El Tribunal Internacional Monsanto, que analizó en La Haya la historia de la multinacional (comprada el año pasado por Bayer), encontró a la empresa culpable de cometer delitos de ecocidio, es decir, de violar los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica.

El objetivo del Tribunal fue dar una opinión legal sobre los daños al medio ambiente y a la salud causados por la multinacional Monsanto. A partir de las pruebas recabadas, la conclusión del Tribunal fue tajante: "Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes repercusiones en las plantas y los animales y en la diversidad biológica".

También se analizó si la empresa fue cómplice de un crimen de guerra, ya que fabricó el agente naranja que Estados Unidos utilizó durante la contienda bélica en Vietnam. El tribunal aclaró que "no se ha presentado ninguna evidencia relevante", pero aun así concluyó que "habría que dar crédito a la hipótesis de que se disponía de pruebas pertinentes en relación con los hechos de que Monsanto proporcionó los medios necesarios para la campaña estadounidense en Vietnam; ya que sabía cómo se utilizarían sus productos, y además tenía información sobre los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente".

El Tribunal estuvo conformado por cinco prestigiosos jueces de diferentes países del mundo, incluida la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Eleonora Lamm. Los jueces analizaron los testimonios de ambientalistas, médicos, técnicos y otras 30 personas, y concluyeron que la empresa estadounidense de biotecnología es responsable de "ecocidio" y, aunque, su decisión no tiene implicancias penales, se espera que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos penales. La jueza mendocina comentó a Télam que "si bien las conclusiones a las que arribamos no tienen un efecto vinculante, el valor de los Tribunales de Opinión (que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto) es históricamente muy importante, ya que pone en evidencia la problemática, también genera una presión social muy relevante y la prueba que reúne puede servir para los procesos penales que la sociedad civil impulse en sus jurisdicciones".

El término “ecocidio” hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes y altere de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los que dependen los grupos humanos. En conclusión, los jueces y juezas del Tribunal consideraron que la empresa es responsable de ecocidio e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Esta empresa multinacional estadounidense, Monsanto Company, es productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. La sede de la corporación se encuentra en el estado de Missouri, Estados Unidos. Es líder mundial en ingeniería genética de semillas y en la producción de herbicidas, como por ejemplo, el más famoso: glifosato, comercializado bajo la marca Roundup, y es considerado como un gigante de agroquímicos. En septiembre de 2016, Monsanto anunció la aceptación de la oferta de compra de Bayer, valorada en 66 000 millones de dólares.
 

¿Y el proyecto de tribunales ambientales nacionales?

El proyecto de ley nacional para crear juzgados ambientales en el país no llegó a presentarse este martes 18, tal como lo habían anunciado hace unos días. Es que los distintos especialistas medioambientales presentes sugirieron algunos cambios. Por eso, las diputadas nacionales Margarita Stolbizer y Graciela Cousinet, junto con el equipo jurídico, deberán volver a reunirse para ver qué incorporar. Se calcula que ocurriría dentro de los próximos 10 o 15 días, una vez que se hayan modificado, si se presenta el proyecto. 

En resumidas cuentas, lo que este martes se debatió fue el carácter procedimental del proyecto y se rescató que el procedimiento para denunciar fuese gratuito. También se discutió la tipificación de nuevos delitos medioambientales y el proceso de ampliación de los derechos humanos, además de pensar en la democracia como una expansión permanente, comentó la diputada Cousinet.