Juan José Aranguren recibió un llamado de atención del propio Gobierno. La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, le aconsejó que se desprenda de sus acciones en Shell. El organismo de control elaboró una serie de recomendaciones para que el ministro de Energía evite un conflicto de interes, según publica La Nación.

En un dictamen de 85 páginas al que accedió el diario porteño, también le requirió que se abstenga de tomar intervención en cuestiones vinculadas con el Grupo Shell, que incremente la publicidad y transparencia de sus medidas y que evite utilizar información privilegiada para cuestiones no oficiales. El Ministro, que en su descargo había pedido desestimar la denuncia, fue notificado de la resolución el viernes pasado y ahora deberá decidir qué hace.

La situación de Aranguren, que fue CEO de Shell hasta junio de 2015 y aún conserva $ 16 millones en acciones de esa petrolera, es una de las controversias que más pesan sobre los hombros de la gestión de Cambiemos. Se trató, también, del caso más sensible para la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

La OA elaboró el dictamen tras cinco meses de análisis y basó su veredicto en el "deber de prudencia", un concepto previsto en el Código de Ética en la Función Pública. Es decir, el principio por el cual los funcionarios "deben inspirar confianza en la comunidad". El organismo pretende así marcar una posición que se transforme en un caso testigo para otros funcionarios de distintos rangos que estén en una situación similar.

Para la OA, Aranguren no incurrió en ninguna incompatibilidad en los nueve meses que lleva de gestión, ya que –consideró el organismo– no tomó ninguna decisión que afecte directamente a Shell. Pero hacia adelante le pidió tomar recaudos.

En principio, por el "deber de prudencia", le recomendó al Ministro "que se desprenda de su participación accionaria en la empresa Royal Dutch Shell o adopte alguna medida patrimonial". Así, podría venderlas o colocarlas en un fideicomiso ciego, como hizo Mauricio Macri con parte de su patrimonio.

El organismo también se pronunció sobre la situación de Aranguren como ex-CEO de Shell, cargo que ocupó hasta el 30 de junio del año pasado. En ese sentido, puntualizó que la Ley de Ética Pública N.° 25188 indica que eso no configura un conflicto de interés en sí, sino que sólo implica que debe abstenerse de intervenir respecto de la empresa en cuestión.

Por eso, si en el futuro el funcionario tiene que tomar alguna medida relacionada particularmente con el Grupo Shell, deberá pedirle al Presidente que designe a otro ministro para la tarea. En cambio, "no tendría vedado adoptar medidas que incidan en general sobre la actividad del sector".