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El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó la ratificación hecha por el Senado colombiano, pero mostró reparos en alguna de las modificaciones del nuevo documento.
Unidiversidad / Fuente: Télam
Publicado el 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, celebró la ratificación del acuerdo de paz en Colombia, pero subrayó su preocupación por alguna de las modificaciones incluidas en el nuevo documento y por los nuevos retos que el país enfrenta. "Durante mi misión a Colombia en octubre observé varias tendencias positivas, como un compromiso con el bienestar general y una visión de consenso que incluyen el reconocimiento del daño hecho a las víctimas y a las comunidades", dijo Zeid en una alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Senado colombiano refrendó el martes 29 el nuevo acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) el pasado 24 de noviembre, un acto que el alto comisionado alabó. Este nuevo texto complementa al original firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y rechazado posteriormente en el plebiscito del 2 de octubre, e incluye algunas de las modificaciones solicitadas por el campo del "No".
Con respecto a esta nueva versión, Zeid mostró "su preocupación" por un comunicado conjunto del Gobierno y las FARC que "ha modificado el acuerdo de paz al restringir la definición legal internacional de responsabilidad de la comandancia".
"El Alto Comisionado está listo para contribuir en un esfuerzo decidido de las instituciones de Colombia de reintroducir la protección de la ley y el orden en todo el país, luchar contra la criminalidad, promover la asunción de responsabilidades y asegurarse el acceso universal a los servicios básicos", añadió en declaraciones citadas por la agencia EFE.
En este sentido, Zeid recordó que el Gobierno enfrenta graves problemas en algunas de las áreas rurales de Colombia previamente controladas por las FARC y que han quedado sin control, lo que ha abierto el camino a que "bandas criminales asuman actividades económicas ilegales". Explicó que su oficina ha documentado 57 asesinatos sólo este año "en ataques dirigidos a líderes comunitarios y a defensores de los derechos humanos".
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