Próvolo II: el fiscal de la causa recusó a dos juezas que integran el Tribunal

Sociedad

En la denuncia, que fue recibida por diversos relatores, es decir, personas que son expertas en una temática y trabajan ad honorem para la ONU, se detallaron los delitos perpetrados contra los niños y niñas que vivían y estudiaban en el Instituto Próvolo de Mendoza, así como el accionar de la Iglesia Católica antes y durante el proceso judicial que concluyó con la condena de cuatro personas, incluidos dos sacerdotes. El presidente de Xumek, Lucas Lecour, resaltó la importancia de la solicitud y explicó a Unidiversidad que, si bien no se trata de una exigencia, significa un llamado de atención a las autoridades del Estado Vaticano.

La solicitud de ONU

Algunos de los detalles que solicitaron desde las relatorías a la Santa Sede son: resultados de investigaciones recientes, tanto judiciales como de otro tipo, y los enjuiciamientos en relación con el abuso sexual de niños por parte de miembros de la Iglesia Católica, así como si se adoptó normativa que establezca la obligación de notificar a las autoridades civiles todos los casos sospechosos de abuso, de colaboración o de ocultamiento de estos.

También se pidió saber si la Santa Sede tomó medidas para derogar concordatos o acuerdos que impidan que las autoridades civiles realicen investigaciones efectivas, así como si adoptó acciones para prohibir la práctica de traslado de miembros de la Iglesia católica acusados ​​de haber cometido abusos.

A través del documento, también se solicitó información sobre si el Vaticano pidió disculpas públicas por los abusos y si los sobrevivientes y sus familias cuentas con asistencia jurídica gratuita.

Segundo juicio

En Mendoza, la Justicia condenó a cuatro personas por los abusos sexuales cometidos contra exestudiantes del Próvolo: Jorge Bordón fue sentenciado a 10 años de prisión; en tanto, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez recibieron penas de 42, 45 y 18 años respectivamente. Actualmente se realiza el segundo juicio por los abusos, en el que están acusadas nueve personas, entre ellas, las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez.