La mayoría de los brasileños consideran que la presidenta Dilma Rousseff es la peor mandataria de los últimos 30 años. Los resultados de un sondeo efectuado por la encuestadora Datafolha esta semana muestran que el 71 % de la población desaprueba su gestión y que el 66 % sería favorable a que el Congreso abriera un juicio de destitución a Rousseff. Ocho meses después del inicio de su segundo mandato, Rousseff vive uno de sus peores momentos políticos.

La caída de la popularidad de la mandataria se explica por una confluencia de factores, dijo a Radio Francia Internacional (RFI) Rafael Cortez, analista político de la Consultora Tendencias, con sede en Sao Paulo. En primer lugar, la crisis económica: el país vive una recesión, el desempleo ha aumentado y la inflación se acerca peligrosamente al 10 %. En segundo lugar, está el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras, que ha golpeado a varias de las figuras emblemáticas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación política de la presidenta. Finalmente, la polarización política que dejó el proceso electoral.

En el primer trimestre hubo manifestaciones para pedir la renuncia de Rousseff, pero sus partidarios salieron también a las calles. La oposición ha convocado a una nueva protesta el domingo 16 de agosto, en tanto que el PT lleva a cabo una campaña de publicidad en la que recuerda los logros sociales –notablemente la reducción de la pobreza– en los pasados 12 años, es decir desde que el PT gobierna el país.

Pese a su baja popularidad, Dilma Rousseff lo aseguró: "No voy a caer". "Sé soportar presiones y hasta injusticias", subrayó la mandataria, que enfrenta más de una decena de solicitudes de juicio en la Cámara de Diputados. "El cuadro del impeachment es un cuadro posible, pero no en este momento", estima por su parte Rafael Cortez.

La pérdida de popularidad no basta para iniciar un jucio de destitución. Se requiere primero un escenario de responsabilidad individual, de crímen individual de la presidenta. Eso podría materializarse si el balance de las cuentas públicas del 2014, que el Congreso debe votar, es rechazado. La otra condición es política. Los partidos opuestos a Rousseff no han alcanzado un acuerdo sobre cómo actuar frente al gobierno, menos aún sobre un eventual candidato para remplazar a la presidenta en caso de que sea obligada a renunciar, apunta el analista.

La mala situación que atraviesa Dilma Rousseff no debe llevar a olvidar que todos los principales dirigentes de la oposición, naturalmente candidatos a sucederla, también están salpicados, por no decir sumergidos, en escándalos de corrupción. En ese contexto, no se puede descartar que la crisis perdure el resto de la presidencia de Rousseff que concluye en 2018, aunque su costo político y económico sería enorme para el país.