Solo un enunciado: eso es por ahora la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, uno de los controles que propuso el Ejecutivo en la iniciativa con el que modificó la Ley 7722, que prohíbía la utilización de determinadas sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

Pocos días después de jurar como gobernador, Rodolfo Suarez presentó el proyecto de modificación de la Ley 7722. La iniciativa buscaba cambiar cuatro artículos de la norma vigente desde 2007, algunos de los cuales forman su columna vertebral: solo mantiene la prohibición de utilizar mercurio, deja de lado la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y prevé que en los proyectos que pretendan obtener concentrados o metales, la DIA debe incluir informes sectoriales del municipio, del Departamento General de Irrigación (DGI) y del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).

Suarez presentó el proyecto para reformar la Ley 7722

La primera medida de Rodolfo Suarez como gobernador fue enviar a la Legislatura el proyecto de modificación de la Ley 7722, norma que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería. En su discurso de asunción, ya había manifestado que el desarrollo de esta actividad sería uno de los ejes de su gestión.

La iniciativa de Suarez propone además distintos mecanismos de control de los proyectos cuando inicien su etapa de explotación: la formación de una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, una Comisión Bicameral de seguimiento, un mecanismo de control social y la posibilidad de que el Ejecutivo contrate auditorías internacionales, certificadas por Naciones Unidas.

Desde el momento en el que ingresó la iniciativa, los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura denunciaron que la propuesta está hecha a medida de los empresarios y criticaron el apresuramiento de los y las legisladoras en analizar un tema sustancial para Mendoza. Pese a esto, senadores y diputados siguieron adelante y aprobaron la norma en el recinto, en una doble sesión especial.

Ambientalistas se manifestaron contra la reforma de la ley 7722

Este martes, ambientalistas se manifestaron en las inmediaciones de la Legislatura en contra de la reforma de la Ley 7722, que impide la utilización de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el desarrollo de la minería local. Nora Moyano, de la Asamblea Popular por el Agua, señaló que la modificación de la norma no posee consenso social.

Los controles propuestos

El senador oficialista Diego Costarelli defendió los mecanismos de control propuestos y aseguró que en la actual norma no están previstos, porque la consideró prohibitiva de la actividad. Explicó que son una pieza clave del proyecto de reforma, aunque se excusó de brindar detalles de cómo se conformará la Policía Ambiental y dijo que la letra chica se plasmará en la reglamentación.

Sin grietas, el oficialismo y el PJ modificaron la Ley 7722

Esta vez no hubo grieta entre el oficialismo y el PJ: los y las senadoras y diputados aprobaron en sesiones especiales las modificaciones a la Ley 7722, que prohibía -hasta ahora- el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

En el proyecto se establece que en lo referido a la evaluación y control ambiental, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y que de ella dependerá la Policía. Además, prevé que para el funcionamiento de esta se destinen fondos provenientes de las Tasas de Fiscalización y Control Ambiental.

Costarelli explicó que las tasas son impuestos que pagan las empresas extractivistas (especialmente las petroleras), las que actualmente se destinan a rentas generales. Si se aprueba la iniciativa, ese dinero servirá específicamente para el funcionamiento de esa Policía Ambiental. Comentó  que por el pago de esas tasas, actualmente se recaudan 40 millones de pesos, que son los que estarían disponibles para la puesta en marcha de este mecanismo, al tiempo que comentó que aún no saben con qué elementos contará ni cuántos integrantes, aunque aclaró que todos ingresarán por concurso y que deberán ser profesionales idóneos en la materia.

En cuanto a los otros mecanismos de control, el senador explicó que votaron la conformación de la Comisión Bicameral, que deberá realizar informes sobre los proyectos en marcha. Dijo que en ese ámbito se prevé activar un mecanismo de control social, aunque aún no existen especificaciones de cómo se efectivizará.

El oficialismo asegura que hay consenso social para reformar la 7722

El proyecto del Ejecutivo provincial para modificar la Ley 7722, que fija las condiciones para la megaminería metalífera, se debate en comisiones desde este lunes. Durante este martes, se vivieron momentos de tensión, dada la importante presencia de ambientalistas que se movilizaron hasta la casa de las leyes.

Una propuesta alternativa

Antes de opinar sobre la iniciativa, el profesor de Derecho Ambiental Aldo Rodríguez Salas dejó en claro su postura. Dijo que es un defensor del ambiente y consideró que los rótulos de "antimineros" y "promineros" no colaboran en nada para generar una discusión profunda y con fundamentos respecto de un tema central para Mendoza.

Para Rodríguez Salas, el eje de la discusión en la Legislatura debería ser que la población esté informada respecto de los riesgos que tiene la actividad, así como también el plan de contingencia para enfrentarlos. Consideró que este no es un tema que se plantee en la discusión, es decir, mecanismos de prevención, antes que de actuación sobre el problema consumado.

El profesional propuso poner en marcha un mecanismo que utilizan países con gran actividad minera como Chile y Australia, que es la realización de un estudio de riesgos detallados, acompañado por el plan de contingencias para enfrentarlos. Esto –expresó– es lo que se da a conocer antes de comenzar una explotación y lo que marcan los estándares internacionales.

Más allá de los mecanismos de control propuestos, sobre los que aseguró que no hay demasiadas especificaciones, el profesor consideró que lo importante es la información. Recordó que los derrames de cianuro que se produjeron en 2015 en la mina Veladero de San Juan, en manos de la Barrick Gold, son un ejemplo de esa falta de transparencia, teniendo en cuenta que la firma primero anunció que se trataba de una cantidad menor de solución cianurada, cuando en realidad fue 1 millón de litros que contaminaron cauces, tal como quedó certificado.