Ya no se trata sólo del fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un condenado por delitos de lesa humanidad. Tampoco tiene que ver con las repercusiones que tuvo la sentencia del máximo tribunal. La multitud que se acercó a la Legislatura de Mendoza este miércoles 10 de mayo lo hizo con un pedido claro: la defensa de los derechos humanos y la conservación de la memoria como una construcción social que trasciende las barreras políticas.  

Fueron abuelos, madres, padres, niños pequeños y jóvenes los que levantaron las pancartas y entonaron cánticos. Las palabras "Memoria, verdad y justicia" escritas en los carteles y el grito “30 mil compañeros desaparecidos, presentes” salieron de las vísceras en busca de alguien las leyera o escuchara. Fue un reclamo colectivo que se combinó con frases de repudio a los jueces que le dieron el beneficio a Luis Muiña: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

No hubo escenario. Fue un cúmulo de personas que se ubicó alrededor de las fotos de los desaparecidos en Mendoza. Un micrófono, dos parlantes a los costados y un mensaje que se reprodujo en cada uno de los oradores: el pedido de justicia. “La cultura de un pueblo está unida a la historia y esto es lo que la mayoría de la Corte quiere hacer: borrar nuestra historia. Mentirán décadas, pero la verdad siempre aflora”, dijo Nino Bonoldi, hermano de Adriana Bonoldi, desaparecida durante la dictadura.

Algunos prefirieron expresarse en contra de las políticas del Gobierno nacional. Otros hicieron eco en el peligro que significaba  para la sociedad que los que alguna vez torturaron y no tuvieron respeto por la vida humana volvieran a las calles. En medio, las abuelas –octogenarias– estuvieron sentadas y escucharon el acto acompañadas de toda la sociedad. “Vinimos a acompañar a las locas”, se escuchó decir a un asistente a la marcha.

Fueron cerca de 1000 personas. El número, en realidad, no importa. La concentración en la Legislatura dejó en claro que la memoria colectiva se mantiene viva en cada una de esas almas que llegaron a la calle Patricias Mendocinas y desde ese lugar se configuró la postal local que tuvo su correlato en los distintos centros urbanos del país. “La lucha no termina acá”, dijo de manera eufórica Ernesto Espeche.

María Domínguez, “la guía espiritual” –como la nombraron–, fue la última en hablar. Pidió de manera contundente que se anule el fallo. “Es un muy peligroso, no sólo para los que sufrimos la dictadura, sino para todos los argentinos (...) Hemos pasado horas muy feas, pero no les vamos a dar el gusto”, esgrimió la referente de Madres en Mendoza.  

En el final de su alocución, exhortó a los presentes a no “bajar los brazos ni dejar de sonreír”. Algo de eso pasó. En medio de la fría noche de mayo, la gente se fue de la casa de las leyes con la satisfacción de la tarea realizada. Hubo abrazos, sonrisas y niños jugando a los costados de la vereda. La memoria colectiva se actualizó una vez más con la firme necesidad de mantener viva la llama del pedido de justicia.
 

El cepo al 2 x 1 y la mirada local

Luego de que el Senado de la Nación aprobara por unanimidad prohibir la aplicación del beneficio del 2 x 1 a condenados por delitos de lesa humanidad, el abogado Pablo Salinas aseguró que con esta medida “el fallo se cayó y no hay manera de que subsista”. En este sentido, el abogado querellante por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH) en la Megacausa aseguró que la normativa tendrá un impacto “durísimo sobre la Corte”.

En su argumentación, explicó que el sistema legal que tiene Argentina responde a la doctrina europeo-continental. Esto es importante porque les da valor a las leyes sancionadas; la Corte debe acatar esas normas y fallar con base en esa jurisprudencia. “Si estuviéramos en el sistema anglosajón, sería distinto”, explicó.

En el Senado la votación terminó con 56 votos a favor y ninguno en contra. La norma establece que el artículo 7.º de la derogada ley 24390 no se puede aplicar a condenas por delitos de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra.  En el 2.º artículo, sostiene que "será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley", es decir, entre 1994 y 2001.