pero nadie habla de esto porque el modelo actual es particularmente favorable a la acumulación de poder y la partidocracia no lo quiere cambiar.

En suma bienvenido el debate y me parece bien que reformemos la Constitución – sí y sólo si– esa reforma conduce a cambios efectivos en la calidad de vida de las personas y a mejorar nuestras instituciones. De lo contrario estaremos profundizando el estéril gatopardismo que ha caracterizado tantas reformas constitucionales en nuestro país.