Para algunos puede ser un defecto, pero para Jorge Nanclares, la tozudez que heredó de sus abuelos vascos es el motor que lo impulsa a perseguir sus objetivos. Ahora, que preside por cuarta vez los destinos de la Suprema Corte de Justicia, confiesa que utilizará ese mismo motor para cumplir las metas que se planteó hasta 2019: achicar la brecha que ese poder tiene con la comunidad y lograr que funcione la oralidad, porque está convencido de que reducirá el tiempo de resolución de las causas y generará en forma inevitable una cercanía entre el juez y la persona que reclama justicia.

Nanclares recibe a Unidiversidad en su despacho ubicado en el cuarto piso del Poder Judicial. Es un despacho que ya conoce luego de haber presidido la Corte tres períodos consecutivos, durante los gobiernos de Julio Cobos y Celso Jaque. Ahora, a los 68 años, dice que aceptó porque le entusiasma el desafío de lograr que se conviertan en realidad esos cambios que pregona desde hace 30 años, cuando inició su carrera judicial.

El juez reconoce que también tuvo una razón íntima para aceptar: la necesidad de tener un nuevo desafío luego de la tristeza en que lo sumió la muerte de su esposa, con quien compartió 45 años. Dice que se siente con fuerzas físicas para emprender el desafío, pero que sobre todo se siente bien intelectualmente, un aspecto que considera esencial para liderar la Corte.

Sentado en el despacho sobriamente decorado, en el que se destaca un enorme cuadro con la imagen de Jesús, Nanclares asegura que los jueces no se pueden desdoblar y abandonar sus creencias, sus valores y su cosmovisión de la vida a la hora de resolver un fallo, pero subrayó que el límite siempre es y será la defensa de la ley, de la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas.

Por qué volvió Nanclares

Fue elegido otra vez presidente de la Suprema Corte. Con perfil conciliador, avala la reforma judicial que propone Cornejo y aparece como el equilibrio entre la grieta judicial en el Alto Tribunal.

Achicar la brecha

Usted fue el impulsor del móvil judicial en 2006. ¿Cuál es su evaluación? ¿Sirvió para acercar el servicio de justicia a los ciudadanos?

Me parece que fue una buena idea, ha dado excelentes resultados y hay que interpretarlo como un gesto de que la Justicia también está cerca de la gente, que las personas no necesitan pedir un turno o hacer trámites, sino tener un asesoramiento directo en el móvil judicial, donde van abogados, mediadores, personal del Ejecutivo, de la Dirección de la Mujer. El móvil está recorriendo la Provincia. Nos falta el sur; vamos cada tanto, pero la idea es adquirir otra tráfic y armar un centro móvil ahí. Creo que es el gesto de generar la idea de que somos seres humanos, jueces comunes. La intención es acercar la Justicia a la gente y no que nos vean como si fuéramos unos cucos. Siempre ha sido mi intención que nos consideraran una persona más, somos jueces, pero podríamos ser cualquier otra cosa, no estamos en un pedestal. Realmente esa lejanía con la comunidad creo que es la brecha más importante que cerrar, que la gente vea que estamos prestando un servicio público como lo presta el médico, el chofer de un colectivo. Creo que hay muchos jueces que tienen que bajarse del estrado, ser más humildes y estar a disposición de la gente.

¿Esa lejanía se debe a que los ciudadanos no conocen el funcionamiento de este poder o a que los funcionarios judiciales se mantienen en un pedestal?

Creo que parte de una mala gestión judicial, que se instituyó allá por el siglo XIX, cuando la ley de enjuiciamiento civil transformó la Justicia oral en Justicia escrita en España, y como nosotros estamos acostumbrados a copiar modelos extranjeros, también olvidamos la oralidad y empezamos a trabajar con el papel. Y con el papel, el juez lo que hace es resolver el expediente, pero detrás de esos papeles hay todo un drama. Además, está como intermediario el abogado, entonces el justiciable no tiene la posibilidad de ningún contacto con el juez. Por eso hemos redactado un nuevo Código Procesal Civil, vamos hacia la oralidad y la experiencia piloto que hemos tenido en los tribunales de gestión asociada ha sido realmente fantástica.

¿La oralidad será entonces otra forma de acercamiento a los ciudadanos?

Creo que el mejor acercamiento es instrumentar la oralidad, porque el juicio se sintetiza en dos audiencias: una inicial y otra final, y el juez tiene que estar presente. Esto va a generar un clima de diálogo entre el juez, las partes y los abogados, le da más transparencia, porque las partes ven cómo actúan los abogados, porque si no, dejan el caso, se olvidan, pasan los años y el abogado puede decirle la verdad, puede mentirle y después la persona termina con la sorpresa de una caducidad, con un juicio que podría haber ganado y que perdió. El hecho de que el juicio se haga en dos audiencias y que estén presentes las partes es la manera de producir un acercamiento real, porque si no era todo formal, ficticio, a través del expediente. Ahora, el juez tiene que resolver en función de lo que escucha en la audiencia, más allá de una prueba pericial, pero tiene que resolver en función de lo que en ese momento ha visto y escuchado, lo tiene filmado, lo puede ver cuantas veces quiera y eso le permita dictar una sentencia de mejor calidad. La gran esperanza es que los juicios se puedan resolver dentro del año o año y medio. Hemos demostrado que se pueden resolver en cuatro meses, ese sería el término mínimo.

Buscan reducir en el 70 % los tiempos judiciales

Ese es el objetivo del proyecto del Código Procesal Civil que presentaron Cornejo y Llorente. En febrero ingresará a la Legislatura.

¿Los jueces siguen aferrados a la vieja estructura?

Siempre. Incluso puedo hacer una autocrítica, porque es la manera que tenemos de trabajar y debemos acostumbrarnos a trabajar de manera distinta. Es un desafío, es un cambio cultural enorme. No digo que sea un salto al vacío, pero tenemos la suerte de que se alinearan los planetas: el Ejecutivo quiere la oralidad, yo vengo peleando por el cambio de sistema prácticamente desde que estoy en la Corte, inclusive con muchas críticas, pero al final pudimos cambiar parcialmente el modelo y el gobierno nacional –a través del programa Justicia 2020– brinda el apoyo a las provincias para que en el proceso civil se instale la oralidad. Esto es un movimiento que no solo se da en Mendoza, sino en todo el país. Con este sistema, el juez va a estar realmente trabajando en las audiencias y resolviendo las causas.

Un barco viejo en un mar nuevo

Usted asume este período con una sociedad distinta, con una avanzada de derechos, con problemáticas que antes no se visualizaban. ¿No siente que toma el timón de un barco viejo para navegar en un mar nuevo, desconocido?

Casi que la respuesta es necesariamente afirmativa. Yo diría que hay realidades nuevas, pero hay valores que son permanentes, que los tenemos que seguir cuidando; básicamente los derechos humanos, que los tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Más allá de las complejidades de la realidad, los valores a defender son los mismos. Al contrario, me parece que al haber una extensión de derechos y una extensión de colectivos que antes no eran tenidos en cuenta, tenemos que tener otra mirada: la mirada de la Justicia con perspectiva de género y de todas estas problemáticas que hoy están en la superficie e indignan con razón a la sociedad, como los abusos sexuales contra los niños.

Siempre se acusa al Poder Judicial de dos cosas: ser lento y no ser igual para los ricos y los pobres. ¿Es así?

Obviamente, quien tiene los medios para pagar un abogado que conoce el derecho a fondo y todas las triquiñuelas para poder ganar el pleito está en mejores condiciones que una persona que no tiene fondos, que una madre soltera o una madre que reclama alimentos; entonces es evidente que hay una desigualdad. Por eso hablamos del concepto de vulnerabilidad, la necesidad de que el juez trate de igualar las relaciones jurídicas; por ejemplo, en caso de duda, a favor del obrero; en caso de duda, a favor del imputado, o los derechos del niño, que están por encima de los derechos de los demás. Todos estos son nuevos conceptos que permiten que la Justicia sea más equitativa. Volviendo a su pregunta, la realidad es que quien puede pagar un buen abogado está en mejores condiciones, pero esto es un problema de la vida: el que tiene miles de millones de pesos va a tener más posibilidades que el que está en la villa.

¿El juez puede equilibrar este desequilibrio?

Tiene que tratar de equilibrarlo, pero, por otro lado, sobre todo en la Justicia Penal, el juez se encuentra con una persona que cometió un delito; ese delito puede haber sido matar a su mujer, esa persona puede ser quien vive en una villa, pero a esa persona le doy la prisión perpetua; entonces lo que puedo equilibrar es en la Laboral, que interpreto a favor del trabajador; en Familia, atendiendo el interés superior del niño, pero creo que es muy importante el concepto de vulnerabilidad. De todas formas, en mi opinión, la condición económica y social no es un problema del Poder Judicial, sino de la sociedad y básicamente del poder político. Como juez no me siento responsable de la pobreza. Yo no la provoqué, ninguna de mis decisiones hizo que una persona fuera más pobre, la responsabilidad de la pobreza es del poder político.Tenemos una Argentina que lamentablemente todavía no termina de consolidar la democracia. Llevamos más de treinta años de democracia y tenemos crisis enormes como la de 2001.

El ciudadano es protagonista en el Código Procesal Civil

Cornejo presentó en la Legislatura su iniciativa, que reglamenta toda la materia civil, salvo Familia. Prevé una audiencia preliminar del juez con las partes. Quieren implementarlo en 2018.

En relación a los desequilibrios, otra de las críticas a los jueces es que ganan demasiado, que tienen beneficios que un trabajador no. Por ejemplo, no pagan Impuesto a las Ganancias. ¿Cuál su opinión?

El tema de Ganancias es un tema complejo, histórico, que la Corte declaró inconstitucional. Hay un principio constitucional que es el de la intangibilidad, es decir, que el salario no puede ser reducido por decisión del Ejecutivo. A partir de ahí se genera una excepción para los jueces que durante muchos años no fue cuestionada por la sociedad. Creo que el juez tiene que ser bien remunerado, entre otras cosas, para que no sea tentado por otro tipo de recursos, que también los hay. Creo que esta ha sido la posición tradicional y, en la medida en que se ha ido respetando esa intangibilidad, se ha ido generando una suerte de brecha con lo que cobran otro profesionales. Me parece que es un tema al que hay que buscarle la vuelta para que no genere esa distancia. Me parece que tampoco es legítimo que la hubiera, porque nadie cuestiona los sueldos de los deportistas, de los grandes médicos.

Pero a ellos no se les paga con dineros públicos.

No importa, está bien, pero creo que los jueces tenemos que ganar lo que razonablemente se pueda ganar, con ganancias o sin ganancias. El problema es un problema de suma y resta que se podría haber solucionado con suma y resta si hubieran dado un aumento equivalente al Impuesto a las Ganancias. O como se hace ahora, que los jueces que ingresar a partir de ahora van a pagar Ganancias, entonces no se lesionan los derechos adquiridos y da un nivel de vida al que uno se acomoda. En esto tengo que ser muy sincero.