Sin sorpresas, desde los bloques Justicialista y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, anticiparon que no acompañarán la iniciativa del oficialismo para reformar la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y sumar dos ministros más. No obstante, la senadora del justicialismo Patricia Fadel dio por hecho que el proyecto se convertirá en ley.

Por la tarde del lunes 30 de octubre, el senador del bloque Cambia Mendoza Juan Carlos Jaliff presentó un proyecto de ley que pretende reestructurar la SCJ. Esta reforma implicaría sumar dos ministros de Corte para que sean nueve en total y poder crear una nueva Sala en el máximo tribunal. Además, el Presidente del mismo deberá conformar una de ellas.

Desde los bloques opositores del Senado, manifestaron su desacuerdo con esta iniciativa y observaron que se trata de una jugada del gobernador Alfredo Cornejo, de la mano de Jaliff -su más fiel representante en la Legislatura-, para lograr que el Poder Judicial sea afín a la gestión del mandatario.

Es matemático: tres de los siete jueces que actualmente conforman la SCJ son contrarios a Cornejo. Se trata de Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez; a quienes el mismo gobernador señaló como rivales cuando dijo que: "tres jueces de la Corte piensan que al Ejecutivo lo deben tener cortito". Dos de los cuatro restantes se alinean a Cornejo, y son el Presidente de la SCJ -Pedro Llorente- y José Valerio, que fue designado por el jefe del Ejecutivo provincial en noviembre del año pasado. Los dos restantes son los “neutrales” Jorge Nanclares y Mario Adaro. Si Cornejo puede designar a dos ministros más, lograría tener cuatro jueces a su favor y contrastar con sus tres opositores.

“Esto me hace acordar al menemismo cuando amplió la Corte y agregó dos miembros para tener mayoría y para hacer una corte afín”, sentenció Fadel. Y agregó: “me parece que lo que está haciendo en este caso Cornejo, es eso, es ampliar su propia necesidad poniendo dos miembros más en la Corte y esto no habla bien en general de lo que necesitamos los mendocinos que es un equilibrio real de los poderes”.

Por su parte, Noelia Barbeito -senadora del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)-, en concordancia con Fadel, opinó que lo que se intenta es “crear una corte adicta directamente al poder y esto nosotros lo hemos rechazado de plano. Siempre hemos cuestionado cómo es la elección de los jueces y los privilegios que tiene la casta judicial”.

Luego del comentario de Cornejo tras la renuncia de la ya Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (que ocurrió ayer horas antes de que Jaliff presentara su proyecto en el Senado provincial), se entiende que la oposición suponga que esta reforma de la SCJ sea una jugada política del Gobernador. “Es un gran alivio” -aseguró el mandatario sobre la renuncia de Gils Carbó- “necesitamos una Justicia independiente y progestión".

Renunció la procuradora Gils Carbó

Su salida tendrá efectos a partir del 31 de diciembre.

A modo de antecedente, Barbeito comentó que en marzo del año pasado el gobernador de la provincia de Jujuy -Gerardo Morales- ya había hecho la misma maniobra. Lo mismo ocurrió en 1990 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando Carlos Saúl Menem era presidente.

Los argumentos del oficialismo

Jaliff argumentó que lo que este proyecto de ley busca es “solucionar un problema que tiene el funcionamiento de la SCJ de la Provincia hoy, porque tiene sólo dos salas y una de ellas tiene una competencia muy amplia”. Lo que sucede es que la Sala II de la SCJ es trata los temas penales, laborales y algunos de los reclamos administrativos de todos los agentes de la administración pública.

Por otro lado está la Sala I, que trata los asuntos civiles y otra parte de los reclamos administrativos. Entonces, con la iniciativa se pretende conformar tres salas de tres jueces cada una, por lo que sería necesario que la SCJ tenga nueve jueces en total y que el Presidente de la misma intervenga en una de estas salas jurisdiccionales.

“Como la Constitución de Mendoza tiene una traba, que es que no podemos tener Cámaras de Casación Penal ni tampoco podemos tener Juzgado de Contencioso Administrativo, todo va a parar a la Corte”, explicó el senador. Y agregó que “se ha producido una acumulación de causas importantes. Buscándole solución a ese tema es que nuestro proyecto propone separar la Sala Penal de la Laboral, la Penal se va a encargar pura y exclusivamente del tema Penal, porque hay muchos fallos demorados con gente detenida y que nos puede ocasionar problemas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.