La pandemia de la COVID-19 acentuó los problemas de acceso a derechos básicos de los pueblos originarios, a lo que se suma que no existen datos diferenciados sobre cuántos enfermos y muertos provocó la enfermedad al interior de esas comunidades. Esta es una de las conclusiones que incluye el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Mendoza, que presentó la organización Xumek.

La Asociación para la Promoción y Protección de los DDH (Xumek) presentó ayer en forma virtual su informe anual, que analiza diversas temáticas, todas atravesadas por la crisis que provocó la COVID-19.  En este sentido, el trabajo dejó en claro que la pandemia profundizó desigualdades y brechas ya existentes.

El informe está estructurado en siete ejes temáticos: violencia ejercida desde el Estado; litigio estratégico-clínica jurídica; la lucha por los DD. HH. en procesos de lesa humanidad; género y diversidad sexual; niños, niñas y adolescentes; grupos vulnerabilizados y derechos humanos de incidencia colectiva.

Dentro de la temática de grupos vulnerabilizados, hay un apartado especial dedicado a la situación de los pueblos indígenas, donde se analiza cómo los afectó la pandemia en Latinoamérica, en el país, situaciones que se replican en Mendoza.

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Profundizar problemas

El apartado comienza con un análisis sobre cómo los afectó la pandemia y destaca que la mayoría de los Estados –en especial en Latinoamérica– no siguieron las recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de idear y poner en marcha políticas y medidas específicas para estas comunidades.

El trabajo subraya que la pandemia acentuó problemas preexistentes de acceso y disfrute de los pueblos indígenas a sus derechos humanos. Destaca que diversas organizaciones que denunciaron históricamente las fallas de los gobiernos en la protección de estos colectivos ahora aseguran que esta situación se vio maximizada durante la crisis.

El documento detalla algunas de las recomendaciones de ONU que los gobiernos –entre ellos, el de Argentina– no siguieron. Entre ellas se cuentan asegurar la disponibilidad de datos desglosados sobre los pueblos indígenas, como tasas de infección, mortalidad, repercusiones económicas; garantizar el derecho a la salud desde un enfoque de interculturalidad, teniendo en cuenta los cuidados preventivos, prácticas curativas y medicinas tradicionales y garantizar su participación en las políticas públicas.

En este sentido, el trabajo subraya que el Ministerio de Salud informa los casos de manera generalizada y no existen menciones específicas relacionadas con los pueblos indígenas, en recomendaciones y medidas tomadas tendientes a paliar y reducir el impacto del coronavirus sobre la población.

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Más desigualdad

Por otro lado, el informe asegura que distintas organizaciones indígenas y de defensa de derechos humanos alertaron sobre la necesidad de coordinar medidas que eviten la propagación del virus y hagan frente a las consecuencias sociales más inmediatas, como el aumento del hambre y la pobreza.

En el documento se analizan actuaciones –o la falta de ellas– en distintos países, como Brasil, Ecuador y Argentina. En el país, se  destaca la situación de vulnerabilidad de comunidades asentadas en Chaco, no solo referidos a la falta de políticas específicas relacionadas con la enfermedad, sino a medidas que mitiguen la situación de pobreza, que se profundizó con la crisis.

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Tensiones en el territorio

Otro de los aspectos que aborda el documento son las tensiones existentes entre comunidades indígenas y empresas. En este sentido, se asegura que la pandemia no solo no frenó esos conflictos sino que en algunos casos los recrudeció, ya que existen ejemplos en que se suprimió la consulta previa, libre e informada de las comunidades.

En relación con este tema, el informe señala un aspecto que ya denunciaron comunidades mendocinas: que con la pandemia se acentuó la falta de participación y consulta a los pueblos indígenas en el diseño y desarrollo de políticas públicas adecuadas culturalmente y, sobre todo, que den respuestas acordes a la realidad que atraviesan.

Otro aspecto que se incluye es el de la personería jurídica, una especie de identificación colectiva de los pueblos originarios que brinda la posibilidad de llevar adelante acciones productivas, educativas, de salud y otras relacionadas con el territorio.

El informe da cuenta de los datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAE), donde se señala  que Mendoza cuenta con 27 comunidades indígenas “inscriptas”, pertenecientes a los pueblos Huarpe, Mapuche, Mapuche-Pehuenche, Kolla y Ranquel. De ese total,  solo ocho tienen su relevamiento culminado; las restantes, o bien se encuentran en trámite o directamente no lo han hecho.

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Guardianes de la naturaleza

Pese a la falta de políticas públicas específicas, el documento da cuenta de la capacidad de los pueblos originarios para  adaptarse a las circunstancias, de promover medidas de prevención y cuidado, así como de ser los principales impulsores de que el ser humano entienda la necesidad de construir una relación distinta con la naturaleza.

“Se ha acentuado la exclusión y discriminación histórica y estructural a la que fueron relegados, ya sea por falta de políticas públicas adecuadas o, simplemente, por Estados ausentes. A pesar de ello, los pueblos indígenas demuestran su enorme capacidad de readaptación y nos vuelven a señalar la necesidad de replantearnos nuestra cotidianidad, para reequilibrar la relación de la humanidad con la naturaleza, entendiendo que somos parte de ella”, concluye el trabajo.