En recientes declaraciones en una entrevista radial, el cantante Gustavo Cordera insistió en que sus dichos “fueron sacados de contexto” y que fue un “malentendido”, que la reacción que provocaron sus declaraciones fue “exagerada, muy exagerada”. A tres años del episodio, Cordera parece no haber cambiado su posición.

Recordemos que el músico fue imputado por apología del delito porque en agosto de 2016, en una charla con un grupo de alumnos de un curso de TEA (Taller Escuela de Periodismo) que lo entrevistaban, dijo: "Hay mujeres que necesitan que las violen para tener sexo". Esto provocó la respuesta inmediata de un alumno que reaccionó frente a esta expresión y desencadenó un fuerte rechazo dentro de TEA y en la sociedad.

Cordera fue a juicio y en marzo de este año, por pedido de la defensa, y a pesar de que el Instituto Nacional Anti Discriminación (Inadi), como querellante, se opuso y el Consejo Nacional de la Mujer planteó grandes reparos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 le aplicó una probation, por la cual se le exige asistir a un taller sobre género y, además, dar conciertos gratuitos.

Frente a esta decisión del Juzgado, Cordera propuso dictar ese taller, lo que le fue negado por la Justicia, ya que él debía asistir en calidad de alumno. Todavía no asistió a ningún curso, tampoco dio los recitales gratuitos. Por el contrario, insiste en desconocer la gravedad de sus dichos y considera que son exageraciones y malentendidos. Esto nos debe hacer reflexionar que frente a estos casos no es la "probation" la medida más adecuada y que esto solo lleva a mantener la impunidad, no solo en el caso de este músico, sino en muchos más, y la percepción de que estas cosas no son agresiones, sino meras exageraciones.

Es por eso que llamamos la atención sobre lo que ocurre con un “famoso” y que se constituye en un modelo para muchos varones jóvenes y adolescentes, y también para los adultos. La naturalización de la violencia contra mujeres y niñas se refuerza con estos juicios en los cuales se mantiene la impunidad y se cierra el círculo que retroalimenta la persistencia de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, solo por ser mujeres.

Por eso, la Ley Micaela, sancionada el año pasado, y que exige la capacitación sobre perspectiva de género a todos los funcionarios públicos en todos los estamentos del Estado, es fundamental.

Pero aclaremos que si esta no se hace desde el planteo de casos que grafiquen las actividades típicas del área en que se desempeñan y puedan revisar sus propias conductas, no será efectiva. Además, debe tener continuidad para permitir, una vez concluida la primera etapa de la capacitación, que revisen cómo resolvieron las situaciones, a fin de profundizar y afianzar la incorporación de la perspectiva de género. Este es el desafío que nos plantea la aplicación de esta ley y al que debemos responder para acabar con la violencia de género.