Desde el momento de presentar su tesis de grado, Soledad se involucró en el análisis de las estrategias de comunicación que los medios hegemónicos despliegan en detrimento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Corría el año 2008 y la especialista, que hoy integra la Red PAR de Periodistas por una Comunicación No Sexista, develaba en su tesina la manera en que los principales diarios provinciales narraban el largo proceso por el que atravesó Claudia –una joven con discapacidad que resultó embarazada producto de una violación– para acceder con dilación al aborto terapéutico que le permitiera continuar con su vida habitual. Hoy, como becaria del CONICET, se dedica a analizar la construcción de sentido sobre la violencia de género en la prensa argentina. Desde allí, advierte continuidades y similitudes en el abordaje mediático que empecinadamente atenta contra los derechos humanos de las mujeres.

En un sondeo que realizaron distintas consultoras en 2012, entre ellas Ibarómetro, se reveló que aproximadamente el 58 por ciento de los argentinos y argentinas consideran al aborto como un derecho que corresponde a todas las mujeres. ¿A qué se debe que la mirada favorable que existe acerca de la legalización de la práctica no halle eco en los medios de comunicación, aún proviniendo de más de la mitad de la ciudadanía?

Porque las voces autorizadas por los medios hegemónicos para hablar de este tema no constituyen ese casi 60 por ciento de la ciudadanía. Es decir, ese porcentaje es negado como fuente.

Por otro lado, debemos pensar que los medios tradicionales, como instituciones y como actores sociales y políticos, sin duda tienen algún interés particular respecto de la no despenalización del aborto. Algunos bastantes explícitos, otros no tanto.

De un tiempo a esta parte el tema ha ido ganado visibilidad mediática. No ha sido por una cuestión evolutiva de la sociedad sino porque los movimientos de mujeres, en articulación con periodistas que están comprometidas/os con las temáticas de los derechos de género, han hecho alianzas que de algún modo han permitido ingresar estos temas a la agenda mediática. Lo que antes era un tabú, ahora se trata en la prensa.

¿Y cuál es el abordaje mediático que recibe el tema?

El abordaje es realmente preocupante. Lo que predomina es la estrategia periodística de recurrir a “las dos campanas” del asunto. Hay estudios de especialistas, comunicadoras y periodistas donde se señala que esta estrategia fue muy aplicada durante los 90, y que de alguna forma se ha ido trasformando.

Lo que en la actualidad existe es una ampliación de voces. Antes esas “dos campanas” eran bastante taxativas: la Iglesia Católica y el movimiento de mujeres, como dos cuestiones antagónicas. Desde el 2004 tiene lugar una ampliación de las fuentes, se han integrado las voces especializadas como médicos, juristas y citas de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas (ONU).

Más allá de eso, creo que la cuestión de las “dos campanas” sigue vigente y es un recurso que juega fuerte. Lo que provoca es que la complejidad de la temática de la interrupción voluntaria del embarazo quede afuera de la reflexión sobre las problemáticas sociales, y construye un sentido social en torno a la temática que muchas veces se escapa de lo que realmente sucede en la sociedad.

¿De qué otras maneras influye este tratamiento sobre los sentidos comunes que se construyen alrededor del problema social que causa la ilegalidad del aborto?

Los medios buscan la polémica. Hay bastante hiper-emotividad y opinología en el tratamiento que se le da al tema, y poca información “objetiva”; me refiero a información argumentada y justificada.
El uso de las imágenes es otro punto realmente importante porque contribuye fuertemente al imaginario social. La gran mayoría de las imágenes que desde la prensa o las redes sociales se utilizan para hablar del aborto son negativas respecto de la práctica.

Eso de mostrar en el lugar de un feto a un niño, o por fuera del vientre de la mujer a un niño que habla como si tuviera autonomía propia, atenta gravemente contra el derecho a la información. Vincular el tema del aborto con un asesinato cuando se trata de una práctica quirúrgica que está contemplada en algunas situaciones dentro de nuestro Código Penal influye para que este derecho siga sin respetarse.

Sabemos que la interrupción voluntaria del embarazo no deseado no se orienta a perjudicar la vida de una persona. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostiene la práctica en las primeras doce semanas, y hace foco en la educación sexual y el acceso a anticonceptivos. Es decir, en el acceso a la información como derecho humano fundamental, y luego en la posibilidad de que si lo decidimos, las mujeres podamos, bajo condiciones de salubridad, frenar un embarazo que no deseamos. Este tipo de tratamiento descontextualiza completamente la práctica, y por supuesto que de él se ausenta todo enfoque de derechos humanos.

De lo que sucede en la clandestinidad del acceso al aborto se habla mucho menos. ¿Esto incide sobre la estigmatización social de algunos sectores que se crea en torno al tema?

Es que la clandestinidad es la principal causa del problema. Es la que sumerge a la práctica en condiciones terriblemente riesgosas para la vida humana a las que inevitablemente se exponen las mujeres pobres. Muchísimas mujeres, aun desde la ilegalidad, pagan diariamente las condiciones de salubridad para abortar sin riesgos y sobre ellas no se habla.

También es necesario entender que a todas las mujeres –de cualquier edad, clase social y  origen– nos atraviesa la problemática del aborto por el solo hecho de ser mujeres, hayamos pasado o no por una situación de embarazo no deseado. Frente a un embarazo o a la posibilidad de un embarazo, siempre están latentes la maternidad y la no maternidad. Es realmente una problemática de todas y pareciera que siempre le pasa a otra, a otra extraña, a otra rara, a otra que no formaría parte de nuestra propia sociedad.

Medio millón de argentinas al año, según cifras oficiales. Un dato que sirve para dar cuenta de la cotidianeidad de la práctica.

Claro. Las últimas estadísticas dicen que en Argentina mueren entre 80 y 100 mujeres al año a causa de abortos practicados en malas condiciones. Hablemos entonces de que en Uruguay no se registran muertes por abortos desde el año pasado, cuando se legalizó la práctica dentro de efectores de salud pública. Lo mismo ha sucedido en México a partir del 2007, cuando se sancionó la ley del acceso al aborto.

Sucede que al ser clandestino, solo se visibilizan los casos más resonantes de mujeres que mueren en el intento de interrumpir su embarazo o  que llegan al hospital público pidiendo ayuda en situación de posaborto. Pero nunca se habla ni se muestra a aquellas que tienen el dinero y –aunque también de modo ilegal– pueden concretarlo de manera segura.

Desde el punto de vista de los imaginarios sociales y el desempeño de los medios, lo interesante de México es que la legalización de la práctica ayudó a romper el mito de que son las mujeres pobres las que acceden al aborto, sino que en su mayoría son mujeres adultas, católicas y con educación media cumplida.

Acá hay un punto muy importante para analizar, porque generalmente son los sectores más conservadores y ligados a las religiones los que se oponen y cometen atentados contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas frente a estas situaciones. Se trata de una nueva modalidad de ONG que se autodenominan “pro vida”. Tienen toda una organización  y representan la ideología conservadora, que ya no es exclusivamente la de la Iglesia Católica.

En Argentina han surgido muchas de estas ONG y algunas ya tienen denuncias penales por haber atentado contra la vida de las mujeres. Para ellos, vale más la vida de alguien que todavía no es sujeto o sujeta que la de una mujer con todo lo que eso implica.

Esta realidad en Mendoza está muy presente. Recordemos que en 2008 un juez de familia le negó el aborto terapéutico a una nena de 12 años que fue embarazada producto de una violación. Estos grupos, en contribución con ciertos medios, presionaron a la familia y la niña fue obligada a llevar un embarazo absolutamente no deseado ni buscado. En un punto suena irracional, pero el trasfondo demuestra la necesidad del sistema social que es capitalista, sexista y patriarcal, de seguir manteniendo dominio sobre el cuerpo de las mujeres hasta estos extremos.

¿Encontrás cambios entre las conclusiones que arrojó tu tesis de grado y las investigaciones que iniciaste posteriormente sobre análisis de medios? 

Lo que yo observé para mi tesis de grado fue el tratamiento otorgado por Los Andes y UNO a un caso que ocurrió en 2006 sobre una joven con discapacidad que resultó embarazada luego de una violación. Finalmente, aunque con dilaciones de la Justicia, la chica pudo acceder a la interrupción del embarazo. El hecho fue completamente espectacularizado por los medios que analicé. Si bien en esos años el tema de “las dos campanas” había perdido credibilidad, siempre estaba presente en las charlas sobre abordaje periodístico. En las crónicas que daban cuenta del caso no se habla de “despenalización del aborto”, sino de “aborto no punible”. Después salieron a la luz otras situaciones similares donde aun el tratamiento mediático fue peor. Sobre todo, con el último caso de la niña que terminó internada en el Hospital Notti en 2008. Se hiper-explotó el tema de la situación de vulnerabilidad social de la niña y de la familia.

Volvemos a la cuestión de clase. Si se hubiese tratado de una niña de clase media no hubiera recibido ese tratamiento. La intención es criminalizar la pobreza y culpabilizar a la familia. Sin duda, indicó que los diarios mantuvieran una postura favorable respecto de este derecho de las mujeres, en todo caso el posicionamiento osciló entre favorable y en contra y solo en base a lo no punible, pero nunca a abrir el debate a la legalización y despenalización del aborto. Los medios trabajan para clausurar la posibilidad de pensar el tema un poco más allá.

¿Advertís también continuidades entre aquellos modos de relatar la situación de aborto no punible y las de la violencia de género?

Sí, principalmente en que las situaciones son tratadas como casos aislados e individuales, como si un caso no tuviera puntos en común con otro y trasfondos compartidos. Como si la situación de una mujer que atraviesa un embarazo no deseado no tuviese que ver con la de otra que pasa por lo mismo. Esto le quita el peso social y político que tiene el tema. 

Particularmente, veo similitudes y puntos en común con los análisis que hago de violencia de género: la atomización de la noticia y eso de individualizar un caso atrás de otro. Y cuidado, además, porque esos “casos” son los pocos que llegan a los medios. La consecuencia de este tipo de abordaje es que el tema se construye por fuera de la problemática social que tanto la violencia de género como el derecho al aborto representan.

Pareciera que desde los mismos medios se intenta instalar la idea de que el tema aún no forma parte del debate social actual, lo que se entiende como un paso previo y fundamental para que la discusión se vuelva parlamentaria, ¿No considerás que el tema ya ha ganado un espacio suficientemente importante dentro de la agenda y el debate públicos como para propiciar su tratamiento legislativo?

Esas son cuestiones puramente políticas. La Campaña lleva presentados consecutivamente cuatro proyectos en el Congreso, porque al no ser tratados pierden el estado parlamentario. Muchas veces sucede que los mismos legisladores y legisladoras que firman la iniciativa, luego dan la espalda durante el debate.

Supongo que es un tema muy complejo porque lo que está en juego son intereses ideológicos. Pensemos en el caso provincial, la aberración que sufrió el proyecto de adhesión al protocolo, que de todas formas no debería ser necesario para acceder al derecho, como tampoco es necesario judicializar los casos de aborto no punible.

La puja ideológica es muy fuerte, donde la dominación masculina y patriarcal se asienta sobre el cuerpo de las mujeres. Ese es el punto donde se sostiene un determinado sistema jerárquico desigual desde una perspectiva de género que va más allá de las ideas religiosas.

¿En qué debe basarse un abordaje responsable y adecuado desde los medios de comunicación para informar sobre la legalización y la despenalización del aborto?

Primero debemos explicar que es una cuestión de salud pública. En Argentina el aborto constituye la principal causa de muerte entre las mujeres y se trata de una muerte sumamente evitable. Segundo, que es una cuestión de justicia social, en el enfoque no debe dejarse de lado el problema de clase. Tercero que es una cuestión de derechos humanos, el derecho primerísimo de toda persona de poder elegir sobre su propio cuerpo. Una debe poder elegir cuándo y cuantos hijos tener y sobre su salud reproductiva.

Forzar a una mujer a llevar adelante o a término un embarazo no deseado es un atentado sobre los derechos humanos. Que esté penalizado nos condena potencialmente a todas.

¿Qué importancia tiene el testimonio dentro de las estrategias para visibilizar la necesidad del derecho al aborto?

Las experiencias de las mujeres son fundamentales en todas las problemáticas que tratemos. Es ahí donde se rompen los prejucios, los mitos y los estereotipos. Pero hay que tener especial cuidado con el tratamiento mediático que de eso se pueda hacer, debe ser un abordaje verdaderamente profundo y comprometido.

Por eso la idea y el accionar de la Red PAR es construir un periodismo de género, la idea de transversalidad en la práctica periodística con esta otra perspectiva. Más allá de los esfuerzos de algunas periodistas, contamos con un marco normativo como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la Ley contra la Violencia de Género que se convierten en herramientas centrales para la trasformación de la comunicación.

La pluralidad de voces puede habilitar un espacio nuevo para que estos temas se trabajen desde otra mirada y para que haya una disputa del sentido real, y al mismo nivel que los del poder concentrado.

¿De quién es la responsabilidad de que las mujeres de nuestro país sigan teniendo vedado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito?

Es política. El problema es la falta de voluntad política. Es un error avalar la suposición de que aún faltan algunas condiciones sociales para instalar el debate político, como ocurrió con la LSCA, que fue impulsada y generada por el movimiento social. Pienso que la Campaña ha conseguido poner el tema en agenda y sigue trabajando en igual sentido. Y si no, pensemos en el principio de esta entrevista, cuando hablamos de que la opinión pública está a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.