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Aún no se sabe la cifra con exactitud, pero sería entre 1000 y 1800 millones de pesos. La deuda consolidada casi triplicó la declarada por el gobierno anterior.
Foto archivo Prensa Gobierno de Mendoza
Cuando Francisco Pérez dejó su gobierno, en diciembre de 2015, la cifra que blanqueó como deuda a los proveedores del Estado fue de aproximadamente 700 millones de pesos. Pero sus estimaciones casi se triplicaron: según datos del Ministerio de Hacienda de la provincia, el rojo con los proveedores es cercano a los 3 000 millones de pesos.
El gobierno de Alfredo Cornejo ya emitió un bono por 1 000 millones de pesos, que a esta altura ya se ha agotado: sólo cancelando la deuda al sector de la construcción se gastaron 650 millones. El único camino que parece tener el Ejecutivo es emitir letras para terminar de pagar lo que se adeuda, por lo que se calcula que la nueva emisión será de entre 1 000 y 1 800 millones de pesos. Así lo confirmaron desde esta cartera.
Al amparo de la 8816
Para realizar esta operación financiera, el gobierno de Mendoza no necesita autorización legislativa alguna. Esto es porque la emisión de letras está contemplada en la ley 8816, conocida como “Ley de Financiamiento”, que el gobernador Francisco Pérez envió a la Legislatura como resultado de las reuniones de la transición. El artículo 15 de esta legislación le desata las manos al actual gobernador para emitir letras, en un plazo no mayor a 24 meses, con el fin de saldar las deudas consolidadas –además de otras formas de endeudamiento, también mencionadas en este apartado–.
Sin embargo, y aún estando amparados por esta legislación, Hacienda pedirá dictámenes, tanto a la Asesoría de Gobierno como a la Fiscalía de Estado, que avalen que el volumen de la deuda amerita esta solicitud.
Kerchner, al Senado
Los legisladores que componen la Cámara Alta aprobaron el martes 19 un pedido in voce para citar al ministro de Hacienda, Martín Kerchner, a dar explicaciones. La principal duda es el pedido de autorización de más deuda, esta vez para pagar los intereses reclamados por los proveedores del Estado.
En este caso sí hace falta autorización, porque en la ley de Financiamiento no está estipulado el pago de intereses por mora. La intención del Ejecutivo es hacerlo mediante bonos a siete años. Esto es lo que se le pide analizar al ministro del área contable.
La invitación fue aprobada por unanimidad, en una sesión que era presidida por el senador radical Armando Camerucci.
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