La resolución, a la que accedió la agencia oficial Télam, lleva la firma del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, quien ordenó el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., y de los involucrados por la parte empresaria en la deuda de la compañía.

El artículo 2.° de la resolución encomienda la investigación a la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas y el 3.° ordena a la Dirección Nacional de Auditoría que revise "la actuación de los representantes del Estado Nacional en los autos caratulados Correo Argentino S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. N.° 94360/01) y sus incidentes, en trámite ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial".

En los considerandos, la resolución explica que responde a un pedido del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, quien "se refirió a la eventual falta de competencia en la actuación que les cupo a los funcionarios públicos" y también "aludió a la posible violación de la ley N° 25188 y del Código de Ética aprobado por decreto 41/99".

La PTN destaca que está entre sus deberes y facultades "promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación".

Más adelante anticipa que si en la investigación "resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate", y aclara que esas actuaciones "servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes".

En cuanto al alcance de la investigación, la resolución de la PTN señala que la auditoría que ordena debe ser "desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría".

En otras palabras, el inicio de esta auditoría implica un sumario administrativo sobre el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo que fue objetado el jueves último por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por abusivo y perjudicial para el interés público porque, según consideró, implica una condonación de gran parte de la deuda de la empresa con el Estado.

En la auditoría se analizará la actuación de cada funcionario que haya intervenido en el juicio que el Estado le inició al Correo por la falta de pago desde 2001 del canon por la concesión que recibió el Grupo Socma.