En 1972 se publicó en Chile la primera edición del libro Para leer al pato Donald. Este libro, escrito por los investigadores Ariel Dorfman y  Armand Mattelard, con el tiempo se convertiría en un hito de los estudios de comunicación en Latinoamérica y el mundo. La consigna era sencilla pero revolucionaria en ese entonces y se basaba en demostrar el fuerte tenor político del entretenimiento; en este caso, el de los contenidos producidos por Disney.

Para leer al pato Donald se publicó en el intervalo que se produce  entre la asunción del gobierno socialista de Salvador Allende, y su posterior deposición y asesinato por los sectores militares conducidos por el criminal Augusto Pinochet.

Dado el contexto de su realización, este libro desempeñó una suerte de advertencia y, lamentablemente, luego, con el golpe de Estado que arrasó con el gobierno socialista, el de una profecía auto-cumplida.

En una de sus ediciones, el libro contó con el prólogo de Héctor Schmucler, quien advirtió con lucidez que, en un mismo momento, el proceso social que se estaba produciendo en Chile en aquel entonces estaba atravesado por legalidades particulares que evocaban distintas etapas de evolución.

Si bien el proyecto socialista transformaba las estructuras sociales, lo hacía ante el complot permanente de una estructura cultural y mediática que continuaba bajo el control de los sectores históricos de poder.

Actualmente en Argentina, salvadas las diferencias, está ocurriendo algo que tiene alguna similitud con lo que indicaba Schmucler en su prólogo. Es decir, se está produciendo una disputa de legalidades particulares que evocan a distintos momentos e intereses.

Clarín es el resultado de una forma de construcción de poder que tuvo su comienzo con la dictadura militar y que luego se cristalizó con los gobiernos post-dictatoriales. La estructura actual del grupo ha sido el resultado de 25 años de empoderamiento, expansión y concentración mediática empresarial, favorecido por las políticas neoliberales aplicadas a finales del siglo XX, que tuvieron como resultado la crisis social que eclosionó de manera dramática en el 2001.

El multimedio Clarín es la expresión de ese tiempo de libre mercado y relaciones carnales con Estados Unidos. Allí nació y se fortaleció. Proveniente  de esa lógica, se ha opuesto a ese otro tiempo que intentan expresar los proyectos progresistas que son representados, con sus particularidades, en los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc., que se han desarrollado en Latinoamérica durante esta primera década del siglo XXI.

El discurso de las grandes corporaciones mediáticas del continente, identificado con la línea editorial del aparato de propaganda del Departamento de Estado de los Estados Unidos, expresado en la CNN, ha demonizado de manera constante el proceso de integración latinoamericana; ha cuestionado y criticado la soberanía política de los países, ha desacreditado la intervención de la economía por parte de los gobiernos, todas medidas que resultan contradictorias con el proyecto de libre mercado del cual ese discurso es portavoz.

Como exponente de esta situación, Clarín persiste en mantener el poder que obtuvo por parte de una lógica que en la actualidad es rechazada por la mayoría democrática. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una expresión de ese rechazo, e intenta poner coto al dominio monopólico que ostenta este grupo empresarial sobre el espectro radioeléctrico argentino.

Como bien lo señaló la periodista -no oficialista- Graciela Mochofsky, en una nota aparecida en el diario El País de España, Clarín se resiste a aceptar que la relación del poder político con la prensa, que lo favoreció en el pasado, ya no existe más.

Imposibilitado de extorsionar al poder político para mantener sus intereses -tal como acostumbró hacerlo en el pasado-, ha alimentado aliados en el poder judicial. Durante sus más de 30 años de hegemonía, los multimedios comunicacionales han tejido relaciones en toda la superestructura institucional argentina, siendo el poder judicial una de ellas.

Es que a su vez, también resulta que grandes porciones del poder judicial son la expresión de otro tiempo, son estructuras reacias a las transformaciones epocales que se están produciendo en la Argentina, por la simple razón de que tales transformaciones ponen en tela de juicio el status quo de ese ámbito.

El Poder Judicial -al igual que otras instituciones- no tuvo corte de continuidad luego del retorno democrático. Por primera vez, a través de las investigaciones y nuevas informaciones que se están obteniendo en torno a los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país, muchos jueces están siendo increpados por presunta colaboración con la dictadura. De esta forma, se están develando estructuras basadas en la complicidad y el silencio que han perdurado durante más de treinta años.

Casos como el del ex juez Mario Basso en Tierra del Fuego, o de Otilio Romano en Mendoza, no son más que la punta de un iceberg de una cadena de impunidad repetida en la mayoría de las provincias. Estos hechos, en parte, explican el porqué de la oposición de amplios sectores de los poderes judiciales provinciales al Gobierno nacional.

Por otro lado, muchos jueces son víctimas de las mismas presiones que ejerce el poder mediático sobre los políticos, sufriendo verdaderas campañas de prensa que atentan contra sus personas  cuando ellos no responden a los intereses de los medios.

Otras veces, las intimidaciones no resultan necesarias, pues existe un vínculo, atravesado por intercambios de favores mutuos entre jueces y medios, que pone en cuestión la supuesta “imparcialidad” que suele ser  autoproclama de muchos jueces.

La prórroga que favorece al multimedio Clarín parece ser la expresión de esta última situación mencionada.  El vínculo del juez Francisco de las Carreras con el grupo Clarín puede ser similar a la relación que se establecen entre las empresas farmacéuticas y determinados médicos,en las que las primeras pagan viajes a congresos de “profesionalización”,  a cambio de que estos últimos “recomienden” sus productos a los pacientes.

El viaje que realizó  De Las Carreras a Miami, que fue  convocado por la Fundación Certal,  una entidad que está probadamente conducida por dirigentes del grupo Clarín, es un claro indicio de las inquietudes que genera su “imparcialidad” a la hora de prorrogar la cautelar del Grupo sobre la Ley de Medios.

Se espera que esta medida sea recusada por el Ejecutivo que, en cumplimiento de su obligación, debe velar por la total aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación, más allá de las trabas momentáneas que generan las complicidades entre empresas y representantes de instituciones que se obstinan en tratar de volver al pasado.