El 12 de octubre está dedicado a promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos de América. Varias comunidades originarias de Mendoza hoy intentan sobrevivir a los inevitables avances del hombre (y de las grandes empresas) sobre el territorio que alguna vez supieron propio. Mientras sus hogares esperan ser reconocidos con un título de propiedad, el agua potable todavía continúa siendo una utopía, tras años de reclamos y pocas respuestas.

“La mayor deuda de la sociedad es la diversidad”, aseguró Gabriel Jofré, werkén (vocero) de Malalweche, uno de los 25 pueblos mapuches de Malargüe y de San Rafael. Tal como transmiten en las comunidades, “todo tiene vida, hay que ser respetuosos con convivencia y respeto, sin hablar de izquierda y derecha”, expresó.

Los conflictos con las tierras de los mapuches volvieron a la escena pública luego de la desaparición de Santiago Maldonado el pasado 1.º de agosto, en Chubut, en medio de una protesta del pueblo indígena. Para Gabriel, el territorio “no sólo es de donde vivimos, sino también la relación que establece con el ser humano” y lo que falta hoy es que la sociedad "se nutra de ese vínculo", que aún "no lo conoce".

Con la desaparición del joven artesano, el pueblo mapuche del sur mendocino sufrió los embates mediáticos. “Nos decían terroristas, no nos preguntaban quiénes somos”, lamentó Jofré, quien agregó que actualmente “se estigmatizan las diferencias”. El werkén comentó que vienen turistas a la zona donde vive y que se enojan cuando no los deja pasar. “Te dicen que es ‘territorio argentino’, pero esta es mi casa, acá en las montañas, en los cerros”, consideró.

“No estamos en contra del progreso. Queremos que el progreso sea sustentable”, manifestó el vocero de la comunidad Malalweche.

Las comunidades del sur mendocino piden ser titulares de sus hogares. Foto: Facebook Malalweche.

En Pikunmapu (zona del norte), Jofré contó que la semana pasada tuvieron que frenar un desalojo. Hace 10 años, las comunidades del sur comenzaron a solicitar personería jurídica ante el Estado, pero el proceso es lento; todavía hay familias que no tienen título de propiedad y aquellas que lo tienen lo detentan de manera comunitaria.

El conflicto territorial abarca unas 800 mil hectáreas que 25 comunidades mapuches reclaman. Desde la identidad Malalweche se esperanzan en que los diputados acompañen la prórroga de la Ley 26160, que vence este 23 de noviembre y protege a los indígenas de cualquier tipo de desalojo de las tierras que hoy ocupan.

La Ley también les permite a los pueblos originarios que se los cense y reconozca como tales para dimensionar su situación. A 11 años de vigencia de la normativa, sólo el 30 % de las comunidades reconocidas en el país tienen el registro terminado. Más precisamente, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado.

Qué les debe el Estado

Gabriel Jofré habló acerca de los obstáculos que en las comunidades mapuches deben superar a diario para acceder a los servicios básicos. En 2017 todavía reclaman por agua potable y hasta ven lejana la posibilidad de que tengan cloacas. Incluso, la luz y el gas alcanzan a muy pocos hogares.

Los 200 kilómetros de rutas internas son de tierra (en el mejor de los casos) y las familias aguantan hasta cinco horas para recibir asistencia médica en el hospital ubicado en el núcleo urbano de Malargüe. De no disponer de movilidad propia, deben esperar a un colectivo que sólo funciona dos veces por semana.

El werkén de Malalweche resaltó que desde el Gobierno aumentaron la cantidad de ambulancias para las urgencias, pero que no son suficientes y que las pocas que hay se dañan en poco tiempo por el mal estado de los caminos.

En cuanto al trabajo, Jofré detalló que la mayoría de los mapuches son puesteros y se dedican a la cría de animales, con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Ministerio de Desarrollo Social, pero no todos están dispuestos a mantenerse en esa condición socioeconómica. “Hay desarraigo”, lamentó el werkén. Ante la falta de mejoras en su calidad de vida, los que dejan Malalweche se dirigen a los centros urbanos de Malargüe y de San Rafael para encontrar trabajo. Ante la escasa demanda, muchos de los mapuches terminan haciendo changas a las grandes petroleras. “Terminan explotados por los que quieren quitarnos la tierra”, expresó dolido el vocero, aunque reconoció que regresan a la tierra de origen para ayudar a los que se quedaron olvidados e invisibilizados por la sociedad.