La coalición opositora venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se propone “procurar dentro del lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN (Asamblea Nacional) una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio del gobierno”, afirmó el dirigente del partido socialdemócrata Acción Democrática, Henry Ramos Allup, en un artículo publicado hoy lunes 28 de diciembre en el diario Nuevo País de Venezuela. El objetivo forma parte de los “acuerdos suscriptos y ratificados por todos quienes integramos la MUD y esos pactos se mantienen vigentes e incólumes, y vamos a honrarlos”, subrayó Ramos Allup. El dirigente explicó que de ese modo salía al paso de “comentarios insidiosos”, según los cuales la MUD alberga a “grupos antagónicos”.

Pese a la afirmación de Ramos Allup, diferencias dentro de la coalición se hicieron evidentes en más de una oportunidad, sobre todo a partir de la muerte del presidente Hugo Chávez a comienzos de 2013. En la coalición, que reúne a 28 partidos, desde marxistas a liberales, coexisten básicamente dos corrientes: una, mayoritaria, que es partidaria de procurar el fin del chavismo con absoluto apego a las normas constitucionales, y la otra, más pequeña pero por momentos más notoria, que postula “la salida” del gobierno como objetivo prioritario.

Esa diferencia quedó de manifiesto a comienzos de 2014, cuando el grupo minoritario, liderado por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, promovió protestas cotidianas que se extendieron entre febrero y junio, y en cuyo contexto se registraron disturbios que dejaron 43 muertos, 873 heridos y cerca de 200 denuncias de violaciones a los derechos humanos, según datos oficiales. Como consecuencia de esos hechos, el Gobierno encarceló a cerca de 80 opositores –entre ellos, López y Ledezma– y destituyó a Machado como diputada.

La última prueba de esas diferencias ocurrió este domingo, cuando el padre de López criticó duramente al gobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales referentes del mayoritario sector “legalista” de la MUD. “Cuando leo a Capriles declarar que la nueva Asamblea no debe plantearse ‘la salida, segunda parte’ porque ‘la salida’ se cuenta entre los grandes fracasos nacionales, le doy gracias a Dios de que él es solo gobernador de estado y no un nuevo y valiente diputado”, dijo Leopoldo López Gil. No obstante, el mismo Leopoldo López admitió implícitamente el fracaso de “la salida” al manifestar, en una entrevista publicada el domingo por diarios de diez países de América Latina, que “Maduro debe salir antes de 2019” y “para lograrlo existen mecanismos constitucionales”.

De manera implícita coincidió con él Capriles, al decir días atrás que “hay que salir por la vía constitucional de este desastre lo más pronto posible”, aunque ahora advierte que “se requiere mucha madurez política para afrontar lo que viene” porque “el país no está en condiciones de mantener y profundizar una confrontación política”.
 

Encuesta de opinión

Mientras tanto, dos encuestas privadas revelaron que más de 60 % de los venezolanos desea que cambie el gobierno del país, ya sea a través del relevo de Maduro o de una modificación sustantiva de la política económica. De acuerdo con el sondeo de la encuestadora venezonala Datincorp, 62 % opina que “hace falta cambiar de gobierno para que se solucionen los problemas del país”.

En tanto, según el trabajo de Venebarómetro, al 82,9 % le “gustaría” un “cambio en la conducción del país”, aunque solo 47,5 % se manifestó partidario de que Maduro “saliera inmediatamente de la presidencia” y 24,7 % prefiere que “se mantuviera en el poder pero cambiara el modelo económico”.

Asimismo, según Datincorp, 74 % cree que la situación del país es “mala” o “pésima” y 56 % piensa que los venezolanos “perderán la paciencia” ante “la inseguridad, la inflación y la escasez de productos de primera necesidad”. Al mismo tiempo, 75 % evalúa negativamente la gestión de Maduro y sólo 24 % la aprueba, es decir que sólo uno de cada cuatro venezolanos ve con buenos ojos el desempeño de su presidente.

Entre las prioridades de la próxima AN, 31 % opinó que debe reformar las leyes económicas; 21 %, que debe convocar a un referendo revocatorio del mandato de Maduro y 18 %, que debe ordenar la libertad de los cerca de 80 opositores presos.
 

Qué dice la ley

La Constitución de Venezuela admite la posibilidad de revocar los mandatos de elección popular una vez que haya transcurrido la mitad de cada uno de ellos. Para convocar a un referendo revocatorio debe reunirse una cantidad de firmas equivalente al 20 % del padrón y para revocar efectivamente el mandato debe obtenerse en el referendo al menos la misma cantidad de votos con que el funcionario fue elegido.

Maduro fue electo el 14 de abril de 2013 con 7 587 532 votos para completar el período de seis años iniciado el 10 de enero de ese año por el fallecido Hugo Chávez, por lo que a comienzos de 2016 correrá el plazo constitucional para juntar las firmas para el eventual referendo.