En una nueva reunión de la Bicameral de Niñez y Adolescencia, legisladores de la oposición cuestionaron la supuesta municipalización de los organismos de Administración local (OAL), ya que entienden que a eso apunta el proyecto de ley provincial de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Destacaron la falta de claridad en los roles de la provincia y de las comunas. La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, defendió la reestructuración de la Dinaf, la reubicación de los trabajadores y la descentralización de recursos.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) manifestaron sus objeciones sobre el proyecto de ley que el oficialismo impulsa. Una de las principales exponentes del bloque  fue la diputada Sonia Carmona, que destacó la falta de claridad sobre las funciones que a cada jurisdicción provincial y municipal le corresponden. Exigió que en la ley queden definidas cuáles son las obligaciones legales de cada efector público, porque los municipios están dedicados mayormente a tareas de protección y prevención.

Carmona reparó en que descentralizar la responsabilidad para los municipios debe ser de manera progresiva. “Hay intendencias que no pueden hacerse cargo, necesitamos mejor movilidad, infraestructura y profesionales”, manifestó a la prensa.

“Si no se pudo solucionar con la Dinaf, menos aún si se jerarquiza la decisión política de los recursos y los ejes públicos”, sostuvo la diputada justicialista. Además, enfatizó contra la carencia de garantías de que ese dinero vaya realmente destinado a las políticas de niñez y adolescencia, es decir, cómo va a ser ejecutado.

En sintonía con Carmona, el senador Guillermo Amstutz remarcó que, aunque su intención no es “poner palos en la rueda”, el Estado provincial ha destinado pocos recursos a la protección de niños, niñas y adolescentes. El justicialista consideró primordial la tarea conjunta con los municipios, debido al conocimiento del territorio y las problemáticas de su población. No obstante, pidió que se esclarezcan los límites a las responsabilidades que le competen. “La responsabilidad final sigue siendo del Estado provincial”, fundamentó.

En tanto, Fernández dijo que no existe la municipalización de los OAL, sino que se intenta fortalecerlos y darles un funcionamiento efectivo con tareas concretas. Es por eso que en el proyecto de ley se propone cambiar sus nombres a “Equipos de Toma de Medidas” (ETM).

Marcela Fernández, subsecretaria de Desarrollo Social, asistió a la reunión de la Bicameral. Foto: Prensa Diputados de Mendoza.

Para esto, el Gobierno provincial pretende fortalecer a los municipios en cuanto al destino de recursos financieros para que se inviertan en el área de niñez. Lo que se busca es la corresponsabilidad entre los municipios y las OAL en la protección integral de los derechos de los niños. Esta acción conjunta proviene, según la subsecretaria, de la legislación vigente, que estipula que “todos somos responsables”. Pero eso es lo que cuestiona la oposición: al decirse “todos”, no se le otorga la responsabilidad a nadie en particular.

Fernández también destacó que la Provincia quiere destinar recursoscon dos criterios fundamentales: poblacional y vulnerabilidad de cada municipio. “Por eso invitamos a los municipios a que fijen criterios”, manifestó, y subrayó el respeto de la ley en cuanto a la autonomía municipal. Explicó que es la intendencia la que debe actuar en tiempo y en forma para poder realizar derivaciones al OAL cuando se considere necesario, ya que estos organismos “están para la toma de medidas, no están para el seguimiento”, argumentó.

Lo que se destinará a esta reestructuración de la Dinaf es el 1,1 % del presupuesto provincial, el cual será de 66 mil millones de pesos para el año 2017.

El proyecto de ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el ámbito provincial, teniendo en cuenta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, la Constitución Nacional, la Constitución de Mendoza, las leyes nacionales y el Código Civil y Comercial de la Nación.

El lunes 17 de octubre, la Bicameral de Familia, Niñez y Adolescencia recibirá a los sindicatos, entre ellos, ATE, Ampros, Sitea y ATSA para exponer y debatir el proyecto. El 31 de octubre hará lo mismo con organizaciones sociales de niñez y adolescencia. En tanto, los días 7 y 14 de noviembre mantendrá conversaciones con los municipios y los jueces de menores, respectivamente.